Desfiles inusuales lideran por estos días los carros de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, por las calles.
Todo hace parte de las protestas que lideran los trabajadores de esa empresa, en rechazo a un fallo del Juez 15 de la capital santandereana, que resolvió un incidente de desacato, mediante el cual fueron sancionados los alcaldes de Bucaramanga y Girón, así como el gerente de esa entidad, por continuar disponiendo residuos sólidos en el relleno sanitario de la capital santandereana.
Los trabajadores de la empresa de aseo recalcaron que salen a protestar por las calles de la ciudad porque, a juicio de ellos, “el fallo judicial implicaría cerrar El Carrasco y eso también desencadenaría en una emergencia sanitaria”.
Este incidente de desacato se resolvió en el marco de una acción popular que se interpuso en 2009, con el fin de que se cumpla con la clausura efectiva de este sitio de disposición final.
Por parte de la comunidad se denunciaron múltiples afectaciones contra la salud y el ambiente, ocasionadas por las actividades de disposición en este relleno sanitario.
La protesta, a juicio de algunos usuarios, ha traumatizado el servicio de recolección de las basuras en algunas partes de la ciudad.
No obstante, según Carlos Pérez, representante del Sindicato de la Emab, “hemos garantizado el servicio. Pero, reiteramos que el fallo pone en riesgo el trabajo de nuestros recolectores”.
“Nos pone en un limbo, nadie quiere tomar decisiones, las basuras se van a seguir recogiendo, El Carrasco tiene una vida útil de 10 años más”, precisó Pérez.
Pronunciamiento de la Emab
Según la Empresa Municipal de Aseo, la decisión judicial para el cierre de El Carrasco, pone en riesgo la salud pública de los habitantes del área metropolitana, además de la estabilidad laboral de los más de 700 colaboradores y sus familias, quienes dependen del funcionamiento de la Emab, que a su vez, depende del relleno sanitario El Carrasco, con el agravante de que nos encontramos en época decembrina.
“La defensa de la Emab en el fallo de primera instancia del año 2009, fue ineficiente y esto benefició el proyecto de Chocoa e intereses particulares”, precisa el parte oficial.
“En conclusión, el objetivo siempre ha sido que el negocio de la disposición final de basura, quede en una empresa privada, provocando la liquidación de la Emab”, dice el comunicado de la entidad.
De acuerdo con el pronunciamiento, “la segunda instancia se falló en el año 2011 y jurídicamente desde esa fecha existe desacato, en este tiempo, han ocurrido problemas graves como el deslizamiento del 3 de octubre de 2018 y no se explica por qué en esta administración se falla el incidente de desacato, teniendo en cuenta que se han venido saneando los problemas técnicos heredados de las anteriores, sin intereses particulares y con la inversión más grande en la historia de El Carrasco”.
“¿Por qué no sancionaron a los demás municipios o a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga? Actualmente ya desaparecieron las causas que originaron la acción popular promovida por los habitantes del barrio el Porvenir”, señala el documento.
Desfiles inusuales lideran por estos días los carros de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, por las calles.
Todo hace parte de las protestas que lideran los trabajadores de esa empresa, en rechazo a un fallo del Juez 15 de la capital santandereana, que resolvió un incidente de desacato, mediante el cual fueron sancionados los alcaldes de Bucaramanga y Girón, así como el gerente de esa entidad, por continuar disponiendo residuos sólidos en el relleno sanitario de la capital santandereana.
Según los manifestantes, un eventual cierre de El Carrasco dejaría sin trabajo a cerca de 700 personas.
Los trabajadores de la empresa de aseo recalcaron que salen a protestar por las calles de la ciudad porque, a juicio de ellos, “el fallo judicial implicaría cerrar El Carrasco y eso también desencadenaría en una emergencia sanitaria”.
Este incidente de desacato se resolvió en el marco de una acción popular que se interpuso en 2009, con el fin de que se cumpla con la clausura efectiva de este sitio de disposición final.
Por parte de la comunidad se denunciaron múltiples afectaciones contra la salud y el ambiente, ocasionadas por las actividades de disposición en este relleno sanitario.
La protesta, a juicio de algunos usuarios, ha traumatizado el servicio de recolección de las basuras en algunas partes de la ciudad.
No obstante, según Carlos Pérez, representante del Sindicato de la Emab, “hemos garantizado el servicio. Pero, reiteramos que el fallo pone en riesgo el trabajo de nuestros recolectores”.
“Nos pone en un limbo, nadie quiere tomar decisiones, las basuras se van a seguir recogiendo, El Carrasco tiene una vida útil de 10 años más”, precisó Pérez.
Pronunciamiento de la Emab
Según la Empresa Municipal de Aseo, la decisión judicial para el cierre de El Carrasco, pone en riesgo la salud pública de los habitantes del área metropolitana, además de la estabilidad laboral de los más de 700 colaboradores y sus familias, quienes dependen del funcionamiento de la Emab, que a su vez, depende del relleno sanitario El Carrasco, con el agravante de que nos encontramos en época decembrina.
“La defensa de la Emab en el fallo de primera instancia del año 2009, fue ineficiente y esto benefició el proyecto de Chocoa e intereses particulares”, precisa el parte oficial.
De acuerdo con el pronunciamiento, “la segunda instancia se falló en el año 2011 y jurídicamente desde esa fecha existe desacato, en este tiempo, han ocurrido problemas graves como el deslizamiento del 3 de octubre de 2018 y no se explica por qué en esta administración se falla el incidente de desacato, teniendo en cuenta que se han venido saneando los problemas técnicos heredados de las anteriores, sin intereses particulares y con la inversión más grande en la historia de El Carrasco”.
“¿Por qué no sancionaron a los demás municipios o a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga? Actualmente ya desaparecieron las causas que originaron la acción popular promovida por los habitantes del barrio el Porvenir”, señala el documento.
A juicio de la entidad, “el cumplimiento del fallo ha sido imposible, porque los estudios realizados para construir nuevos rellenos han demostrado, que social y ambientalmente ha sido imposible la negociación con las comunidades a pesar de las gestiones realizadas por los municipios”.
La Emab reitera que, “la implementación de nuevas tecnologías para la disposición final ha tenido dificultades, financieras, técnicas, jurídicas, ambientales y sociales que han impedido en el mediano plazo la consolidación de cualquiera de los proyectos propuestos con este fin”.
“Con las inversiones realizadas, el problema de El Carrasco no es técnico, ya que somos uno de los mejores rellenos sanitarios del país y tenemos una hoja de ruta clara. La problemática es jurídica y las decisiones que se toman como ordenar su cierre no solucionan el problema”, precisa.
Además, dice la entidad, “el operador judicial y gran parte de los actores no han logrado entender que el desarrollo de un nuevo proyecto requiere de la coordinación de actores como el Gobernador, el Director de la CDMB, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y no solamente del Alcalde de Bucaramanga y el Gerente de la Emab”.
“Se han realizado gestiones administrativas para desarrollar un nuevo proyecto que reemplace al Carrasco, pero como sucede en todo el país ha sido imposible su consolidación por diversas causas, principalmente sociales”, replica.
De igual forma, “la Emab y el relleno sanitario El Carrasco han sido la única alternativa para disponer los residuos y garantizar la salud pública a 16 municipios de Santander, que constituyen el 74 % de los residuos del departamento y no el problema como se interpreta en el fallo popular. Esto fue demostrado en agosto de 2021, cuando se le dio cumplimiento a la orden de cierre y se intentaron llevar los residuos a otros rellenos sanitarios como el de Medellín, La Pradera y Aguachica, Las Bateas, siendo ambas alternativas inviables desde el punto de vista financiero, social y ambiental”.
“Este es un problema de país que no se soluciona con la judicialización de las problemáticas ambientales y de residuos requiriendo necesariamente la intervención del gobierno nacional especialmente desde el punto de vista financiero y normativo”, puntualiza.