La Gobernación de Santander llama a las juntas de acción comunal para suscribir convenios solidarios, con el fin de que las mismas comunidades se encarguen del mantenimiento de vías en Mesa de Los Santos y Los Santos.
Corredores sin pavimento ni recebo, sin cunetas, llenos de huecos y con profundos desniveles que representan riesgos para los conductores. Así se encuentra la red de vías terciarias y secundarias en Mesa de Los Santos y Los Santos, Santander, en donde las comunidades siguen esperando los arreglos y el mantenimiento prometidos por las autoridades.
Hablamos de corredores por los que literalmente es todo un reto transitar, debido a la gran cantidad de desperfectos que existen. Son frecuentes los casos de conductores que se quedan atascados en barriales y zanjas, debido a la falta de arreglos constantes en esta red vial.
Además de los trabajos que se requieren sobre la vía principal que conduce hacia Mesa de Los Santos y Los Santos, en total se deben intervenir cerca de 137 kilómetros de corredores rurales, que conectan a 27 comunidades rurales y veredas.
Con el objetivo de garantizar el mantenimiento oportuno requerido en esta red vial, la Gobernación de Santander emprendió una nueva iniciativa para que las mismas comunidades se encarguen de llevar a cabo estos arreglos en mención.
El Departamento convocó a las juntas de acción comunal, JAC, para suscribir convenios solidarios, por medio de los cuales se entregará dinero a la comunidad para que los mismos vecinos se encarguen de las labores de mantenimiento en la malla vial.
Es pertinente indicar que la convocatoria en cuestión se realiza en medio del rechazo y de las protestas expuestas por un sector de la comunidad, quienes se oponen a la operación del peaje La Punta y lo califican como “ilegal”.
Quedan pocos días para que las JAC se postulen ante la Gobernación de Santander
Este llamado a los líderes comunales se realizó por medio de una carta emitida y firmada por Jésica Mendoza Ramírez, secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander. La misiva tiene fecha del pasado 13 de enero y está dirigida a las JAC existentes en la zona de influencia del peaje La Punta, ubicado en Mesa de Los Santos.
La funcionaria invitó a estas comunidades a “manifestar su interés en participar en la suscripción de convenios de cooperación, orientados al mejoramiento, mantenimiento y adecuación de vías secundarias y terciarias”.
Junto con la solicitud que se presente ante la gobernación, las JAC también deben anexar una serie de documentos. En la carta que se emitió también se precisaron los 22 documentos que se deben presentar junto con esta petición.
Copia de cédula del representante de la junta, certificado de antecedentes fiscales OAC, RUT con fecha de generación máximo hasta 2024, constancia de creación de usuario en Secop II, son algunos de los documentos y soportes exigidos por la administración departamental.
Esta información debe ser enviada al correo electrónico dispuesto por la Secretaría de Infraestructura (ln.jmendoza@santander.gov.co). El plazo establecido para presentar la solicitud formal vence el próximo lunes, 19 de enero.
“Estos convenios tendrán como finalidad fortalecer la articulación con las organizaciones comunales para la ejecución de acciones que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura vial, generando beneficios directos para las comunidades en la zona de influencia”, resaltó la Secretaria de Infraestructura de Santander.
Persiste el inconformismo por el peaje La Punta
Aunque un sector de la comunidad recibió de forma positiva esta iniciativa de la gobernación, existe otro grupo de residentes que mantienen firme su oposición contra el funcionamiento del peaje La Punta y que rechazan esta convocatoria que se inició desde el pasado 13 de enero.
Para Rómulo Pedraza, miembro de la veeduría ciudadana Unimesan, “este peaje es completamente ilegal e inconstitucional, por diferentes razones, entre otras porque no cumple la normativa actual que justifica la instalación de un peaje. Lo que sucede es que ahora hay líderes que están en favor del peaje, a pesar de que no se han cumplido los anteriores contratos y las vías siguen en mal estado; por eso fue que la gobernación realizó esta invitación”.
Luego de una acción de vigilancia preventiva realizada a finales del año anterior por parte de la Procuraduría, el pasado 31 de diciembre dicho ente de control reveló que fueron detectadas 14 presuntas irregularidades en el funcionamiento del peaje La Punta.
“Se identificaron posibles elusiones en contratos directos con la empresa Thomas Instruments y en un convenio con el Idesan, omisiones en servicios esenciales y deficiencias en las publicaciones que deben hacerse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)… fallas como tercerización irregular, falta de conceptos ministeriales y usurpación de funciones”, señaló la Procuraduría en su momento.
Es importante agregar que, además del control ciudadano realizado y de las denuncias públicas formuladas, por parte de la veeduría Unimesan también se impulsa una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se busca ‘tumbar’ el acto administrativo que permitió a la Gobernación de Santander y al Idesan el recaudo de dinero en el peaje La Punta.
Actualmente se está a la espera de que la justicia se pronuncie y adopte una decisión de fondo sobre la operación de esta caseta de cobro, en la que mensualmente se recaudan cerca de $900 millones, según los datos oficiales.
En el marco de esta acción jurídica que se adelanta también se registró un pronunciamiento por parte de dicho ente de control, exactamente del Procurador 47 Judicial para Asuntos Administrativos. Él igualmente señaló ante dicho Tribunal la improcedencia de este cobro.
El funcionario en mención señaló que las gobernaciones o asambleas “no tienen facultad para establecer o explotar directamente peajes, sino únicamente para autorizar concesiones viales. Por tanto, se indica, la Asamblea de Santander excedió su competencia al instituir un gravamen de naturaleza tributaria, invadiendo competencias exclusivas del Congreso de la República”.
Los datos oficiales de Idesan precisan que a lo largo de 2025 el Departamento recaudó un total de $10.472 millones por medio del peaje La Punta. De este monto, $ 7.897 millones corresponden a cobros de la Categoría 1 (automóviles, camperos y camionetas), lo cual equivale al 75 % de este recaudo.