Los comerciantes formales, los dueños de las casetas que venden revistas y periódicos, se sienten “atropellados” por la Administración Local: “Somos víctimas de la arbitrariedad oficial”, aseguran.
Durante décadas, las casetas de ventas de periódicos y revistas han sido parte esencial del paisaje urbano, especialmente en el centro de Bucaramanga. No solo constituyen puntos de encuentro con la información y la cultura impresa, sino que representan un oficio digno que ha sobrevivido a los embates del tiempo.
Sin embargo, hoy esos pequeños templos de papel enfrentan una amenaza que no proviene de la ilegalidad ni de la informalidad, sino de la misma autoridad que pretende desplazarlos.
El caso de Helman Zúñiga es una muestra clara de este tipo de abuso. A pesar de que su puesto de expendio, ubicado en la calle 36, entre carreras 18 y 19, contaba con todos los papeles en regla, fue retirado sin una explicación válida hace pocas semanas.
No se trata de un hecho aislado: lo mismo les ocurrió a José Pimiento y a Ana Rosa Jaimes, trabajadores honestos que quedaron sin sus casetas, a pesar de que toda su documentación acreditaba la legitimidad de su labor.
La denuncia del Sindicato de Vendedores de Periódicos, Revistas, Confitería, Refrescos y Similares, Sivoprensim, no deja lugar a dudas: “Existe una estrategia sistemática para erradicar las casetas del centro de Bucaramanga. Se nos desaloja con el pretexto de recuperar el espacio público, pero, en la práctica, lo que quieren es cederlos nuestro lugar a negocios particulares con mayor poder económico”.
“En otras palabras, están barriendo con el pequeño comercio legal para abrirle paso a grandes intereses privados. Es un abuso”, asegura Pedro Pablo García Salazar, vocero del gremio.
Según él, la Alcaldía está expidiendo órdenes de desalojo de manera irregular, ignorando los documentos que certifican la legalidad de las casetas: “Lo más indignante es que, mientras los vendedores informales se multiplican en calles y andenes, la persecución recae sobre nosotros, que cumplimos con la ley, pagamos impuestos y mantenemos vivo un oficio amparado desde 1975 por los Decretos 093 y 197, además de varios acuerdos del Concejo que ratifican nuestro derecho a trabajar”.
“Nuestras casetas representan un patrimonio que no se puede desalojar”, argumentó Carlos Julio Colmenares, otro dueño de caseta, quien también se siente amenazado.
“La Administración habla de ‘entornos amables’ y de una supuesta resistencia natural al cambio de nuestra parte, pero la realidad es que el despojo no golpea a quienes invaden el espacio público de manera ilegal, sino a quienes lo han ocupado con el respaldo de la norma y el reconocimiento institucional”, afirma María Esther Meza, propietaria de una de las casetas afectadas. Y añade: “Es absurdo que nos quieran sacar a nosotros, los legales, mientras los informales siguen creciendo a la vista de todos”.
El gremio de vendedores ya anunció una ola de demandas contra la Alcaldía y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), denunciando la violación de derechos fundamentales como el trabajo y la propiedad. Los integrantes de dicha asociación no piden privilegios: exigen respeto. “No es justo que la fuerza de los poderosos borre con un plumazo la memoria de quienes hemos entregado la vida entera a la venta de periódicos y revistas, un oficio que ha sido, durante años, la ventana diaria de Bucaramanga al mundo”, precisó Miguel Pedraza, otro vendedor afectado.
Hasta el momento, la Alcaldía de Bucaramanga, a través del DADEP, entidad encargada de velar por el espacio público, no ha emitido pronunciamiento alguno sobre esta grave denuncia de los comerciantes formales.