En los últimos dos años, en la provincia Guanentá, las comunidades de San Gil, Mogotes y Valle de San José, principalmente, se han movilizado contra el proceso de licenciamiento en la CAS, de la PCH en el río Mogoticos.
A un día de la primera Cumbre Internacional por el Agua organizada por la Gobernación de Santander, voceros de movimientos ambientales de las provincias Guanentá y Comunera están llamando la atención sobre las diferentes amenazas existentes sobre las fuentes hídricas de la regiòn, el manejo de las infraestructuras para su aprovechamiento y cuidado.
Una de las principales preocupaciones de los líderes es el riesgo que tienen los ríos por la posible masificación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, PCH. Julián Sánchez Ríos, vocero del Colectivo Popular Guane, dijo que se tiene conocimiento de la existencia de por lo menos 36 proyectos para desarrollarse en las aguas de las dos provincias, lo que generaría un grave daños para los ecosistemas, la soberanía alimentaria y el desplazamiento de campesinos a las ciudades por cuenta del deterioro de su actividad productiva.
Sánchez recordó lo que ha venido pasando con el río Oibita, en donde funcionan en la actualidad dos de estas infraestructuras y que en el primer semestre de 2024 presentó un fenómeno inédito y fue que varios tramos del trayecto hídrico se quedaron totalmente secos.
Cuestionan modelos de licenciamiento ambiental de proyectos
Luis Carlos Vesga León, presidente de Corpochanchón, organización ambiental de la provincia Comunera que viene haciendo acompañamiento y seguimiento a las posibles repercusiones de las PCH en esta fuente hídrica, dijo que cuando se habla con las comunidades, con los campesinos de la zona, es evidente la preocupación, el deterioro de las condiciones ambientales y como las personas no quieren mas proyectos de esta naturaleza.
Sánchez cuestionó los modelos de licenciamiento ambiental de esta clase de iniciativas, con estudios de capacidades de carga de agua que muchas veces no se ajustan a la realidad y que terminan en tiempos de crisis tomando agua hasta de las zonas de nacimiento, poniendo como prioridad la generación de energía y no el cuidado de la vida y la naturaleza.
En los últimos dos años, en la provincia Guanentá, las comunidades de San Gil, Mogotes y Valle de San José, principalmente, se han movilizado contra el proceso de licenciamiento en la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, de la PCH en el río Mogoticos, uno de los principales afluentes que llega al río Fonce, el principal cauce de la provincia Guanentá.
Todo eso se da en medio de una situación generalizada, coincidieron los voceros ambientales, y es que muchos municipios de la regiòn continúan enfrentando serias dificultades de desabastecimiento.
Críticas al modelo y funcionamiento institucional
Además de los cuestionamientos al papel de control desarrollado por la CAS, los ambientalistas manifiestan su desdén el desarrollo de las obras de inversión que se realizan especialmente desde el departamento, a través de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, y otras entidades.
Sánchez recordó como diferentes inversiones no han terminado en nada, como por ejemplo la represa la Batanera de Vélez, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Barichara, y la última y mas sonadas en también la PTAR de Curití que lleva dos años esperando por entrar en funcionamiento. Y así la lista es larga…
“La verdad a mí me da tristeza hablar de la Esant, hemos visto como entregan trabajos que no funcionan”, dijo Vesga, cuestionando la falta de eficiencia histórica de la entidad y el departamento en este tema, que contrasta con un problema clave y es que, en los sectores rurales, aunque las comunidades se han organizado para tener sus acueductos, casi ninguno cuenta con agua potable.