La Variante de San Gil se encuentra en el limbo, a mitad de la ejecución y sin los recursos garantizados. El accidente ocurrido entre dos vehículos de carga dejó en evidencia que es una obra vital y necesaria para Santander.
Una vez más, un vehículo de carga perdió el control en la vía de acceso a San Gil, provocando un accidente múltiple, aunque esta vez sin víctimas fatales. El incidente, ocurrido alrededor de las 10:00 de la noche del 18 de julio, dejó cinco vehículos dañados, un herido y un gran susto para los conductores que vieron cómo la vida les pasaba frente a los ojos en cuestión de segundos. La carretera nacional permaneció cerrada durante casi 12 horas debido a la colisión.
“La sacaron barata”, comentó uno de los curiosos que se acercó por la mañana para observar los daños, al comparar el choque con la tragedia ocurrida en 2017, cuando un accidente similar dejó cinco muertos y 15 heridos.
En los últimos veinte años, en el tramo de menos de dos kilómetros que va desde el sector conocido como El Derrumbe hasta el Malecón en la capital turística de Santander, los accidentes viales —principalmente protagonizados por vehículos de carga con fallas en los frenos— han causado 14 muertes y cerca de 30 heridos.
Para prevenir situaciones trágicas como las mencionadas, el Gobierno Nacional aprobó en 2018 el proyecto de la Variante de San Gil, impulsado por la presión social y política. Esta importante obra de infraestructura busca desviar el tránsito de vehículos de carga fuera del centro del municipio, reducir el riesgo de accidentes, salvar vidas y mejorar la competitividad de toda la región.
Este proyecto, que surgió en medio de esperanzas y tristezas, parece encontrarse en un estado de incertidumbre, como un barco a punto de naufragar o una inversión que se asemeja a un elefante blanco, una especie que parece cerca de su extinción.
Si se comparara con un enfermo terminal, la Variante de San Gil se encontraría al borde de su último aliento. La falta de fondos para el tratamiento, el silencio de los especialistas y los esfuerzos mínimos de quienes la atienden, que solo se limitan a administrar los calmantes permitidos por la aseguradora, reflejan su precaria situación.
“Estamos en una situación de gran exposición y lo único que sabemos es que el contrato finaliza el 31 de julio”, comentó Helí Guevara, expresando su preocupación por la incertidumbre y el silencio casi sepulcral que envuelve el futuro del proyecto.
El contrato para la Variante de San Gil está por concluir a finales de julio y aún no se sabe si el Instituto Nacional de Vías (Invias) otorgará una prórroga a la empresa Concay S.A. para que ejecute los recursos pendientes (menos de $10,000 millones). Tampoco se ha definido si se realizará una inversión adicional o si se optará por liquidar el contrato para adjudicar uno nuevo.
De acuerdo con el informe más reciente presentado en junio por la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la cual ha alertado desde el inicio sobre las deficiencias en la ejecución del contrato, el avance de las obras apenas alcanza el 44%. Además, el tiempo de ejecución se ha extendido de 53 meses a 70, un incremento del 32% sobre el plazo inicialmente previsto.
Ahora la incertidumbre radica en que se necesitan cerca de $120.000 millones adicionales para completar el proyecto y aún no se sabe de dónde provendrán esos fondos.
De los 9,6 kilómetros previstos para la construcción de la Variante de San Gil, solo se han intervenido 4,5 kilómetros que actualmente no cumplen ninguna función. Estos tramos quedan desconectados y no se vinculan ni con la carretera que une San Gil con Barichara, ni con el trayecto nacional de San Gil a Bogotá.
En este último caso, no se logró resolver la compra de algunos terrenos afectados por cortes, explicó Marcela Gualdrón Forero, ingeniera y responsable de la veeduría del proyecto por parte de la entidad cameral.
Juan Pablo Remolina, presidente ejecutivo de Prosantander, manifestó que no se percibe una disposición del Gobierno Nacional para aportar los recursos necesarios. En ese contexto, el impuesto de valorización sería la única opción viable para asegurar la ejecución del proyecto, ya que se trata de una obra que “salva vidas y mejora la competitividad”.
Lo preocupante es que el Invias no ofrece respuestas concretas. “Nos aseguran que están dispuestos, pero no vemos acciones”, expresó Guevara, cuestionando la falta de voluntad política que se evidencia en la situación.
“Últimamente, el Invias no nos da respuestas claras; no hay confirmación de nada y están muy callados sobre el tema. Hemos tenido varias reuniones, pero no se vislumbra una solución a corto plazo”, afirmó Orlando Enrique Pedroza, director de Infraestructura de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
¿Y la bancada parlamentaria?
Uno de los aspectos más preocupantes de la situación de la Variante de San Gil es que la gestión o presión de la bancada santandereana para garantizar los recursos que hacen falta no ha sido suficiente.
Guevara cuestionó que “con la proximidad de nuevas elecciones, surgen nuevamente interesados que luego desaparecen y no vuelven a pronunciarse sobre el tema”.
Pedroza indicó que la entidad cameral ha celebrado varias reuniones con los parlamentarios en un esfuerzo por obtener apoyo para estas cruciales obras de infraestructura para el departamento.
“El papel de la representación parlamentaria debe ser proactivo; no pueden esperar a que los gremios los convoquen. Deben ejercer presión constantemente”, afirmó el directivo de la CCB.
En esta misma línea, Remolina destacó que, además del desinterés del Gobierno Nacional, una de las principales razones para la dificultad en conseguir la financiación del proyecto es el silencio de los representantes del departamento ante el Estado.
Es un proyecto de todos
Aunque pueda parecer una serie de lamentaciones, es esencial buscar una solución. Esto se logra reconociendo que el proyecto es un esfuerzo colectivo y que su éxito depende del compromiso de todos.
Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Prosantander hacen un llamado a todos los alcaldes de la región, a la Gobernación de Santander y a la sociedad civil en general para formar un frente común que exija la continuidad del proyecto.
“Este proyecto no solo beneficia a San Gil, sino a todos los municipios de la región. Es crucial para todo el departamento”, destacó Pedroza.
El llamado es a “unirnos y explorar alternativas para hacer realidad el proyecto. No podemos seguir esperando décadas para resolver problemas tan urgentes que enfrentan al departamento y sus ciudadanos”, añadió el vocero de Prosantander.
La única opción, en medio de tanto silencio, es salir a la calle y marchar, como propuso Guevara. Sin embargo, “debemos hacerlo todos juntos, no solo unos pocos”, afirmó.