El río Magdalena, el más importante de Colombia, fue reconocido como víctima del conflicto armado y sujeto de derechos. La JEP ordenó medidas de reparación y protección ambiental.
El pasado viernes 9 de mayo, el río Magdalena fue reconocido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como víctima del conflicto armado. La decisión, histórica y simbólica, lo declaró además como un sujeto de derechos al que el Estado debe proteger y reparar por los daños sufridos.
Desde Barrancabermeja, en donde se dio la declaratoria, la magistrada Catalina Díaz, ponente de esta decisión, fue enfática en afirmar que “el río Magdalena fue víctima directa del conflicto armado. Su cuerpo fue usado para desaparecer personas, para ocultar la verdad, para infundir miedo. Esto no puede seguir siendo ignorado. Hoy le damos voz a un río que fue silenciado por décadas”.
Según la JEP, durante el conflicto especialmente en la llamada ‘Toma Paramilitar’ en Barrancabermeja, el río Magdalena fue utilizado como una fosa común en donde cientos de cuerpos fueron arrojados a sus aguas especialmente durante los años más intensos de la violencia entre 1998 y 2004.
“Durante años, quienes vivían a orillas del río vieron pasar cuerpos sin poder recogerlos. El miedo era tanto, que ayudar a una víctima podía costar la vida. El río fue convertido en herramienta del terror”, explicó la magistrada Díaz durante la presentación del fallo.
Pero las afectaciones no fueron solo humanas. La JEP también identificó contaminación por hidrocarburos debido a ataques a la infraestructura de Ecopetrol, fumigaciones con glifosato sobre cultivos ilícitos, vertimientos tóxicos de la minería ilegal de oro y carbón, y hasta alteraciones físicas en su cauce por intereses de grupos armados paramilitares en connivencia.
“Según la investigación, los testimonios revelan el profundo impacto psicológico y social que estas experiencias traumáticas dejaron en las comunidades, para quienes se volvió cotidiano encontrar los cuerpos de las víctimas en el río. Los testimonios de las comunidades reflejan, por ejemplo, el terror que generaba ver cuerpos bajar por el río y no poder recogerlos para darles sepultura, pues podían ser señaladas por los grupos paramilitares y por miembros de la fuerza pública”, expresó la Magistrada.
Además, la guerra destruyó la relación cultural y espiritual entre las comunidades ribereñas y el río. Se perdieron festivales, rituales religiosos, encuentros comunitarios y modos de vida basados en la pesca y el agua. “Silenciaron las fiestas, los cantos, las oraciones. El río dejó de ser un lugar de vida para convertirse en un espacio de dolor”, se lee en el Auto 111 de 2025.
En su decisión, la JEP no solo reconoció al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos, sino que también ordenó una serie de medidas concretas con enfoque restaurativo. Entre ellas, dispuso el inicio de una ruta de reparación integral para el río, el análisis jurídico de las afectaciones cometidas por actores armados y agentes del Estado, y la articulación institucional para realizar estudios técnicos, dragado y búsqueda de cuerpos en su cauce, con participación de las comunidades.
Además, exigió actualizar los bancos de datos genéticos para facilitar la identificación de víctimas desaparecidas y establecer el universo total de afectados vinculados al río, como parte de una reparación ambiental, simbólica y colectiva.
El auto judicial se produjo dentro del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, paramilitares, funcionarios públicos y terceros civiles. En este, se ha priorizado la investigación de los hechos conocidos como ‘la toma paramilitar de Barrancabermeja’, ocurrida entre 1998 y 2001.
Además, en esta investigación, se han acreditado 343 víctimas, incluyendo a 7 sujetos colectivos; se han realizado 25 versiones y declaraciones juradas; y se han practicado 7 inspecciones judiciales a unidades militares, policiales, entes estatales y medios de comunicación.
Las organizaciones sociales hablan de la decisión de la JEP
El reconocimiento del río como víctima responde a una solicitud conjunta presentada el 5 de diciembre de 2024 por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, entre ellas la Unión Sindical Obrera (USO), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD).
Esta decisión según las organizaciones representa un avance hacia el camino de conocer la verdad de lo ocurrido en Barrancabermeja durante la toma paramilitar.
“Según testimonios del mismo comandante paramilitar Ramón Isaza, el río es una gran fosa común y de ahí la importancia de este reconocimiento porque desde ahí se deben enfocar todos los esfuerzos para que se sepa la verdad. En este gobierno se declara el movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva. Algunas cifras que hay es de al menos 3323 sindicalistas asesinados entre 1971 y 2023, 449 sufrieron atentados, 254 víctimas de desaparición forzada, 7884 amenazados de muerte y 1987 desplazados. (…) Para nosotros saber la verdad es indispensable porque muchos casos siguen en impunidad”, expresó Carlos Gayón, integrante de la USO.
Por su parte, Iván Madero, presidente de Credhos, esta declaración debe traducirse en acciones concretas de reparación. “Esto nos va a permitir avanzar a identificar a los terceros civiles que han usado el río y la guerra para enriquecer sus bolsillos, permitiendo el abandono de las comunidades y dejándolas en la pobreza. También se va a fortalecer la memoria histórica, pero además queremos fortalecer la verdad, es algo que claman las víctimas del conflicto armado y también queremos buscar justicia reparativa, social y ambiental”, dijo Madero Vergel.
Antecedentes de la JEP en el Magdalena Medio
En 2019, la JEP ya había reconocido como sujetos de derechos a territorios indígenas ancestrales. En 2023, hizo lo mismo con el río Cauca. Ahora, con el Magdalena, se consolida una línea jurisprudencial que entiende la justicia no solo en términos de personas, sino también de ecosistemas afectados por la guerra