La JEP emitió la primera sentencia restaurativa contra siete miembros de la cúpula de las extintas Farc por la política de secuestros de esa guerrilla, que afectó a al menos 21.396 víctimas de todo el país.
Ángel Jerez contó que el 15 de noviembre de 2005 llegó a la casa del señor Domingo Monroy Cáceres, miliciano de las Farc, en la vereda Riosucio Alto, en Lebrija, para preguntarle si había visto una novilla de su propiedad. Ángel no era un terrateniente, ni un millonario ganadero, pero esto no les importó ni a Monroy ni a los hombres armados que ese día lo amarraron, luego del pequeño reclamo, y se lo llevaron con el comandante ‘Alfredo’, que le exigió una suma de $30 millones para liberarlo.
A punta de súplicas les insistió que no tenía esa plata, hasta que aceptaron bajarle el monto a $12 millones, dinero que consiguió prestado en Floridablanca.Después de ese episodio, cuenta la JEP, la vida de la familia Jerez se volvió un infierno, pues fueron presionados y obligados a pagar contribuciones periódicas cada vez que lo exigía el comandante ‘Alfredo’.
Este fue el drama que vivió no solo la familia Ángel, sino miles de víctimas del secuestro en Colombia, un crimen de lesa humanidad que practicó durante décadas la guerrilla de las Farc.
Ayer, precisamente, en un fallo histórico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se emitió la primera sentencia restaurativa contra la cúpula de esa organización subversiva, en el marco del Acuerdo de Paz. Se trata del macrocaso N° 01, que investigó la política de secuestros que dejó al menos 21.396 víctimas en el país.
Fallo contra las Farc: Ocho años de condena “restaurativa”
La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz condenó a ocho años de trabajos restaurativos a Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Jaime Alberto Parra, Julián Gallo (Carlos Lozada) y Rodrigo Granda.
Esta es la primera vez que el secretariado de las Farc rinde cuentas ante la justicia por estos crímenes, cuya impunidad en la justicia ordinaria alcanzaba el 92%.
Cabe recordar que el Acuerdo de Paz estableció sanciones especiales por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la participación en proyectos enfocados en la reparación de las víctimas. Los condenados no pagarán cárcel, pero sí deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados y ayudar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, las labores de desminado, contar la verdad y pedir perdón por los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.
Departamentos con más secuestros, según la JEP
La JEP indicó que la mayor cantidad de hechos victimizantes relacionados con el secuestro se reportan en los años 1998 (623 víctimas acreditadas) y 2002 (423 víctimas acreditadas), mientras que los departamentos de Bolívar (544), Caquetá (412) y Antioquia (377) fueron las regiones con más casos confirmados.
Le siguen, en su orden, los departamentos de Guaviare (342), Meta (298), Córdoba (179), Sucre (162) y Huila (152), mientras que Santander se ubica en la mitad de la tabla con 77 hechos victimizantes de secuestro registrados.
Secuestros en Santander por parte de las Farc
En el caso de nuestro departamento, el fallo de la JEP explica que la mayoría de los secuestros cometidos en Santander estuvieron a cargo del Bloque del Magdalena Medio, que estuvo comandado por Pastor Alape.
La sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz referencia dos casos de manera particular: el de la exdiputada Juana Yolanda Bazán y el de un ingeniero de una empresa alemana. Ambos dejan en evidencia dos de las modalidades más usadas por las Farc: el secuestro político y el secuestro extorsivo.
Además, aunque no están mencionados directamente en la sentencia, también se mencionan otros casos en el Auto N° 19 de 2021, que recoge algunos testimonios de los comparecientes. Entre ellos está el caso de Ángel Jerez y los de varias personas retenidas por su presunta relación con las AUC o por brindar información a las autoridades.
Otros secuestros se dieron en zonas cercanas, como el Cesar, el sur del Bolívar (en el Magdalena Medio) y el Catatumbo (Norte de Santander).
El secuestro de Juana Yolanda Bazán
En el caso de Santander, la sentencia de la JEP hace referencia de forma puntual al secuestro de la exdiputada Juana Yolanda Bazán Archury.
Éste ocurrió el 6 de febrero de 1998, cuando la entonces aspirante a la Cámara por el Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila) se encontraba en una reunión con campesinos en la Ciénaga del Opón.
Ella fue plagiada por el Frente 48 de las Farc, supuestamente para verificar los motivos de su presencia en el territorio y sus reuniones con distintos actores políticos y sociales. No obstante, no fue liberada sino hasta un mes después, el 7 de marzo de 1998.
En su momento, el 23 de junio de 2022, el antiguo comandante del Bloque Magdalena Medio, Pastor Alape, confirmó en una audiencia de la JEP que las Farc realizó dicho secuestro y le pidió perdón a Juana Yolanda Bazán, así como a los alcaldes del sur de Santander.
Secuestro con fines extorsivos de las Farc en Santander
De igual forma, la JEP indicó que varios comparecientes indicaron que una práctica común era el cobro de extorsiones a empresas o el secuestro con fines económicos.
Un ejemplo es el plagio de los ingenieros del consorcio alemán BGR, que se encontraba realizando actividades de descontaminación del río Suratá en California (Santander).
Este hecho ocurrió el 24 de junio de 1998, cuando guerrilleros del Frente 20 de las Farc-EP interceptaron a los ingenieros y luego de verificar las identidades dejaron libres a los señores Edwin Wolf y Fernando Córdova, pero privaron de la libertad a Eduard Leonard, empleado de la empresa Terramundo Drilling, contratista en exploración y perforación de minas de oro para la empresa Greystar Resources.
Norbert Reinhart, propietario de esa compañía, viajó desde Canadá hacia la zona rural del municipio de California, donde le entregó al Frente 20 la suma de 100 millones de pesos y se ofreció en canje a cambio de la liberación de su empleado. Esto permitió que el 6 de octubre de 1998 se diera la liberación de Eduard Leonard, mientras que Reinhart permaneció en manos de la guerrilla por tres meses más, siendo liberado el 9 de enero de 1999, cuando se pagó una suma indeterminada por parte de la empresa Greystar.
Guerra a muerte de las Farc con las AUC
En otro caso que no fue mencionado en el fallo, pero sí está en el Auto N° 19 de 2021, que incluyó los testimonios de centenares de víctimas, una persona contó que en la población de Uribe, en el municipio de Lebrija, el Frente 20 de las Farc se llevó a su hijo y luego lo asesinaron tras ser acusado de “sapo”.
Así mismo, un menor fue interceptado inicialmente por miembros del Eln, quienes luego lo entregaron a miembros de las Farc, al ser señalado de ser un miembro de las autodefensas. En este caso, a diferencia de otros secuestrados, se advierte que hubo tratos crueles, donde lo dejaban tirado en el suelo o lo “amarraban del cuello a un árbol o a una cerca (…) como a un animal”.
Se trata de un episodio aparte de este macrocaso sobre los secuestros, que hace relación a la retención y en algunos casos el asesinato de miembros de las autodefensas o que fueron informantes de las Fuerzas Armadas colombianas.
Opiniones divididas por el fallo de la JEP contra las Farc
El exsenador y exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, describió la decisión de la JEP como “tardía, pero histórica”, al considerar que impone las primeras sanciones al secretariado de las Farc en cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Aunque reconoció que la decisión generará controversia, Cristo indicó que hace parte del sistema de justicia transicional y que el mayor desafío ahora es garantizar “el cumplimiento efectivo de las sanciones y el monitoreo por parte de la Misión de verificación de la ONU”.
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. La senadora Paloma Valencia cuestionó los ocho años de espera para una condena sin cárcel, financiada con dinero de los colombianos y “cero garantías reales para las víctimas”. La congresista reiteró que la sanción no es proporcional al daño causado y que su cumplimiento es incierto.
Tanto ella como la senadora María Fernanda Cabal no dudaron en catalogar el fallo como “una burla” para el país, especialmente los cientos de víctimas del conflicto armado.