Los señalamientos que se hicieron oficiales durante la sesión del Concejo de San Gil a finales de mayo de este año y sobre los que fueron creciendo los rumores, corresponden a los contratos 020 y 021 firmados el 2 de febrero de este año con la cooperativa ESA Servicios Integrados OC.
La empresa de servicios públicos de San Gil, Acuasan, se ha visto envuelta en una serie de señalamientos por presunta mala contratación por cuenta de dos contratos por cooperativas adelantados en el primer semestre del año, en medio de la presunta crisis económica.
Los cuestionamientos que se hicieron oficiales durante la sesión del Concejo Municipal a finales de mayo de este año y sobre los que fueron creciendo los rumores en cada semana, corresponden a los contratos 020 y 021 firmados el 2 de febrero de este año con la cooperativa ESA Servicios Integrados OC, por una duración de cinco meses y un monto total de $364 millones.
Las denuncias sobre las supuestas irregularidades en que habría incurrido la gerencia de la empresa sangileña se hicieron desde la dirección sindical de Sintraemsdes, organización a la que recientemente la empresa le suspendió dos trabajadores por haber participado en la sesión del Concejo, en donde habrían dado a conocer información sensible de la compañía.
Lo cierto del caso es que parte de las denuncias realizadas por los sindicalistas en su momento fue la realización de los dos contratos.
¿Nóminas paralelas?
Una de las principales preguntas que se hacen es ¿qué motivó a la gerente, en este caso Karen Cediel Ballesteros, a firmar el contrato 020 mediante el cual se contrataron 15 personas de apoyo (profesionales y técnicos) para las áreas administrativa (3), jurídica (5), financiera (3) y la división técnica (4)?
Este contrato con una inversión de $217 millones difícilmente será renovado debido a la falta de recursos, precisó Cediel Ballesteros.
Al respecto, López Gámez dijo que se trató de un acto de falta de planificación y no entiende como se aumenta la planta de personal cuando no se han cumplido ni dos años del estudio restructuración por el que la unidad de servicios pagó cerca de $200 millones que arrojó como resultado el aumento de la planta de personal en cerca de un 20 %, dejándola hoy en 124 empleados de planta, ingresando a nómina gran parte del personal que normalmente estaba por Contrato de Prestación de Servicios, CPS.
“Esto es un contrato de nómina paralela porque hay 15 auxiliares administrativos que quedaron globales, no específicos para una oficina y pueden rotar y hacer de todo (…) Por ejemplo para el área administrativo hay un psicólogo que cumple funciones de secretario o tres auxiliares bachilleres en una sola dependencia; en financiera hay dos contadores y un bachiller. Lo grave de esto es que hay una contadora de planta que es la que cumple con lo establecido en el manual de funciones”, aseguró la sindicalista,
Anotó qe en jurídica hay un contador que no se sabe que funciones tiene y cuatro abogados más que en realidad están sobrando, porque normalmente solo se contrataba un profesional en derecho externo para acompañar al personal de planta.
López Gámez insistió que, si bien San Gil ha crecido, la modernización realizada a finales de 2022 se hizo proyectando el aumento de servicios y en este momento la empresa no presenta un incremento en la demanda de los mismos que permita justificar este aumento en la nómina.
“Yo creo que esto obedece al pago de favores y compromisos políticos”, anotó López, recordando que por convención sindical la empresa solo puede contratar el 10 % de personal por CPS, parámetro que se está cumpliendo.
Frente a los reclamos recibidos por este contrato, Cediel Ballesteros señaló que desde su ingreso en enero de este año a la gerencia de la empresa se reunió con los jefes de oficina y ellos le manifestaron las necesidades de personal.
“Yo tengo mis soportes donde cada una me solicitó los profesionales que requerían y por eso los contratamos por cooperativa”, aseveró.
Al tiempo, la funcionaria afirmó que cada uno de los que ingresaron cumplía una función específica requerida, que no se estaba desconociendo el estudio de restructuración y tampoco había un desborde económico.
Sin embargo, Cediel Ballesteros aclaró que el contrato que expiró en los últimos días difícilmente sería renovado por la falta de presupuesto.
Apoyo comercial
El otro contrato de la discordia es el 021 o de fortalecimiento comercial, mediante el cual Acuasan adquirió los servicios de 13 personas que básicamente tienen como función recorrer los barrios de San Gil intentando recuperar los clientes perdidos en el servicio de basura con la competencia, Eco San Gil.
Hasta finales de 2022 la empresa municipal era la única prestadora del servicio de aseo y recolección de basuras en la capital turística de Santander, desde ese momento ha perdido 6.538 usuarios y hay otros 2.000 en lista de revisión pendientes desde diciembre del año anterior.
Ante esta realidad, Cediel Ballesteros sostuvo que decidió sacar un equipo a la calle y competir en las mismas condiciones. “Esta figura nunca había existido acá, pero esto obedece a una coyuntura especial porque la pérdida de usuarios genera una afectación al presupuesto muy importante”, destacó.
Al respecto, López Gámez agregó que el malestar con esta contratación es la falta de resultados para la inversión que se está haciendo, en este caso $146 millones.
De acuerdo con las cifras entregadas por Acuasan 1023 clientes firmaron el regreso a las toldas de Acuasan y de esos se esperaba que 280 se hicieran efectivos, después de revisar que todos los documentos estuvieran en regla.
“Nosotros queremos recuperar todos los que podamos y estamos trabajando, los hemos visitado casi a todos”, puntualizó la gerente de Acuasan, aunque no precisó cual era la meta puntual de este equipo durante la duración del contrato que también ya finalizó y al parecer no será renovado porque no hay plata.