El drama de las familias residentes en ocho municipios, entre ellos Curití, Galán, San Gil, Charalá, Vélez y Simacota, llegó a su fin con el inició del envío de materiales para las primeras construcciones.
Hasta los predios de Angie Caterine Reyes Pardo, en la vereda La Capilla de Vélez, llegaron esta semana los primeros materiales que se usarán para la construcción de una vivienda que le prometió el Gobierno Nacional en 2018.
Ella hace parte de las 77 familias santandereanas que ese año resultaron beneficiadas de una convocatoria para la asignación de viviendas rurales gratuitas para familias campesinas vulnerables o víctimas del conflicto armado realizada por el Ministerio de Agricultura.
Reyes y su familia recibieron con mucha ilusión los materiales luego tantos años de espera en los que hasta la ilusión se había perdido. Como otros beneficiarios del programa, atendiendo las peticiones hechas en su momento por el Consorcio Futuro, derrumbó el ‘ranchito’ que tenía para dar paso a la nueva vivienda.
La promesa no se cumplió y se tuvieron que ir a pagar arriendo, afectando su calidad de vida porque, por supuesto, aumentaron los gastos. Lo mismo sucedió con la familia de Clementina Balaguera Durán, una mujer campesina que ya pasó de los 60 años y quien junto a su esposo, hijo y nieto viven de trabajar la tierra en San Gil y en 2020, también, muy obedientes, demolieron su humilde casa y aún esperan la nueva.
Ahora el drama de las familias residentes en ocho municipios, entre ellos Curití, Galán, San Gil, Charalá, Vélez y Simacota, habría llegado a su fin con el inició del envío de materiales para las primeras construcciones.
Tras la liquidación del contrato por parte de Fiduagraria – entidad adscrita al Ministerio de Agricultura – con el Consorcio Futuro, con el que terminaron muy mal y en líos judiciales por los evidentes incumplimientos del contratista, comenzó un proceso de análisis de soluciones para que el proyecto pudiera llevarse a cabo y las familias no se quedaran sin nada.
Tras una reunión sostenida en octubre del año pasado en San Gil entre funcionarios de Fiduagraria y los beneficiarios, se decidió que se buscarían varios contratistas que construyeran las casas por municipios.
Cristian Beltrán, líder social de Curití, quien ha acompañado a las familias en este proceso, sirviendo como enlace con las entidades oficiales, dijo que se seleccionaron constructoras por zona, por ejemplo, un contratista para Vélez, otro para Rionegro y Simacota; y uno para Charalá, Curití, Galán y San Gil.
Cada una de las empresas encargadas en este momento estaría evaluando la accesibilidad y logística de acceso a los terrenos. “Por temas de logística están tratando de llevar la mayor parte de los materiales en un solo viaje”, puntualizó Beltrán.
En este sentido, una de las expectativas existentes es que antes de terminar la semana en curso el contratista de las viviendas de la provincia Guanentá envíe los materiales a los terrenos de las primeras viviendas a construir: una en Charalá y otra en Galán.
“Con esas dos viviendas se iniciaría en forma el piloto para ver si funciona la estrategia planteada y a la espera del desembolso del adelanto de Fiduagraria”, expresó Beltrán.