Por presuntas irregularidades en la interventoría del contrato para construir un puente metálico peatonal sobre el río Chicamocha, en Cepitá, Santander, la Procuraduría formuló cargos contra Stefany Valeria Vivas Beltrán, representante legal de la firma interventora.
La Procuraduría General de la Nación dio inicio a un juicio disciplinario contra Stefany Valeria Vivas Beltrán, representante del Consorcio Interpuentes, tras detectar presuntas irregularidades en la interventoría del contrato para construir un puente metálico peatonal sobre el río Chicamocha, en Cepitá, Santander.
La estructura, prometida a la comunidad como solución para su conectividad terminó colapsando prematuramente, apenas dos meses de haberse entregado.
Según la investigación de la Procuraduría, en el 2023 la interventoría habría otorgado un concepto favorable para modificar estudios y diseños del contrato de obra, entre otros, con lo cual se habrían reducido las cantidades de concreto previstas y el sistema de anclaje que sostenía el puente.
Al parecer, después de ejecutadas estas modificaciones, a menos de dos meses de haberse entregado la obra, el puente presentó una falla en estructural y colapsó, afectando su funcionamiento y el tránsito de la comunidad», señala el Ministerio Público.
Ante este escenario, la Procuraduría calificó provisionalmente como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. La Procuraduría consideró que la interventora debió garantizar vigilancia técnica permanente y actuar con la diligencia necesaria para asegurar la correcta ejecución contractual.
El puente colapsado
En su último día como gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado inauguró el puente peatonal sobre el río Chicamocha que permitiría el paso de los habitantes de Cepitá y Curití, en Santander. Menos de dos meses después, la infraestructura metálica que tuvo una inversión de $1.255 millones, colapsó.
Las obras para construir el puente de Cepitá se contrataron mediante la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres. En ese periodo, la entidad estaba dirigida en ese momento por Fabián Vargas, reconocido en ese momento en la región como integrante del grupo político del exsenador liberal Jaime Durán Barrera.
Dado que se trataba de una situación de calamidad, la administración de Aguilar adjudicó mediante invitación privada las obras de mitigación destinadas a la edificación del paso elevado.
En consecuencia, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres convocó a participar en la ejecución del proyecto al ingeniero civil Eduardo Pedraza Rinady y a la sociedad Construcciones y Soldaduras SAS, bajo la representación legal de Gerardo Durán Mantilla.
De tal forma, la Oficina de Gestión del Riesgo departamental firmó el contrato 2071 del 2023 con Construcciones y Soldaduras SAS, para la construcción de obras de intervención correctiva para mitigar y reducir el nivel del riesgo existente mediante la fabricación e instalación de un puente metálico peatonal sobre el río Chicamocha, en la vereda San Miguel en el municipio de Cepitá.
Interventoría ajena
Para adjudicar la interventoría de esta polémica obra, la Oficina de Gestión del Riesgo acudió nuevamente a la modalidad de invitación privada, del mismo modo en que se tramitó la contratación de la construcción del puente peatonal.
El entonces director de Gestión del Riesgo seleccionó al Consorcio Interpuentes tras extender una invitación a dos posibles proponentes. Este consorcio —conformado por Pavi’s Ingeniería y Construcciones (80 % de participación), bajo la representación legal de Stefany Valeria Beltrán, y Consultoría Obras Civiles JS SAS (20 % de participación), representada por Yoser Iván Suárez— recibió la adjudicación de la interventoría para las obras de mitigación del riesgo mediante la construcción del puente peatonal metálico en el río Chicamocha, en Cepitá, por una suma de $128 millones.
A pesar de las advertencias por posibles irregularidades en la ejecución de la obra, la firma interventora, al contrario, aprobó todas las prórrogas solicitadas por el contratista.
Fabián Vargas, exdirector de la Oficina de Gestión del Riesgo además de ser el ordenador del gasto en el proyecto del colapsado puente también actuó como el supervisor del contrato.