Con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad, optimizar el recaudo municipal y fortalecer las herramientas para una gestión más eficiente del mercado inmobiliario, el desarrollo económico y la planificación territorial, en 2019 el país inició la implementación del modelo catastral multipropósito. Este sistema de administración del territorio busca suplir la necesidad de información para la formulación y ejecución de políticas públicas, integrando el enfoque fiscal tradicional con diversas fuentes como los usos del suelo, el catastro de servicios públicos, la movilidad, entre otros.
Si bien todo proyecto atraviesa contratiempos y exige tiempo de maduración, han transcurrido cinco años y, pese a los avances nacionales en la actualización catastral y en la integración de bases prediales, físicas y económicas, en Santander aún persiste una brecha significativa por cerrar. Aunque municipios como Betulia y Cimitarra han venido actualizando su información catastral, en aquellos donde el IGAC ejerce como gestor, las solicitudes de actualización de cabida y linderos pueden tardar hasta cinco años debido a la centralización de los servicios en Bucaramanga.
En cuanto a Barrancabermeja y Málaga, es preciso señalar que no han logrado integrar a otros municipios que les permitan distribuir la carga económica de la operación catastral. Floridablanca, por su parte, ha avanzado en la actualización de su catastro y en la prestación de un servicio oportuno a los contribuyentes; no obstante, las principales quejas se centran en la falta de revisión de las tarifas por parte del Concejo Municipal. Ahora, el mayor reto se encuentra en el primer esquema asociativo habilitado como gestor catastral del país: el Área Metropolitana de Bucaramanga.
Aún persisten los problemas de software y la alta rotación de personal que, en su momento, denunció el columnista Miguel Ángel Pedraza, constituyendo un lastre para la entidad en procesos como la actualización catastral de Piedecuesta. Tampoco se ha cumplido la norma que exige la creación de un observatorio inmobiliario, ni existe interoperabilidad con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, situación que impide la actualización de la base de propietarios y genera inconsistencias en la información exógena reportada a la DIAN. Más grave aún, los avalúos catastrales que determinan la base gravable del Impuesto Predial Unificado en Bucaramanga presentan retroactivos contrarios a la Constitución, configurando un riesgo fiscal latente. A ello se suma que la falta de actualización catastral impide acceder a la cofinanciación del Sistema de Transporte Masivo, conforme a la Resolución 18695 de 2024 del Ministerio de Transporte.
La planeación del territorio requiere herramientas eficaces y la implementación del Catastro Multipropósito debe ser una prioridad para la región, articulando a las corporaciones autónomas regionales, la academia y los gremios bajo una estrategia de coordinación y planeamiento liderada desde la Gobernación de Santander.