El director general (e) de Invías, Jhon Jairo González, respondió sobre el futuro de la Transversal del Carare, la vía Bogotá – Bucaramanga, el proyecto Curos – Málaga y el futuro para la variante de San Gil.
El panorama vial de Santander tiene varios pendientes de intervención y las comunidades siguen a la espera de inversiones.
Durante el XXII Congreso Nacional de Infraestructura, que se celebra en Cartagena, el director general (e) del Invías, Jhon Jairo González, se refirió a las principales preocupaciones del departamento como la Transversal del Carare, el corredor Zipaquirá – Bucaramanga, la variante de San Gil y el proyecto de Curos – Málaga.
Desde el pasado 25 de octubre, un movimiento en masa destruyó tres kilómetros de la Transversal del Carare y generó el cierre vial.
De acuerdo con González, el Invías gestiona recursos ante el Ministerio de Hacienda para contratar estudios y diseños, así como las obras para construir el nuevo trazado, que tendría cerca de cuatro kilómetros, para recuperar ese corredor.
En palabras del director de Invías, se esperan más de $140.000 millones para la intervención. Esa inversión dependerá del visto bueno de la cartera de Hacienda para el traslado presupuestal.
“El instituto calculó $140.000 millones inicialmente para poder conectar, pero pueden ser muchos más recursos, eso depende de lo que nos arrojen los estudios y diseños”, afirmó González a este medio.
A esos montos se suman $50.000 millones que tendría proyectados el Invías para el mantenimiento del corredor durante el próximo año.
Aunque hay caminos alternos que se están utilizando para permitir el paso entre Vélez y Cimitarra, el director del Invías dejó claro que los recursos que invertirá esa entidad no se pueden destinar a vías alternas, sino a un nuevo tramo que, luego de estudios y diseños, se defina.
“No hay recursos para hacer el mantenimiento de esas vías que son departamentales. Esas vías están a cargo tanto de los municipios como del departamento”, puntualizó González a este medio.
La expectativa que tiene la entidad es que este año quede definido el contrato para recuperar la transitabilidad de esta vía.
Vía Bucaramanga – Bogotá: ¿qué va a pasar con el convenio Vías de los Comuneros?
El estado de la vía Bucaramanga – Bogotá es una de las principales preocupaciones para los santandereanos. Desde hace 52 días, comunidades de Santander levantaron las talanqueras de los peajes de Oiba, Curití y Los Curos, en señal de protesta por el estado del corredor.
Uno de los principales argumentos de las comunidades es que piden la aplicación del convenio Vías de los Comuneros, que fue el acuerdo que firmaron las gobernaciones de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, para reinvertir los recursos de los peajes para ejecutar obras en esta vía.
En su momento, se proyectaron inversiones por $2,4 billones que se gestionarían mediante créditos y cuya garantía de pago sería el recaudo de los peajes.
Una de las principales claridades que hizo el director del Invías es que este es un convenio macro que no tiene recursos asignados. De hecho, la cláusula quinta deja claro que el convenio marco no tiene “erogación presupuestal” de las partes. Es decir, no existe una obligación de financiación. Sin embargo, quienes lo integran pueden realizar aportes.
En principio este convenio iba a ser administrado por ENTerritorio, sin embargo, los valores de administración que contemplaba esa entidad superan las proyecciones del Invías.
Al sumar los cobros por la administración del convenio y de los peajes, se estaría requiriendo del 34 % de lo recaudado. En ese sentido, en la propuesta inicial del convenio, de cada 100 pesos recolectados, 34 se tendrían que destinar para fines administrativos.
Ante esa situación, una de las opciones que busca el Invías es que Findeter asuma el manejo del convenio. En ese sentido, pretenden bajar los costos por administración a un 20 %, aproximadamente.
No obstante, aún falta que Findeter defina si acepta o no asumir este convenio. Una de las propuestas iniciales es bajar el alcance en tiempo del convenio.
Con la nueva propuesta se haría a cinco años, y se buscaría la rehabilitación del corredor, para revisar los estudios y diseños de las obras que se podrían ejecutar.
“El convenio de los Comuneros es un convenio marco que no tiene recursos, no está fondeado. Es un convenio que funciona con los recursos de los peajes en donde una banca multilateral adquiere un crédito para invertir en el corredor”, advirtió el director general del Invías.
Adicionalmente, González reiteró que para el año entrante se destinarán nuevos recursos para el mantenimiento del corredor.
“Seguimos con el mantenimiento y unas inversiones para el próximo año por $45.000 millones en el corredor desde Zipaquirá hasta San Alberto”, dijo González.
En la actualidad, hay un contrato para ese corredor que fue adjudicado hace varios meses y asciende a los $26.679 millones. Con esa cifra, se debe realizar el mantenimiento de la vía en diferentes tramos de este corredor que suma más de 500 kilómetros entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar.
Variante de San Gil: recursos llegarían en 2026
La finalización de la variante de San Gil es otra de las necesidades del departamento. Según informó el directivo del Invías, para el año entrante se proyecta una nueva inyección de recursos para terminar su primera fase.
Según informó el Invías, se destinarán $70.000 millones para la construcción de 1.8 km (del PR4+500 al PR6+300) para hacer funcional la variante con una salida hacia Barichara.
Inversión adicional para la vía Curos – Málaga
Otra de las novedades para Santander es que Invías estaría gestionando una inversión adicional a la que ya se ejecuta, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Es decir, además de los $85.000 millones previstos para ejecutar en 2026, se estarían agregando otros $70.000 millones para esta vía.
“Estamos revisando poder hacer un convenio con otra entidad y poder llevar esos recursos el año entrante a Curos – Málaga”, dijo el directivo del Invías.
Según conoció este medio, estos recursos servirían para apoyar intervenciones de puntos críticos y que el contrato, que va hasta 2029, amplíe su alcance en pavimentación.