La ceremonia continúa programada para el viernes 7 de agosto en Cali.La decisión sobre si el Congreso podrá sesionar en Cali durante la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella quedó en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que ese despacho admitiera una demanda que pide suspender el traslado de sede previsto para el próximo 7 de agosto.
La admisión del proceso no significa que el traslado haya sido suspendido. Por ahora, el Tribunal apenas abrió el trámite judicial y solicitó información a varias autoridades antes de definir si concede o no la medida cautelar que busca detener temporalmente la decisión tomada por el Senado y la Cámara de Representantes.
El auto fue emitido el pasado 3 de agosto por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, quien aceptó para estudio la acción popular presentada por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera. Dentro del proceso también fue vinculado el presidente electo Abelardo De La Espriella, en calidad de tercero con interés directo en el resultado del caso.
La demanda había sido presentada el 30 de julio y busca proteger derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, además de la transparencia y la legalidad del gasto.
El ciudadano que interpuso la acción dejó claro en el documento que su objetivo no es impedir la posesión presidencial. La solicitud está enfocada en que el traslado del Congreso a Cali cuente con los respaldos necesarios en materia jurídica, presupuestal, logística y de seguridad antes de que se ejecute.
Dentro del proceso fueron llamadas siete autoridades para entregar información y responder ante el Tribunal: el presidente del Congreso, el ministro de Defensa, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el alcalde de Santiago de Cali.
Estas entidades tendrán diez días, después de ser notificadas, para contestar la demanda y presentar las pruebas que consideren necesarias.
Además de admitir la acción popular, el Tribunal pidió documentos específicos para tomar una decisión frente a la medida cautelar solicitada. Al presidente del Congreso le solicitó los soportes que expliquen cómo fue aprobado el cambio de sede, mientras que al ministro de Defensa y al alcalde de Cali les pidió la información relacionada con los planes de seguridad y logística para la ceremonia.
El plazo entregado por el despacho judicial para recibir esa documentación vence este martes 4 de agosto a las 5:00 de la tarde. Después de revisar los soportes, el Tribunal determinará si ordena la suspensión provisional del traslado o si permite que continúe el proceso tal como fue aprobado por el Congreso.
Uno de los principales argumentos de la demanda está relacionado con el uso de recursos públicos. El accionante pidió que las autoridades informen cuánto estaba presupuestado para realizar la posesión en Bogotá, cuáles eran los costos previstos cuando se planteó llevarla al Cauca y cuánto se estima gastar finalmente en Cali.
También solicitó que no se ejecuten recursos adicionales derivados del cambio de sede mientras no exista una justificación sobre la necesidad, el respaldo presupuestal y la legalidad de esos gastos.
En caso de que el Tribunal no suspenda el traslado, se planteó una alternativa: que la posesión presidencial pueda mantenerse en Cali, pero condicionada a que las autoridades publiquen la documentación solicitada dentro de las 24 horas siguientes.