La Unidad para las Víctimas entregó durante octubre del presente año en Santander 115 nuevas indemnizaciones a familias que han sufrido los flagelos del conflicto armado. En total, estos procesos de reparación suman $1.046 millones, los cuales se suman a los $51.000 millones entregados entre 2023 y 2024 en territorio santandereano.

En el acto de indemnización más reciente, el cual tuvo lugar en Bucaramanga en pasados días, 100 víctimas del conflicto fueron contactadas por la Unidad y notificados de sus cartas de indemnización en la Jornada de Reparación Integral que se llevó a cabo.

Con este proceso de reparación ellos dieron un paso más en la reconstrucción de sus proyectos de vida y los de sus familiares, resaltó la Unidad para las Víctimas.

Estas imdemnizaciones continuarán en Santander. Estas imdemnizaciones continuarán en Santander.

“La reparación en Santander avanza, no se detiene, es imparable y tenemos la gran misión de cumplirle a la ciudadanía y empoderarla como sujeto político para la región”, indicó Juan David Albarracín, director territorial encargado en Santander de la Unidad para las Víctimas.

Carlos Monsalve, integrante del Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) de Riachuelo, Charalá, expresó que “para nosotros es muy importante el desarrollo de este Plan Integral de Reparación Colectiva, porque traza el desarrollo para fortalecer el tejido social de la comunidad, y reparar lo que se afectó con el conflicto”.

El compromiso de los gobierno territoriales también es muy importante en este proceso de reparación de las víctimas. El compromiso de los gobierno territoriales también es muy importante en este proceso de reparación de las víctimas.

De acuerdo con lo explicado por dicha dependencia del Gobierno Nacional, la reparación colectiva es un conjunto de acciones que busca recomponer el tejido social de las comunidades afectadas por el conflicto.

“Estos planes son fundamentales para el fortalecimiento de las comunidades, ya que contribuyen a la construcción de paz. El compromiso de la Unidad para las Víctimas y de las administraciones públicas es clave para que estas acciones impulsen el avance hacia una sociedad donde las víctimas puedan recuperar sus derechos y reencaminar sus proyectos de vida”, resaltó la Unidad.

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