Publicado por:Juan Manuel Alvarez Cruz.
Más de quinientos municipios del país enfrentan hoy tensiones derivadas de la aplicación del denominado “rezago catastral”, incorporado en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. A través de metodologías indirectas de avalúo, se han incrementado valores catastrales en predios rurales que no habían sido actualizados en los últimos cinco años, con efectos en el impuesto predial, el patrimonio fiscal y las cargas asociadas a la compraventa de inmuebles.
El descontento ciudadano es evidente, tanto que se ha convocado a un Paro Nacional el próximo 9 de abril, que solicita, entre otros puntos, la suspensión de la Resolución 2057 de 2025 y la revisión de actualizaciones catastrales recientes. Casos como Pamplona, donde se vivieron momentos tensos en una reunión en la que intentaron agredir al alcalde, o Lebrija, donde se reportan inconsistencias en la facturación del predial, reflejan un fenómeno que se ha convertido en un problema de gobernanza territorial.
Sin embargo, en aras de focalizar el origen de las fallas y evitar deslegitimar el catastro, conviene precisar que no todos los incrementos obedecen a errores en los avalúos catastrales. En múltiples casos, las distorsiones provienen de la liquidación del impuesto por parte de las administraciones municipales, que omiten la correcta aplicación de límites establecidos en la Ley 1995 de 2019 o introducen interpretaciones sin sustento jurídico, como el concepto de “tarifa plena” y la posibilidad de cobrar en años posteriores aumentos cercanos al 50 %, lo cual es ilegal.
A lo anterior se suma, una institucionalidad sin capacidad para atender miles de reclamaciones, ausencia de coordinación supramunicipal, vacíos en la comunicación en los diferentes niveles de poder, desarticulación con el sector privado y un entorno propicio para la desinformación y el populismo. También, deficiencias en la planeación territorial que han permitido el crecimiento de urbanizaciones informales en suelo rural y la especulación inmobiliaria, que terminan evidenciándose en el catastro.
En este contexto, tanto mandatarios locales como contribuyentes enfrentan un escenario de incertidumbre. Cada municipio y cada predio plantean un reto diferente y requieren de un análisis asimétrico. Muchos desconocen los mecanismos para controvertir avalúos o liquidaciones prediales, así como los términos para interponer recursos administrativos. Esta falta de claridad no solo afecta la defensa de sus derechos, sino que desgasta la confianza en el sistema tributario.
Lo que está en juego no es el catastro como instrumento, sino su utilización. Un catastro multipropósito robusto es indispensable para la planificación territorial, la seguridad jurídica, la toma de decisiones y sostenibilidad financiera municipal. Pero cuando se implementa sin coordinación institucional y sin respeto por los principios tributarios, se convierte en un factor de conflictividad social. El desafío no es recaudar más, sino hacerlo bien.