Los candidatos han denunciado participación política del gobierno, falta de garantías en territorios y poca claridad en reglas de financiación.
A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el país entró oficialmente en la recta final de la campaña en medio de un creciente clima de tensión política, denuncias cruzadas sobre garantías electorales y nuevas alertas por violencia y desinformación.
Ese ambiente marcó este miércoles la más reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Manizales y encabezada por el Ministerio del Interior, donde el Gobierno tuvo que salir a rechazar públicamente señalamientos sobre una presunta intervención política en favor de candidaturas presidenciales.
Durante el encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Ejecutivo “no está haciendo campaña” y negó que se estén utilizando recursos públicos para favorecer aspiraciones presidenciales o presionar funcionarios en las regiones.
Pese a que el ministro negó la participación de funcionarios del Gobierno en política electoral, este miércoles, la Procuraduría suspendió a la embajadora de Colombia en Haití por haberla encontrado haciendo propaganda por el candidato del gobierno Nacional, Iván Cepeda.
Las declaraciones llegan después de varias semanas en las que distintos sectores políticos y campañas han elevado cuestionamientos sobre las condiciones de transparencia del proceso electoral, la seguridad de los candidatos y la creciente circulación de desinformación en redes sociales.
El ambiente de desconfianza también coincide con un nuevo reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advirtió un incremento de municipios en riesgo extremo de cara a la primera vuelta presidencial.
Según la organización, el deterioro del panorama electoral está relacionado principalmente con factores de violencia, presión de grupos armados, ataques digitales y campañas de desinformación que podrían afectar la confianza ciudadana en las elecciones.
La MOE alertó además sobre la expansión de narrativas que buscan sembrar dudas anticipadas sobre la legitimidad de los resultados electorales y pidió a los actores políticos evitar discursos que puedan aumentar la polarización o debilitar la credibilidad institucional.
A eso se suma la preocupación por retrasos en la financiación estatal de campañas, situación que, según la organización, podría impactar las condiciones de equidad en la competencia presidencial.
En medio de ese escenario, el Gobierno anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad electoral y proteger a las campañas presidenciales.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, desde marzo se fortalecieron los esquemas de protección con más de 460 policías, más de 260 integrantes de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados destinados a candidatos y campañas.
La cartera política también informó que se han realizado cerca de 450 actividades y operativos de acompañamiento electoral en distintas regiones del país, con participación de más de 11.400 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad.
Otro de los puntos que encendió alertas durante la comisión fue el balance de denuncias recibidas por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), que ya reporta 60 casos relacionados con presunta corrupción electoral, constreñimiento al sufragante e intervención en política.
Ante ese panorama, el Gobierno anunció un refuerzo de la presencia institucional en territorios identificados con factores de riesgo y confirmó que la próxima semana volverá a reunirse el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) para evaluar nuevas acciones de seguridad.
Con el calendario electoral entrando en su fase definitiva, las autoridades enfrentan ahora el reto de garantizar no solo la seguridad física de las campañas y los votantes, sino también la confianza pública en un proceso electoral marcado por la polarización, las denuncias políticas y las alertas de riesgo extremo en varias regiones del país.