La justicia continúa armando el rompecabezas de presunta corrupción de exalcaldes y exfuncionarios de Los Santos que habrían aprovechado la necesidad de agua de los habitantes de este municipio para firmar contratos que no cumplirían con los requisitos para ejecutarse.
El pasado viernes, 17 de octubre, la Fiscalía General de la Nación imputó al exalcalde de Los Santos, Santander, Jaime Arenas, por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, en concurso heterogéneo y sucesivo con peculado por apropiación.
El ente acusador explicó que, en la vigencia 2016, el entonces mandatario habría estado inmerso en irregularidades en dos contratos y un convenio interadministrativo que habría tenido como víctima al municipio.
Se habrían aprovechado de la ‘sed’ de los santeros
En Los Santos, Santander, ocurre algo irónico. Mientras el sector urbano tiene suministro de agua las 24 horas, al sector rural, que es el 60 % del municipio, le toca esperar agua bombeada cada cierto tiempo o que se le suministre a través de uno de los carrotanques con los que cuenta el municipio.
Para el caso de algunas veredas, como la de Los Pozos, llega agua cada tres días. Sin embargo, cuando el verano se intensifica, pasan hasta ocho días sin recibir una sola gota
Esta situación histórica de sequía que atraviesa el municipio habría sido usada por autoridades para firmar contratos en los que se habría engañado a los beneficiarios y, además, se ponía en riesgo su vida.
La Fiscalía explicó que el exalcalde Jaime Arenas habría firmado dos contratos para la compra y transporte de agua que sería entregada a habitantes del sector rural que padecían por la falta del líquido. Sin embargo, los contratos habrían sido suscritos con una empresa que no era idónea para tal fin.
Asimismo, el ente acusador indicó que el entonces mandatario habría pactado un convenio con el Cuerpo de Bomberos de Los Santos en el que se había acordado llevar cierta cantidad de viajes de agua para las veredas, pero ese número habría estado por debajo de lo establecido.
En su exposición, la fiscal Cuarta Seccional de Administración Pública manifestó que “se verificó que los viajes de agua transportada en carrotanques eran 660 y, efectivamente, se evidenció que se ejecutaron 600 viajes, quedando el faltante de 60 viajes, equivalente a $21 millones”.
Durante la audiencia también fue imputado el ingeniero civil Diego Felipe Jiménez Zapata, quien habría hecho parte de la Administración del exalcalde Arenas.
Al respecto, el veedor que interpuso la denuncia sobre este caso, Luis Emilio Cobos, afirmó que “a finales de 2015 me di cuenta de que se estaban cometiendo irregularidades con contratos para llevar agua a los habitantes de Los Santos. Varias personas me informaron que el agua que se les llevaba no era potable y la estaban sacando de algunas microcuencas del municipio y también de agua extraída del río Manco”.
Cobos dijo que “el agua no era comprada a ninguna empresa certificada y carecía de los análisis respectivos para verificar sus condiciones de potabilidad. Eso se convirtió en un cartel entre el Cuerpo de Bomberos y varios alcaldes. Contrataron sumas millonarias sin calidad ni la cantidad requerida”.
Los demás imputados
En septiembre pasado, durante el desarrollo de una audiencia, la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos a Manuel Enrique Salazar, representante legal de los Bomberos de Los Santos, y al exalcalde de Los Santos, Bernardo Almeyda, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Por su parte, al exsecretario de Planeación, Óscar Iván Chaparro, le fueron endilgados los cargos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La fiscal Cuarta Seccional expuso en su momento que Manuel Enrique Salazar “a pesar de que se le entregaron dineros para ejecutar los contratos, finalmente no se cumplió con la totalidad de los litros que habían adquirido y menos se cumplía con la calidad de agua potable que se exigía que llegara a los ciudadanos del municipio de Los Santos”.
La fiscal argumentó que, del total de los dineros que la Alcaldía de Los Santos le entregaba a Bomberos para los contratos de agua, tan solo se habría ejecutado el 2 % de los mismos.
Con respecto a la denuncia de que la cantidad de agua reportada no correspondía con la entregada a las personas, esta redacción conversó con un habitante de la vereda Las Delicias, quien aseguró que “cuando llegaba el carrotanque nos entregaban agua para consumo. Nos hacían firmar planillas, hasta tres de una vez, y cuando les preguntábamos por qué tantos papeles ellos nos decían que eran copias”.
Esta misma persona aseguró que “cuando los interrogábamos si esa agua se podía tomar, ellos decían que sí. Pusieron en riesgo nuestras vidas”.
En tal sentido, el abogado Wilson Sánchez Camacho afirmó que dichas planillas eran reportadas por aparte para demostrar que le habían entregado varias veces agua a una persona y justificar los altos costos de los contratos.
En los años 2020, 2021 y 2023 se habrían firmado tres contratos con el mismo objeto y se habrían ejecutado con irregularidades.
Se espera que el proceso sea remitido a un juez de conocimiento en Bucaramanga para que las demás etapas procesales se adelanten.