Tras el incidente en Arauca, donde el Eln retuvo a una caravana humanitaria que transportaba a una persona herida, la Defensoría instó a los grupos armados ilegales a respetar las misiones humanitarias y médicas.
La Defensoría del Pueblo de Colombia calificó este lunes de «despropósito» que la guerrilla del Ejército de Liberación (Eln) retuviera durante varias horas una caravana del Comité Internacional de la Cruz Roja (Circ) que realizaba la evacuación de una persona herida en una zona rural de Arauca.
«Un despropósito de semejante naturaleza no puede ocurrir en ninguna parte de la geografía nacional, así se trate de una zona convulsionada por el conflicto armado», aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
Camargo agregó que pese a que el personal y quien requería atención médica fueron liberados horas después «alzamos nuestra voz contra semejante acción que contraría lo establecido en el derecho internacional humanitario».
Igualmente exigió de manera adicional, la detención inmediata de cualquier ataque o afectación a organizaciones como el CICR, la ONU y la Defensoría del Pueblo
Recordó que estos organismos trabajan por garantizar la vida, integridad y libertad de las personas en Colombia. «Nuestra labor neutral y humanitaria no tiene otro fin que salvaguardar los derechos de la población no combatiente en Colombia», en palabras de Camargo.
También solicitó a los negociadores de los grupos armados al margen de la ley, que están sentados a las mesas de diálogos de paz, ordenar a sus frentes y comandos cesar de inmediato toda acción que pueda afectar a las misiones humanitarias.
«El respeto a las caravanas médicas y al personal humanitario no es una opción, es una obligación de los distintos actores armados», remarcó Camargo, al referirse al ataque ocurrido el domingo.
El defensor concluyó que el Eln, principal guerrilla que delinque en Arauca, los grupos disidentes de las Farc y cualquier otra estructura armada «tienen que mostrar gestos verdaderos que contribuyan a la consolidación de la paz en el país, particularmente en las regiones donde el conflicto armado es la constante».
Según el último reporte anual del Cicr, en 2022 hubo 426 ataques a misiones médicas y asistencias en salud, un descenso respecto a las 553 que se produjeron en 2021.
Además, se produjeron al menos 7 homicidios de pacientes y trabajadores de la salud. Una cifra que supera incluso a los seis casos que se reportaron en total entre 2018 y 2021.