Según la Defensoría, el costo estimado de la reconstrucción asciende a $58,29 billones, pero solamente se han identificado inicialmente $8,21 billones en recursos.
Este martes 10 de noviembre se cumplen tres meses del terremoto que sacudió a Colombia y dejó cientos de familias damnificadas, miles de viviendas destruidas y cientos de personas fallecidas. Sin embargo, para quienes sobrevivieron a la emergencia, la situación sigue siendo crítica. Según denuncian los afectados, todavía no se ven avances suficientes en la entrega de las ayudas prometidas por el Gobierno Nacional ni en las obras de reconstrucción.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre las dificultades para garantizar los derechos de los damnificados y pidió al Gobierno asegurar los recursos necesarios para avanzar en la reconstrucción.
De acuerdo con el balance de la entidad, con corte al 3 de noviembre, el desastre deja 776.119 personas afectadas, agrupadas en 363.791 familias. Además, 104.049 viviendas se encuentran inhabitables, 19.149 fueron destruidas y otras 119.748 presentan daños.
Uno de los puntos más críticos del balance es la financiación del proceso de recuperación. Según la Defensoría, el costo estimado asciende a $58,29 billones, pero solamente se han identificado inicialmente $8,21 billones en recursos. Esto deja una brecha de financiación de $50,08 billones.
A estas cifras se suman los registros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que, con corte al 27 de octubre, reportó 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.
La emergencia también afectó la infraestructura de servicios esenciales. La Defensoría identificó daños en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de afectaciones en cientos de vías, acueductos y puentes.
De acuerdo con la entidad, hay fallas con el Registro Único de Damnificados (RUD), requisito para acceder a los subsidios y ayudas del Estado. Según la Defensoría, no existe una ruta general que permita incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños posteriores a la fecha de cierre.
“Esta situación puede impedir que familias afectadas accedan a las ayudas, pues el registro es un requisito para recibirlas”, informó la entidad.
Otra situación tiene que ver con la clasificación de habitabilidad de las viviendas y con el reconocimiento de los apoyos económicos. En Risaralda se reportan más de 70.000 inconsistencias y, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira todavía no habían recibido el beneficio.
A esto se suma que el subsidio de arrendamiento, establecido en $1.050.000 mensuales durante tres meses, resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que podrían extenderse entre 12 y 18 meses. La escasez de viviendas disponibles también ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.
En cuanto a los alojamientos temporales, el seguimiento de la Defensoría identificó 15 espacios activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda, donde permanecían 457 personas. Por eso, advierte, hay falta de protocolos claros para el cierre de los albergues y de alternativas habitacionales para las familias que deben abandonarlos.
Persisten problemas en salud y educación
Las dificultades también se mantienen en la prestación de servicios de salud. Aunque las autoridades habilitaron sedes transitorias y anunciaron planes de reconstrucción hospitalaria, hay reducción en la capacidad de atención, demoras en consultas especializadas y dificultades en la entrega de medicamentos y autorizaciones.
En Quindío, el Hospital La Misericordia de Calarcá continuaba funcionando con daños en sus instalaciones y una reducción cercana al 50 % en su capacidad de personal e infraestructura. En Risaralda también se reportaron demoras en autorizaciones, citas y medicamentos, mientras que el Hospital Universitario San Jorge suspendió servicios a afiliados de Nueva EPS.
En educación, aunque el Ministerio de Educación anunció la recuperación del servicio para la totalidad de los estudiantes afectados, no todos han podido regresar a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras.
En el Valle del Cauca, al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales. En Calarcá, la institución educativa San Bernardo atendía a más de 1.000 estudiantes en 81 carpas, con dificultades de acceso a energía, baños y sistemas adecuados de drenaje.
La Defensoría también encontró retrasos en la asignación de recursos para intervenir las instituciones educativas y problemas en el Programa de Alimentación Escolar, relacionados con alimentos en mal estado, entregas incompletas y demoras.