El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, defendió su decisión de declarar insubsistentes a varios funcionarios que no presentaron su renuncia protocolaria.
El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, defendió su decisión de declarar insubsistentes a varios funcionarios que no presentaron su renuncia protocolaria y aclaró que, según su interpretación, la Ley de Garantías comenzó a regir apenas este 8 de noviembre. En entrevista con Vanguardia habló del clima interno en la Alcaldía y explicó sus primeras acciones para reforzar la seguridad de la ciudad.
Javier Sarmiento, alcalde designado de Bucaramanga, confirmó su decisión de declarar insubsistentes a los funcionarios que no presentaron su renuncia protocolaria. En la lista figuran cuatro secretarios de despacho, cuatro subsecretarios, el tesorero municipal y cuatro asesores. El mandatario también insistió en que la Ley de Garantías comenzó a aplicarse desde ayer, y no desde el pasado 14 de octubre, como sostienen varios sectores políticos que cuestionan su gestión.
En entrevista con Vanguardia se refirió a una especie de “boicot” de funcionarios de primer nivel de la administración municipal, a un clima de comentarios y chismes, y a un tono de desinformación sobre sus decisiones. En tal sentido, por ejemplo, aseguró que algunas secretarías no le han entregado aún un informe del balance desarrollado, especialmente en el tema de contratación.
Sarmiento, designado por el gobernador de Santander, aseguró que su labor es “potenciar, fortalecer y continuar el plan de desarrollo que aprobaron los bumangueses”. Agregó que presentará un proyecto para crear la Secretaría de Seguridad y que el proyecto, en conjunto con la Gobernación de Santander y varios municipios, para crear un gran Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad, se cayó ante el Gobierno Nacional por falta de gestión local y regional.
¿Qué pasa con los pedidos de renuncia que usted hizo durante esta semana al gabinete? Algunas voces señalan que van en contra de la Ley de Garantías.
Lo primero que hay que decir es que es un procedimiento habitual solicitar las renuncias protocolarias, y eso, digamos, está permitido, es de ley. Ahora, pretender, en un periodo tan corto de transición, como lo dije en mi posesión, venir a hacer cambios radicales, totales y profundos, evidentemente no. Primero, porque no es mi interés. Segundo, porque debo garantizar la operación de la Alcaldía. Sin embargo, hay que advertir que solicité las renuncias, reitero, protocolarias. Se solicitaron el jueves. Tenían plazo hasta las 10 a. m. No se presentaron las renuncias.
Es decir, aquí hubo, ¿cómo pudiéramos denominarlo?, una alianza para evitarlas. Quedé muy sorprendido, porque esto en el servicio público no se ve. Las personas que hemos ocupado cargos de libre nombramiento y remoción sabemos que, desde el día siguiente de ser nombrado, usted tiene que tener su carta a disposición. Eso es parte de los procedimientos normales. Segundo, esto está en la facultad nominadora, que está en la ley y que permite hacer esto. Claro, por supuesto, siempre se deben adoptar estas decisiones bajo criterios objetivos para mejorar el servicio. Los secretarios que se negaron a presentar su renuncia me pidieron que los escuchara. Ellos hacen unas argumentaciones en dos sentidos: la primera es del orden humano y familiar, lo entiendo; también hacen una argumentación jurídica en el sentido de que estábamos en Ley de Garantías.
Según la Directiva Nº 005 de la Procuraduría, estamos, en medio del proceso de elecciones atípicas, es decir, en Ley de Garantías.
Desde el primer día alguien me preguntó si estábamos en Ley de Garantías. No, evidentemente no. Después entran a decir que voy a infringir una directiva que emite unas recomendaciones de la Procuraduría, documento que tiene alguna referencia a las elecciones atípicas. Mal haría, viniendo de trabajar cinco años en este ente de control, en desconocerlo. Esa es mi gran certeza y tranquilidad jurídica. Esto no es caprichoso. La Ley de Garantías comienza el 8 de noviembre (ayer) por las elecciones al Congreso.
Consultadas fuentes de la Misión de Observación Electoral, la Registraduría y expertos afirman lo contrario. Desde que se convocaron las elecciones atípicas en Bucaramanga, estaríamos en Ley de Garantías, aseguran los expertos.
Dicen que para interpretaciones jurídicas, los abogados. No está en vigencia la Ley de Garantías para las elecciones atípicas por lo siguiente: primero, porque la ley que todos conocemos no lo contempló; segundo, se tramitó ante el Congreso de la República una ley estatutaria orientada a hacer esa regulación, y ese trámite se cayó. Entonces, no hay una regulación específica que contemple esto. La directiva de la Procuraduría se emitió, por lo que uno observa y lee, de manera transitoria ante esa problemática, pues no existía la ley estatutaria. Esta directiva emite unas recomendaciones, y no vamos a entrar en la discusión de qué es un concepto, qué no es vinculante o qué unas recomendaciones se pueden acoger o no. Pero, en gracia de discusión, ellos pueden exponer estos argumentos, aunque si a usted le piden la renuncia protocolaria, usted la presenta. Eso es de señorío, de ética y de moralidad pública. Ahora, ¿qué pueden hacer esas personas en ejercicio del acceso a la justicia para controvertir las decisiones? Instaurar acciones de tutela, y está bien. Y las órdenes judiciales las respetaremos, pero usted no puede oponerse verbalmente a una decisión que hace parte de la facultad nominadora. También pueden acceder a los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa e interponer una acción de nulidad simple o de nulidad del restablecimiento del derecho y solicitar medidas cautelares o preventivas de suspensión provisional del acto, y los jueces de la República fallarán.
Yo parto de la presunción de la buena fe. No puedo llegar a presumir que están haciendo cosas que no corresponden. Pero tengo que fijar unos controles.
El exalcalde Jaime Andrés Beltrán aseguró que el pedido de renuncias y la declaración de insubsistencias responderían al edificio de al frente, es decir, a la Gobernación de Santander. ¿Cómo está la independencia de Javier Sarmiento frente al gobernador de Santander?
Varias cosas por precisar. Al señor gobernador de Santander no lo conocía. Él me hizo una entrevista, y nos conocimos. Atendiendo, seguramente, a criterios objetivos, determinó que era yo el alcalde, y no eran las otras dos personas, igual de competentes, honestas y respetables. No tengo compromiso con él ni con nadie, hermano. Y sin ingresar al fanatismo religioso, mi compromiso es con Dios y con hacer una administración recta. Entonces, ahora dicen que soy de un color, que soy del otro, que soy de un señor por ahí que como que mencionan mucho, que ni sé quién es. Yo no tengo compromiso con nadie. Los bumangueses pueden tener la tranquilidad de que mis decisiones están fundamentadas en la legalidad, la moralidad, la ética y la objetividad, y todo orientado a mejorar el servicio.
¿Firmará más insubsistencias?
No. No se han contemplado. Estos cambios son, de alguna manera, en principio, minimalistas, orientados a proteger el patrimonio público de los bumangueses; dos, a evitar actos de corrupción; tres, a evitar actos de participación en política, que me tienen muy preocupado. Y en esto, como ustedes han observado, no me temblará la mano en denunciar a quien corresponda penalmente e interponer las quejas disciplinarias.
Sobre estas personas que fueron declaradas insubsistentes, ¿cabe la presunción de participación en política en la Alcaldía de Bucaramanga?
Yo parto de la presunción de la buena fe. No puedo llegar a presumir que están haciendo cosas que no corresponden. Pero tengo que fijar unos controles. Tengo mi derecho, en el marco de la facultad nominadora, de establecer controles con esas premisas. No estoy diciendo que ellos lo hagan o lo estén haciendo, porque si tuviera certeza, los denunciaría. Dicho de otra manera, son controles orientados a prevenir. Por eso solicité a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República el acompañamiento en un control previo y concomitante para los procesos de contratación.
¿Le preocupa, desde la presunción, algún tema o área específica de la administración municipal que genere este acompañamiento especial?
El proceso de empalme no ha terminado. Hay que hacer dos cosas a la vez: realizar el empalme y garantizar la operación de la administración. Entonces, por ejemplo, muchos secretarios y secretarias no han entregado los informes de empalme, me informa mi equipo. No se han entregado la totalidad de los informes de empalme, y eso llama la atención. Ahora, ¿qué me preocupa, como le debería preocupar a cualquiera? La contratación. No he sido informado de adjudicaciones que están ocurriendo. Presumo que son legales, porque tampoco vengo a parar los procesos, pero lo mínimo que se debe hacer es reportar al superior e informar los trámites que se adelantan.
El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, defendió su decisión de declarar insubsistentes a varios funcionarios que no presentaron su renuncia protocolaria y aclaró que, según su interpretación, la Ley de Garantías comenzó a regir apenas este 8 de noviembre. En entrevista con Vanguardia habló del clima interno en la Alcaldía y explicó sus primeras acciones para reforzar la seguridad de la ciudad. Pero usted es el Alcalde, y no sabría, a hoy, a ciencia cierta cómo avanza la administración local.
Reitero, llevamos, ¿cuántos días hábiles? Cinco de la primera semana y esta semana tres. Aquí lo que hay es un tema de moralidad y ética pública. Los funcionarios y secretarios deben reportar. Yo no tengo la bolita de cristal para conocer todos los aspectos. Por eso son tan importantes esos informes de empalme y el acompañamiento de los entes de control. Aquí hay mucho murmullo, chismes, corrillos y redes sociales. Aquí se ha tratado a todo el mundo con absoluto respeto, y lo que sí he recibido son groserías, ataques, improperios, injurias, tal vez calumnias, que eso lo iremos a mirar posteriormente.
¿De dónde vienen las personas que reemplazarán a los funcionarios declarados insubsistentes?
Se ha hecho un análisis de hojas de vida de personas con suficiente experiencia. Por ejemplo, el secretario jurídico es un exmagistrado del Consejo de Estado que está más allá del bien y del mal, llegando a los 60 años. Se trata de gente muy seria, ponderada, sin investigaciones históricas, como yo tampoco las tengo. Son personas comprometidas con el servicio público, con estándares altos en esta materia, que vienen a prestarle un servicio a la ciudad.
Muchos secretarios y secretarias no han entregado los informes de empalme. Ahora, ¿qué me preocupa, como le debería preocupar a cualquiera? La contratación.
Cambiando de tema, usted habló que uno de sus objetivos es la seguridad. ¿Cuál es la solución para mejorarla? Porque de discursos venimos desde muchas alcaldías atrás. ¿Qué hará en concreto en estas seis semanas para mejorar la seguridad?
Lo primero que diría es que no puedo salir aquí con historias de grandes proyectos a mediano y largo plazo. Eso lo decidirá la persona que llegue. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo? Estuve en Bogotá y tuve una reunión en el Ministerio del Interior y con el director general de la Policía Nacional. La otra semana tengo cita con el ministro de Defensa.
Antes de seguir, déjeme aclarar algo: mal se dijo que me fui para Bogotá para evadir la firma de las insubsistencias. El día que repartieron la cobardía, yo no estaba. Cobarde no soy y hago todo de frente. Lo que me dicen es que se trata de una práctica milenaria, que el alcalde se va para no asumir la responsabilidad. Conmigo no es así. He firmado insubsistencias y nombramientos sin problema ni susto.
Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en el tema de seguridad? Vamos a tener un fortalecimiento del pie de fuerza para la última semana de noviembre y diciembre con policías profesionales. También vamos a reforzarlo con estudiantes de las escuelas de formación de Vélez, que vendrán los fines de semana. Solicité 200 uniformados y 150 más de la escuela de formación. Tercero, hay una alta probabilidad de contar con el helicóptero Halcón patrullando las calles de Bucaramanga. Cuarta medida: vamos a fortalecer rápidamente el fondo de seguridad que provee los servicios a la Policía Nacional. Esas serán las medidas iniciales.
Tenemos que hacer uso de la tecnología de cámaras cada vez más avanzadas, reconocimiento facial, reconocimiento de placas e inteligencia artificial. Le vamos a apuntar, si no lo logramos en este corto tiempo, a dejar radicado un proyecto en este sentido en el Ministerio del Interior, en Fonsecon (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), que se apalanca con recursos del Gobierno Nacional.
Meses atrás se habló en la región de un proyecto para la construcción de Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad, grandes centros integrados de monitoreo que enlazarían todas las cámaras de seguridad de la región y las dotarían de tecnología. En ese proceso estaba Bucaramanga. Usted habla de que radicó un proyecto en ese sentido. ¿Es el mismo proyecto o es otro?
Ese proyecto me parecía una buena iniciativa. Fue un trabajo entre la Gobernación de Santander y otros municipios, incluido Bucaramanga. Justo en la reunión en Bogotá fui enterado, tristemente, por el Ministerio del Interior y por el director del Fonsecon de que ese proyecto no prosperó por falta de gestión, de impulso y de monitoreo.