Las autoridades han identificado 23 planes para atentar contra siete candidatos presidenciales en Colombia. SEMANA revela los detalles.
Candidatos blindados por escudos, escoltados por más de veinte uniformados y monitoreados 24 horas por unidades de inteligencia del Estado es la realidad de las 13 personas que aspiran a la Presidencia en 2026. El riesgo de seguridad que enfrentan los políticos es el reflejo de la crisis de orden público que afecta a Colombia. SEMANA revela la preocupante vulnerabilidad y las amenazas que podrían impactar, nuevamente, la jornada electoral del país.
Desde una sala de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, en Bogotá, se siguen los movimientos de los candidatos, mientras una docena de funcionarios les abren paso en las carreteras y aeropuertos para que no se vean afectados por los planes terroristas que han ideado en las montañas los hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, los grupos ilegales que estarían aguardando un espacio para disparar contra la democracia, según informes de la fuerza pública conocidos por esta revista.
Fuentes de inteligencia documentaron ante el Gobierno Petro que existen 23 expedientes por presuntos ataques que se materializarían antes de la primera vuelta, programada para el 31 de mayo, contra los aspirantes a la Casa de Nariño. Las informaciones han sido conocidas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales e infiltrados. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía rastrean cada una de las pistas para frustrar cualquier acción terrorista.
Los 23 escenarios de riesgo están concentrados en siete candidatos. Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Santiago Botero, que impulsan ideas de la derecha, son los que más acumulan peligros; luego están, con un expediente cada uno por amenazas, los aspirantes Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano e Iván Cepeda.
Para prevenir cualquier acción ilegal, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a cambio de información que permita conocer los planes para atentar contra los candidatos. SEMANA constató con fuentes de la Policía que algunos ciudadanos ya empezaron a levantar la mano para alertar sobre las amenazas.
Por ejemplo, una llamada a esa institución encendió las alarmas sobre un inminente riesgo que corría Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Reino Unido, en un evento público que encabezaría en la capital del país de cara a las consultas del 8 de marzo: “En la comunicación nos dijeron que se iba a materializar un plan para afectarlo. Ante esto, le informamos al candidato y se le sugirió no salir al espacio público hasta que se descartara la situación. Lo que hicimos fue llegar con más uniformados, controlar la zona y avanzar con la agenda del candidato”, explicó bajo reserva uno de los oficiales que se encarga de la seguridad de los políticos.
En otros escenarios, se les ha pedido a los aspirantes modificar sus rutas y esquivar los municipios donde hay presencia de actores ilegales. Las zonas con mayores peligros están ubicadas en Cauca, Norte de Santander y Arauca. Además de vetar algunos espacios, también se les ha pedido priorizar sus recorridos aéreos para disminuir los peligros. Una situación que, nuevamente, desempolva los peores momentos del conflicto, como los riesgos que tuvieron los candidatos que compitieron por la Presidencia en 2002, cuando la expansión de las Farc-EP intimidó la jornada electoral.
La versión del Gobierno Petro es que las autoridades no descartarán cualquier tipo de amenaza. Del magnicidio de Miguel Uribe Turbay se aprendió que hay que prevenir y atender cualquier intimidación, por mínima que parezca.
Prueba de ello es lo ocurrido recientemente con Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, a quien una agencia de inteligencia, ajena al sector del Ministerio de Defensa, informó sobre sospechas de un atentado.