Fiscalía pidió que sean cobijados con medida de aseguramiento intramural y sin beneficio de casa por cárcel.
Por su participación en el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic, que se dio en Bucaramanga cuando Rodolfo Hernández era alcalde, cinco exfuncionarios de la Emab y un contratista fueron condenados a más de ocho años de prisión.
Se trata de José Manuel Barrera Arias, entonces gerente de la Emab (11 años de prisión); Rubén Enrique Amaya Vanegas, exjefe de Disposición Final (13 años); César Augusto Fontecha Rincón (12 años), exjefe de la Sección Jurídica; Abelardo Durán Leyva (12 años), quien fungió como subgerente Técnico Operativo; Abigail León Nieves (12 años), entonces subgerente Administrativa Financiera y Jorge Hernán Alarcón, contratista.
“No tienen derecho a la suspensión de la pena ni a la prisión domiciliaria. Se niega la prisión domiciliaria en calidad de padre cabeza de familia solicitada por Fontecha Rincón, por las razones expuestas. Se ordena que una vez quede en firme se dé la captura y sean privados de la libertad y sean recluidos en centro penitenciario”, afirmó el juez Juan Carlos Morales Melendez.
El polémico contratista Jorge Hernán Alarcón (9 años de prisión) fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria toda vez que se encuentra con algunos problemas de salud. Sin embargo, al condena deberá ser efectiva y suscribir un acta de compromiso.
El abogado de José Manuel Barrera, exgerente de la Emab, Henry Zapata, confirmó que apelarán esta decisión.
Así fue la participación de los exfuncionarios de la Emba en el cas Vitalogic
En su momento la Fiscalía reveló que en su poder reposan pruebas que demostrarían que Rodolfo Hernández Suárez, como alcalde de Bucaramanga, intervino para que el contrato de consultoría 096 de 2016, que tenía como objeto realizar la elaboración y evaluación técnico-ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de residuos sólidos de El Carrasco, le fuera adjudicado al contratista Jorge Hernán Alarcón, como finalmente sucedió.
Además del direccionamiento del contrato, la Fiscalía también denunció en su momento que tanto el exgerente José Manuel Barrera, como el contratista Jorge Alarcón, falsificaron documentos tanto públicos como privados para tratar de legitimar el millonario contrato de asesoría.
“En julio de 2016, desde la Emab, con la firma de su gerente José Manuel Barrera, se publicaron seis actas desde la apertura del proceso de invitación para el contrato de consultoría hasta la declaratoria de desierta de la misma. Sin embargo, todas eran falsas. Así mismo, en el proceso, Jorge Alarcón presentó dos propuestas de otros dos ingenieros que supuestamente estaban interesados en participar. Sin embargo, dichas ofertas eran falsas, ya que el señor Alarcón habría falsificado la firma de los dos ingenieros tal y como testificaron los dos implicados”, dijo la Fiscalía en 2021.
Por haber avalado o participado en la elaboración de la documentación adulterada, la Fiscalía también acusó al exdirector Jurídico de la Emab, César Fontecha, y al exsubgerente Técnico y Operativo de la entidad, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, exjefe financiero de la Emab. Todos ellos serán condenados, según informó el ente acusador.
Para la Fiscalía, la firma del contrato de consultoría 096 de 2016, entre la Emab y Jorge Alarcón, fue determinante para que Vitalogic lograra quedarse con el manejo de las basuras de la ciudad con el uso de nuevas tecnologías, toda vez que fue el propio Alarcón Ayala quien viabilizó la propuesta de Vitalogic RSU, a pesar de que la firma no había presentado en su oferta una póliza de garantía como lo exigía la Ley y como estaba estipulado en la licitación.
Los cargos de cada uno de los implicados en el caso Vitalogic
La Fiscalía General de la Nación imputó a José Manuel Barrera, exgerente de la Emab, los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. A Al contratista Jorge Hernán Alarcón interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado. A Abigail León Nieves, entonces subgerente Administrativa Financiera, se le señala de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ruben Enrique Amaya, exjefe de Disposición Final, fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Abelardo Durán Leyva, quien fungió como subgerente Técnico Operativo responderá por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por último, César Augusto Fontecha Rincón, exjefe de la Sección Jurídica por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.