La Procuraduría sancionó a Genny Gamboa Guerrero, ex alcaldesa de California, Santander, con destitución e inhabilidad general de ocho años y seis meses. Para el Ministerio Público su “omisión provocó que el agua de la quebrada La Baja, ubicada en jurisdicción de ese municipio y afluente del Río Suratá, fuera contaminada con mercurio”, proveniente de la extracción ilegal de oro en zona de influencia del Páramo de Santurbán. Vanguardia realizó un investigación donde denunció el tráfico ilegal de mercurio en esta zona.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de ocho años y seis meses a la exalcaldesa de California, Santander, Genny Gamboa Guerrero, electa para el periodo 2020 – 2023, “al encontrar probada la falta de acciones que debía adelantar para prevenir, combatir y evitar las prácticas de minería ilegal” en la extracción de oro. Se trata de una decisión de primera instancia.
La Procuraduría asegura en sus decisión que “para la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular la omisión de la entonces mandataria condujo a que el agua de la quebrada La Baja, ubicada en jurisdicción de ese municipio y afluente del Río Suratá, fuera contaminada con mercurio, lo que debía evitar y que originó un riesgo grave y un deterioro de la salud humana para quienes se abastecen del líquido, y también para el medio ambiente”.
Para el organismo de investigación disciplinaria, Genny Gamboa Guerrero “quebrantó los principios de moralidad, eficacia y responsabilidad administrativa al pasar por alto el desarrollo de acciones efectivas de protección, tendientes a cumplir los deberes de vigilancia y control sobre este tipo de actividades que se realizaban en el municipio que dirigía”.
Adicionalmente la Procuraduría “formuló un segundo cargo a Gamboa Guerrero por no asistir entre el primero de enero y el 29 de marzo de 2023 como veedora y garante a las actuaciones para la concertación y conservación para la delimitación del Páramo jurisdicciones Santurbán -Berlín a lo que como primera autoridad del municipio estaba obligada. En ese caso Gamboa Guerrero afectó sus deberes sin justificación alguna, específicamente el principio de moralidad al no dar cumplimiento a la orden dada en ese sentido por la Corte Constitucional, y por ende también el de función administrativa al no coordinar sus acciones con las demás autoridades administrativas y alcanzar los fines estatales”.
La Sala de Juzgamiento calificó de forma definitiva las faltas en que incurrió la exalcaldesa como gravísima cometida a título de culpa gravísima por el primer cargo endilgado, y como grave a título de dolo la segunda.
¿Qué respondió la exalcadesa de California, Genny Gamboa Guerrero?
La exalcaldesa de California, Santander, Genny Gamboa Guerrero, le dijo a Vanguardia que organiza una rueda de prensa para dar a conocer su versión sobre la investigación y fallo de la Procuraduría General de la Nación. No obstante, mediante un mensaje aseguró que !así funciona todo en este país. Me indilgan responsabilidades disciplinarias de una temática que desborda las competencias de una alcaldesa, como lo fue para mi periodo de gobierno. Con la frente en alto continuaré con mi defensa hasta las últimas consecuencias”.
Gamboa Guerrero añadió que “tengo claro que no apoyar a Minesa, hoy en día Proyecto Soto Norte, tiene sus consecuencias negativas. Van nueve meses que terminé el mandado popular como alcaldesa, y pregunto: ¿ya está todo solucionado? Creo que no. El tema es que el alcalde actual por estar con la multinacional,no se menciona para nada”.
Polémica reunión con la Ministra de Ambiente Susana Muhamad
La exalcaldesa de California, Santander, Genny Gamboa Guerrero, se reunió hace unas semanas en Bogotá, para hablar de minería en la región de Soto Norte, con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad González. Tal cita generó el rechazo de un sector de los mineros de Soto Norte, al considerar que estas personas no eran sus voceros.
Mineros y alcaldes de Santander denuncian a la Ministra de Ambiente por incumplir Acuerdo de Escazú
Ante el Comité Internacional de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, conformado por delegados de siete países América Latina y Norteamérica, los alcaldes de seis municipios de Santander de la provincia de Soto Norte, asociaciones sociales, campesinos y pequeños mineros denunciaron a la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por la presunta violación y atentado contra los derechos a la información pública, la participación ciudadana de 35 mil personas, y otras disposiciones del Acuerdo de Escazú, aprobado como norma en Colombia a través de la Ley 2273 de 2022.
Lo más inaudito, según los denunciantes en Santander, es que justamente la ministra Muhamad fue una de las abanderadas del Acuerdo de Escazú tanto en su época de activismo político y ambiental, como ahora que es representante del Gobierno Nacional.
Según la denuncia, la jefe de la cartera ministerial de Ambiente ha actuado en contra de lo establecido en el tratado internacional al dilatar sistemáticamente procesos como la delimitación del Páramo de Santurbán y por eso afronta un proceso de desacato a una sentencia de la Corte Constitucional. La acusación contra la funcionaria también levanta una alarma sobre su anuncio de crear una zona de reserva temporal en Soto Norte, con el objeto de prohibir la minería, lo que en la práctica se extenderá a la agricultura, la ganadería, la construcción, y todas las actividades productivas como ya está pasando en regiones como Antioquia.
Igualmente, pidieron que se respete el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, que, si bien ya está finalizado en 7 de 40 municipios de Santander, la ministra lo estaría desconociendo a tal punto de dilatar un ejercicio que lleva más de siete años ‘en vilo’, dejando claro y con total evidencia su desinterés por cumplir el mandato judicial que exigen se concluya de la manera adecuada.
Los minertos afirman que “los santandereanos, especialmente los habitantes de Soto Norte, solicitaron urgentemente al Comité Internacional de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú su apoyo para exigirle al Gobierno Nacional, especialmente a la Ministra de Ambiente, que respeten los principios de acceso a la información y participación ciudadana, y la creación de mesas de concertación antes de la imposición de reservas temporales arbitrarias”.
Por ahora, el Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado al respecto. Vanguardia.com se comunicó con la cartera ministerial a la espera de una respuesta oficial.
