Desde la CAS expresaron que por disposición de la normatividad existente está es una responsabilidad que la administración municipal no puede eludir.
Nuevos acuerdos con las comunidades de San Gil y Curití asumieron las autoridades y empresas privadas vinculadas a la construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, de Curití.
Ángel Calderón, asesor de la dirección de la Corporación Autónoma de Santander, dijo que dicho certificado ya fue entregado por la ESSA y ahora el contratista, según lo acordado, retomará labores por tarde en la tercera semana de septiembre.
Con un avance que desde supera el 85 %, primero se hará una revisión de toda la infraestructura actual dado el tiempo que lleva el proyecto en ejecución, esto por petición de Raúl Duran, director de la CAS, durante la reunión.
Hay que recordar que la obra contratada en 2019 presenta desde el 2021 una evolución del 80 % y las demoras en la importación de los equipos de alta tecnología jugaron como uno de los factores fundamentales en los retrasos de la ejecución, sumados después de las falencias encontradas en el sistema de descarga, lo que obligó al planteamiento y la aprobación de rediseños.
Lo más importante, expresó Calderón, es que la empresa contratista pondrá en funcionamiento la planta en septiembre y serán dos meses de un riguroso seguimiento con pruebas físico – químicas para verificar el funcionamiento óptimo del sistema de limpieza de las aguas.
Tras esos dos meses, se espera por fin hacer la entrega de la PTAR a la alcaldía de Curití. Es decir, en diciembre.
Durante la reunión gestionada por petición de la Personería de Curití, con presencia de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, se dejó establecido que el proyecto no tendría nuevas adiciones presupuestales y tendría que terminar de ejecutarse con lo hasta ahora establecido.
La infraestructura es de gran importancia para los sangileños porque se espera que con ella disminuya la contaminación sobre la quebrada Curití, una de las dos fuentes hídricas desde donde la empresa de servicios públicos de San Gil, Acuasan, capta el agua para los habitantes sangileños.
Alcaldía de Curití tiene que administrarla
Frente a las inquietudes o quejas de la alcaldía de Curití sobre los inconvenientes que enfrentaría para administrar y mantener en funcionamiento la PTAR, el asesor de la CAS expresó que por disposición de la normatividad existente está es una responsabilidad que la administración municipal no puede eludir.
Calderón dijo que por cuenta de la nueva infraestructura el municipio te dará una fuerte reducción en el pago que hace de la tasa retributiva por contaminar la quebrada Curití y estos recursos los puede destinar al mantenimiento.
Además, la alcaldía curiteña podría recurrir a acuerdos con la nación o el departamento, así como implementar acciones administrativas propias para autofinanciar el mantenimiento.