Desde el Senado de la República insistieron en citar a debate de control político al director de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González para que explique las supuestas interceptaciones ilegales por parte del gobierno Petro a la oposición.
Haciendo uso del Estatuto de la Oposición, que permite como partido de oposición definir en cada legislatura el orden del día en tres sesiones plenarias del Senado, el partido Cambio Radical exhortó al presidente del Congreso, Iván Name, que cite en las próximas plenarias al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el santandereano Carlos Ramón González para que le explique al país sobre las supuestas ‘chuzadas’ a la oposición por parte del Gobierno Nacional.
Según el senador David Luna, desde el Gobierno Nacional, especialmente desde la Dirección Nacional de Inteligencia, bajo el mando de Carlos Ramón González, se estarían dedicando a perseguir a los miembros de la oposición, a periodistas y hasta militares en el uso del buen retiro.
“Es importante realizar este debate antes del fin de la legislatura, el país merece saber la verdad sobre las posibles interceptaciones ilegales a periodistas, miembros de la oposición y militares en retiro. En este gobierno pasaron de víctimas, a victimarios”, indicó Luna.
A pesar de que la proposición del debate de control está aprobada desde el pasado 14 de mayo aún no ha sido posible la citación formal por parte de la mesa directiva del Senado. En tal sentido, el congresista de Cambio Radical propuso que el debate de control político se lleve a cabo el próximo martes 18 de junio, dos días antes de culminarse el segundo periodo legislativo del actual Congreso.
Justamente a comienzos de mayo se conoció el borrador de decreto de la Dirección Nacional de Inteligencia con el cual se buscaba unificar los servicios de la entidad, hecho que fue cuestionado desde diferentes sectores y que posteriormente el Gobierno desmintió.
El borrador de decreto buscaba darle a la Dirección Nacional de Inteligencia la responsabilidad de centralizar, unificar y ser responsable de todo el sector de la inteligencia nacional. Esto implicaría que todas las agencias que participan en actividades de inteligencia y contrainteligencia, como el Ejército, la Armada y la Policía, estarían en la obligación de entregar cualquier información que la DNI y o el propio presidente requiriera.
La información, como lo decía el decreto, sería “para la toma de decisiones por parte del presidente de la República y del Alto Gobierno. A consideración del señor presidente de la República, los requerimientos que de él emanen podrán ser verbales o escritos”.