La elección, supuestamente irregular, del secretario de la Asamblea del Departamento, Jorge Arenas Pérez, podría conducir a la pérdida de investidura de trece de los dieciséis diputados, por irregularidades en ese procedimiento.
Una situación jurídica, única en su género, está a punto de comprometer la estabilidad de la Asamblea de Santander.
La elección, supuestamente irregular, del secretario de la Asamblea del Departamento, Jorge Arenas Pérez, podría conducir a la pérdida de investidura de trece de los dieciséis diputados, por irregularidades en ese procedimiento.
Solo quedarían excluidos los servidores públicos Danovis Lozano, Diana Jimena Becerra y Francisco González Gamboa, quienes se retiraron del recinto el día de la elección.
Los tres diputados señalaron ese día presuntas ilegalidades del proceso, que según ellos, eran más que evidentes. Y así lo acaba de confirmar la justicia. Al menos, parcialmente.
Un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, la semana pasada, declaró nula la elección de Arenas Pérez, secretario general de la Asamblea y puso al descubierto varias supuestas irregularidades.
El Tribunal señala errores de procedimiento en dicha elección, para el periodo 2024, que ponen en tela de juicio la transparencia de todo el proceso.
Según el Tribunal, el acto de elección o reelección, para este caso, del secretario general de la Asamblea, adolece de expedición irregular, por violación en las normas en que debía fundarse.
El 27 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander había suspendido de manera provisional la elección de Arenas Pérez como secretario de la Asamblea Departamental para la vigencia 2024.
Ordenó además que, Arenas Pérez debía apartarse de su cargo hasta que el Tribunal falle de fondo la demanda de nulidad de su elección como Secretario de la Asamblea y que la mesa directiva de la Asamblea debería elegir secretario encargado.
Elección del secretario de la Asamblea y los demandantes
Jorge Arenas Pérez fue elegido en plenaria de la Asamblea Departamental el 16 de enero de 2024.
Los ciudadanos Óscar Javier Arias Ferreira y Thomas Fernando Monsalve Chaparro, consideraron posibles irregularidades en su elección y la demandaron.
El pasado 12 de septiembre el Tribunal Administrativo falló en primera instancia y declaró la nulidad del acto electoral por medio del cual fue elegido el Secretario General de la Asamblea.
El magistrado ponente, Iván Fernando Prada Macías, consideró que se configuraron tres presuntas irregularidades en el proceso de elección:
1. Infracción del plazo mínimo para la publicación de la convocatoria antes del inicio de las inscripciones.
Sobre el particular, el abogado defensor del exsecretario de la Asamblea, Juan Nicolás Gómez Herrera, explica que se refiere a “los términos de la publicación, contenidos en la Resolución de convocatoria del concurso para esa elección”.
2. El supuesto conflicto de intereses de Jorge Arenas Pérez, al fungir como supervisor del contrato suscrito con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol), operador logístico del proceso de selección.
El abogado Gómez Herrera precisó que los demandantes alegaron que Jorge Arenas Pérez, secretario de la Asambla de Santander, supuestamente obró como interventor del contrato con la Confadicol.
3. La entidad encargada de dirigir el proceso de convocatoria pública, supuestamente no cumplió con el estándar de idoneidad, debido a que Confadicol “no es una institución educativa superior con alta acreditación de calidad…”
Bajo estos criterios, el Tribunal Administrativo de Santander declaró nulidad del acto electoral contenido en el acta de sesión No 0003 del 16 de enero de 2024.
Por medio de dicha acta se designó a Jorge Arenas Pérez como secretario General de la Asamblea de Santander, para el periodo 2024.
De los diputados de la Asamblea de Santander están en veremos, debido a irregularidades en la elección del Secretario General de esa corporación, señaladas por el Tribunal Administrativo de Santander, en un fallo de primera instancia.
Apelan nulidad de elección del secretario de la Asamblea
El abogado defensor del Secretario General de la Asamblea advirtió que el fallo del Tribunal Administrativo optó por una “vía de hecho, por defecto fáctico, por indebida valoración probatoria” y presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.
Sobre las presuntas irregularidades señaladas por el Tribunal, el abogado argumentó en su apelación que no hubo infracción del plazo mínimo para publicar la convocatoria para la elección del Secretario de la Asamblea.
El cronograma, dijo, se ajustó a los actos administrativos que expidió la Asamblea, en virtud de las atribuciones otorgadas por la Ley 2200 de 2022″, que establece el régimen político y administrativo que rige a los departamentos como entidades autónomas y descentralizadas.
Esos actos administrativos, explicó, son la Resolución 148 del 6 de diciembre de 2023, modificada parcialmente por la Resolución 002 del 10 de enero de 2024.
Sobre el supuesto conflicto de intereses de Arenas Pérez, por haber sido supervisor del contrato con Confadicol, el abogado aclaró que esa función le correspondió realmente al Presidente de la Asamblea Departamental de Santander.
“Actividad que ejerció hasta el 31 de diciembre de 2023 el doctor René Rodrigo Garzón Martínez”. Como pruebas, allegó las actas del proceso contractual y el informe de actividades.
Sobre el documento que apareció en la plataforma Secop II, donde quedó el nombre de Jorge Arenas Pérez, como supervisor del contrato, el abogado precisó que “se trató de un error de digitación de la persona encargada de subir los documentos a la web”.
Y destacó que se libró una certificación el 15 de enero de 2024, por el entonces presidente de la Asamblea, Jesús Alfredo Ariza Obregón, que aclara la presunta equivocación cometida, entre otras precisiones.
RECUADRO
Lo que viene
Con la apelación por parte de la defensa, será el Consejo de Estado el que dirima y valore el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander.
Si la sentencia se confirma, y se mantiene la nulidad del proceso de elección del Secretario General de la Asamblea de Santander, surge una nueva situación jurídico-administrativa, según algunos expertos.
Tal desenlace generaría la presentación de una posible demanda, que podría dejar a trece diputados sin su investidura y a Santander prácticamente sin Asamblea Departamental, lo que obligaría a nuevas elecciones. Aún falta mucho camino por recorrer.