El aumento, que llegará de manera gradual a las facturas entre septiembre próximo y febrero de 2027, mantiene abiertas las críticas de usuarios, veedores y concejales. Una nueva acción de tutela pone el foco en la protección de los derechos de quienes pagan el servicio.
El cobro del agua potable llegará más cara a los hogares de Bucaramanga, Girón y Floridablanca, pero la discusión sobre si el incremento debe aplicarse en las condiciones anunciadas está lejos de terminar. Mientras el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) sostiene que el ajuste responde a una nueva metodología tarifaria de carácter nacional, usuarios y veedores mantienen su inconformismo y han acudido incluso a los tribunales para pedir que se revise la medida.
El nuevo marco tarifario fue establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante la Resolución 1032 de 2026. La norma sustituyó la metodología anterior para los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado y estableció que las tarifas derivadas de ella comenzaron a aplicarse a los consumos generados desde el primero de julio de este año.
En Bucaramanga, el amb optó por aplicar el ajuste de manera gradual para evitar que el impacto llegara de una sola vez al bolsillo de los usuarios. Y aunque la metodología entró en vigencia hace un mes, el incremento comenzará a sentirse en las facturas que se expidan a partir de septiembre y avanzará progresivamente hasta febrero de 2027.
Para un hogar de estrato 3, de acuerdo con las proyecciones entregadas por la empresa, el primer aumento sería de unos $8.600 en septiembre. Después, la factura tendría incrementos mensuales cercanos a $879, hasta llegar en febrero a un aumento acumulado de aproximadamente $13.255 frente a lo que ese hogar pagaba en agosto de 2026.
La gradualidad, sin embargo, no ha logrado apagar la molestia ciudadana. La última expresión de ese inconformismo es la acción de tutela instaurada por Harold Antonio Linero Pérez contra el amb y la CRA.
El accionante plantea la discusión más allá de una simple inconformidad con el valor del recibo. El artículo 365 de la Constitución establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado; el 367 señala que el régimen tarifario debe considerar, además de los costos, criterios de solidaridad y redistribución; y el 369 reconoce que la ley debe establecer los derechos de los usuarios y sus mecanismos de protección y participación.
En ese contexto, el accionante considera que el incremento puede afectar, de manera conexa, el mínimo vital y la dignidad humana, al trasladar a las familias un mayor costo por un servicio esencial. Corresponderá ahora a la justicia determinar si los argumentos planteados tienen sustento y si existen vulneraciones de derechos que deban ser protegidas. (Lea además: Concejo cita al Acueducto por aumento de tarifas)
La tutela llega después de varias semanas de reclamos y acciones ciudadanas. A finales de julio, el veedor Ramiro Vásquez también recurrió a una acción de tutela contra el amb. Su cuestionamiento estuvo relacionado con la participación ciudadana y con la forma en que se habría socializado el nuevo esquema tarifario.
El reclamo, según él, tiene dos caras: cuánto terminarán pagando los hogares y qué tan amplio fue el proceso de información y participación antes de poner en marcha el nuevo esquema.
Habla el Acueducto
El amb sostiene que el aumento no nació de una decisión discrecional de su administración, sino de la obligación de aplicar la nueva metodología de la CRA.
El gerente general, Juan Carlos Suárez Muñoz, ha insistido en que el nuevo marco busca corregir un desfase financiero acumulado durante años, asociado, entre otros factores, a inversiones en infraestructura que, según la empresa, no habían sido suficientemente remuneradas a través de la tarifa.
La explicación oficial también apunta a la actualización de costos y del IPC. De hecho, el amb ha reiterado que los prestadores incluidos en el ámbito de la Resolución 1032 deben aplicar la metodología nacional. La norma establece un régimen de libertad regulada y define los componentes que conforman el costo del servicio, entre ellos operación, inversión, impuestos, contribuciones y tasas.
Es decir, para el Acueducto, el debate no consiste en decidir libremente si aumenta o no la tarifa, sino en aplicar una metodología que, según su explicación, es de obligatorio cumplimiento.
Y ahí está precisamente uno de los puntos que mantienen abierta la controversia: mientras la empresa habla de una obligación regulatoria y de la necesidad de recuperar costos e inversiones, los usuarios preguntan si el impacto económico puede ser menor y si existen alternativas para evitar que un servicio esencial termine representando una carga excesiva para los hogares.
Recordemos que la discusión llegó hace unas semanas al Concejo de Bucaramanga, donde el gerente del amb fue citado a un debate de control político para explicar las razones del incremento.
La corporación planteó solicitar al Gobierno Nacional y a la CRA que se prorrogue hasta diciembre de 2026 la aplicación plena de la nueva metodología, mientras se revisan sus efectos y se estudian alternativas para mitigar el impacto.
La solicitud tiene un componente adicional: permitir que la entrante administración del presidente, Abelardo De La Espriella, revise una metodología que ya comenzó a implementarse y determine si es necesario introducir modificaciones.
Por ahora, esa petición no modifica el cronograma que viene aplicando el amb. La empresa mantiene prevista la gradualidad hasta febrero de 2027.
La controversia deja varios asuntos pendientes. De un lado, está la explicación del amb sobre la obligación de aplicar la nueva metodología. Del otro, están los usuarios, veedores y representantes políticos que reclaman mayor participación, revisión de la medida y mecanismos que permitan reducir el impacto sobre la economía de los hogares.
Mientras avanzan las acciones interpuestas y se espera una respuesta de las autoridades nacionales frente a la solicitud de aplazamiento, los usuarios se preparan para recibir las primeras facturas con el nuevo esquema.
La gradualidad podrá evitar que el aumento se sienta de golpe, pero no elimina la preocupación. Para muchos, el problema no es únicamente que la tarifa suba poco a poco, sino que el valor final termine siendo demasiado alto para un servicio del que nadie puede prescindir.