El grupo armado ilegal dio a conocer que hicieron un ‘juicio revolucionario condenatorio’ contra los cuatro miembros de la Fiscalía y Policía.
El Frente de Guerra Oriental de Ejército de Liberación Nacional (Eln) dio a conocer este martes 5 de mayo que se llevó a cabo un ‘juicio revolucionario condenatorio’ contra cuatro miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación que están secuestrados desde el 2025 en el departamento de Arauca.
Los funcionarios están retenidos desde el mes de mayo y julio de 2025 y están identificados como Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), junto a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
La más reciente actualización de estas personas publicó el pasado 16 febrero, cuando se divulgaron videos por el mismo frente como pruebas de supervivencia en medio del cautiverio. En las imágenes, los funcionarios envían mensajes a sus familiares y hacen llamados al Gobierno para que actúe en favor de su liberación.
A finales del 2013 se iniciaron los diálogos exploratorios con el gobierno Santos. Foto:AFP. Archivo EL TIEMPO
Previo a estas grabaciones, en octubre de 2025, el Eln publicó comunicados en los que pedía al Ejecutivo agilizar las gestiones para la liberación de varios presos del grupo armado. En medio de los anuncios, el grupo anunció que realizaría un “juicio revolucionario” contra los funcionarios.
En su momento, se declaró en medio de un video, recogido por la emisora Caracol Radio, que los Policías y miembros del CTI podían «recibir penas de prisión de 3 a 7 años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar”. En este pronunciamiento se señalaba, además, que «tan pronto se realice dicho juicio, se informará a la opinión pública los resultados».
¿Qué se sabe del juicio ilegal del Eln contra los Policías y funcionarios del CTI?
ELN Foto:Daniel Martinez. AFP – Archivo EL TIEMPO
A través de una serie de videos y un comunicado, el Frente de Guerra Oriental del Eln anunció una «condena publica» de un juicio ilegal que se llevó a cabo este mismo 3 de mayo.
En un documento se detalló en un principio que los Policías, Franki Hoyos Murcia, subintendente; y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos a la Sijín (el primero con 17 años de servicio y el asegundo con más de 10 años), fueron «retenidos» por el grupo en «labores de inteligencia y espionaje propias el día 20 de julio de 2025, en la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca, departamento de Arauca».
Por su parte, se precisó que los funcionarios del CTI fueron secuestrados el «8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, departamento de Arauca». Sobre cada caso, comandantes del Eln leyeron las condenas del ‘juicio’ y dieron a conocer los presuntos delitos por los que se le señalan a cada miembro.
En cuanto a los agentes de la Fiscalía, se afirmó que habrían realizado, bajo una supuesta investigación que no fue detallada con pruebas que no fueron mostradas, actos de presunta «tortura», agresión contra la población civil, desaparición forzada, violaciones al derecho internacional humanitario y más.
El Eln está en conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. Foto:Archivo El Tiempo
Entre las condenas, se anunció una «sentencia» conta Jesús Antonio Pacheco Oviedo de «60 meses de prisión revolucionaria» y contra Rodrigo Antonio López Estrada «una pena de 55 meses de prisión revolucionaria».
En el caso de los miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), se les señaló de supuestos delitos de espionaje y se les condenó, tanto a Franki Hoyos Murcia como a Yordin Fabián Pérez Mendoza a una pena de «36 meses de prisión revolucionaria».
Hay que recordar que en Colombia, los delitos son juzgados principalmente por jueces municipales, de circuito, tribunales y la Corte Suprema de Justicia, quienes son parte de la Rama Judicial, mientras que la investigación y acusación de cada uno recae en la Fiscalía General de la Nación.
En cuanto a los delitos graves cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, existe en el país la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya competencia incluye a excombatientes de las Farc, miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles que se sometan voluntariamente.