Crece la polémica por el convenio entre Metrolínea y Metrocali por más de $7 mil millones. Éste terminó operado por un tercero que no tenía nada que ver con el contrato y se llevó la mayoría de los recursos.
Aumentan las denuncias sobre inconsistencias en el Convenio Interadministrativo 01-2021 firmado entre Metrolínea y Metrocali para la operación del recaudo del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Sitm.
Según reveló el diario El País de Cali, el contrato estuvo operado por un tercero, quien se ganó $6.175 millones a pesar de no contar con ninguna relación comercial con Metrolínea. Estos hechos ya habían sido advertidos por la Unidad Investigativa de Vanguardia en ocasiones anteriores
En este nuevo informe de El País, se encontró que aunque la Unión Temporal Recaudo y Tecnología, Utryt, tenía un convenio para operar el recaudo del sistema de transporte de Cali, denominado MIO, dicho convenio no en tenía validez jurídica en otras ciudades del país.
Aún así, en el convenio 01-2021 entre Metrolínea y Metrocali, que inicialmente tenía un costo de cero pesos, terminó en un multimillonario contrato de recaudo de más de $7 mil millones. Dicho contrato, cabe destacar, se suscribió entre ambos entes gestores de forma directa, es decir, sin liquidación o una invitación pública.
Además, la millonaria cifra pagada por Metrolínea no terminó en las cuentas de Metrocali, a pesar de que el convenio 01-2021 fue firmado entre ambas entidades, sino que terminó en los bolsillos de Unión Temporal Recaudo y Tecnología, Utryt.
Es decir, Metrocali fue solo una fachada para contratar a la Utryt evadiendo los principios de la Ley 80 y en medio de ley de garantías por elecciones.
En cifras exactas, Utryt recibió por este convenio más de $6.175 millones y Metrocali, el contratante, solo $804 millones.
Para varios concejales del municipio, las irregularidades en el convenio interadministrativo entre Metrolínea y Metrocali no se remiten únicamente a las modificaciones exprés o al aumento desproporcionado del contrato de concesión, sino que también tienen que ver con lo que pareciera ser falta de idoneidad por parte de Metrocali para prestar el servicio de recaudo del sistema de transporte integrado de Bucaramanga y su área metropolitana.
Lo que despertó suspicacias en algunos sectores es que Metrocali no realiza el recaudo en su propio sistema, sino que lo tiene concesionado a un tercero, la Unión Temporal Recaudo y Tecnología, Utryt.
Según pudo constatar la Unidad Investigativa de Vanguardia, desde el 2008, Metrocali, que es el ente gestor del sistema de transporte masivo de Cali, MIO, tiene concesionado el servicio de recaudo a la Unión Temporal Recaudo y Tecnología, la cual está conformada por diferentes empresas extranjeras y nacionales como: Ivu Traffic Technologies AG; Energía Integral Andina; APB Prodata; Diselecsa, (Distribuciones Eléctricas De Sabanas Limitada); y Siemens. Es decir, Metrocali no integra o hace parte de la Utryt.
Según el concejal Carlos Parra, un usuario en Bucaramanga paga mucho más que uno en Bogotá, Medellín, Cali o Pereira por el servicio de transporte masivo, y como si esto no fuera suficiente, una persona en Bucaramanga paga mucho más por el recaudo en la tarifa, en comparación con otras ciudades.
“Cuando se hizo la estructuración original, fue un contrato injusto para Bucaramanga, que fue en su momento con Tisa. Incluso varias denuncias registraron como esa empresa tenía experiencia en otras áreas diferente al recaudo y el exgerente de Metrolínea de la época, Félix Francisco Rueda, terminó inhabilitado por 10 años por haber escogido una empresa sin la idoneidad. Ese problema es grave y si volvemos a lo mismo, vamos no solo a desaprovechar la oportunidad para corregir las fallas estructurales, sino a perpetuar los errores del pasado”, criticó el cabildante.
A pesar de los señalamientos sobre la idoneidad de Metrocali para hacer el recaudo en Bucaramanga, en el papel el operador caleño sí tendría la capacidad necesaria para ejecutar el millonario contrato transitorio, como lo indica su objeto social, que en sus estatutos establece “prestar los servicios de consultoría, asesoría y capacitación en materia de estudios y proyectos de infraestructura, planeación, operación y control del sistemas de transporte masivo de pasajeros y de movilidad aerosuspendida, tanto en entidades públicas como empresas privadas, comprendiendo el suministro, alquiler o venta de herramientas tecnológicas relacionadas”
Otro cuestionamiento al convenio interadministrativo entre Metrolínea y Metrocali tiene que ver con las fechas en las cuales se firmó el contrato y su respectivo otrosí. Según el concejal Danovis Lozano, del Partido Verde, Metrolínea decidió evadir su manual de contratación para no tener que contratar de manera directa y así hacerle el quite a la Ley de Garantías, que aplicaba para las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.
“Es un contrato muy particular porque se firma justo el día antes de entrar en rigor la Ley de Garantías, pero además con el articulito de la cláusula que deja abierta la posibilidad de firmar un otrosí para que la empresa que le está prestando el servicio de consultoría pase a ejecutar el contrato de recaudo, resultó ser una forma de sacarle el quite a la Ley de Garantías, que no permite firmar este tipo de contratos antes de las elecciones, pero sí le permite hacerle adiciones. El problema es que con el otrosí se extralimita la adición del contrato que según la Ley es de 50%, y en este convenio fue del 100%”, advirtió Lozano.
Actualmente Metrolínea se encuentra en proceso de liquidación debido a la crisis financiera que atraviesa el sistema de transporte.