Luego de que el Consejo Nacional Electoral confirmó la apertura de investigación en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022, el mandatario de los colombianos afirmó que si lo quieren tumbar, va a ir por el poder.
“Si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder”, esa fue la polémica frase que lanzó el presidente Gustavo Petro este miércoles en medio de una rueda de prensa con medio comunitarios, luego de que el Consejo Nacional Electoral decidiera abriera investigación a su campaña presidencial por la presunta violación de topes electorales, en más de $5.000 millones.
En medio de su intervención, el mandatario de los colombianos afirmó que deberían darse reuniones en diferentes ciudades del país para discutir lo que puede pasar en este órgano electoral, que únicamente podría investigarlo con un carácter administrativo y no penal ni judicial.
“Yo pienso que el pueblo debe reunirse en cabildos, en las plazas públicas, en municipios cerrados, para discutir y articularnos una asamblea nacional popular, que se creó hace un mes más o menos, que coordina las principales organizaciones populares de Colombia, esa asamblea dirigirá la movilización nacional”, afirmó.
Justamente la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y Fecode anunciaron movilizaciones a nivel nacional para respaldar al jefe de Estado y su proyecto político. El mandatario de los colombianos exigió a la Fuerza Pública no levantar armas en contra de la población civil.
La ponencia formula pliego de cargos en contra de Gustavo Petro Urrego, como candidato; Ricardo Roa Barragán, entonces gerente; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus Gómez como auditores; además de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
“En este orden, al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de tres mil millones ($3.709.361.342), con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican”, afirmó el Consejo Nacional Electoral.
Para el órgano electoral, la contienda omitió el reporte de financiación hecho por Fecode, de $500 millones. Además, tampoco se registró el aporte del Polo Democrático, por ese mismo valor. Tampoco se habría reportado el pago de $900 millones para los testigos electorales, $350 millones en propaganda electoral, $202 millones que llegaron desde la campaña al Senado por el Pacto Histórico.
En las cuentas de los magistrados ponentes, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se alertó también que no se registró los gastos de campaña relacionados con los servicios de transporte aéreo que ascendió a $1.249.793.230. El aporte financiero de la Unión Sindical Obrera, USO, por $121.544.00 tampoco se registró.
“Para la segunda vuelta, se les formula cargos por la presunta vulneración al límite de gastos por la suma de mil seiscientos cuarenta y seis millones trescientos ochenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos ($1.646.386.773), con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican”, afirmó el órgano electoral respecto a la segunda vuelta.