Gobernador pide cuentas de obras con peajes en Santander y sugiere al Congreso un debate de control político

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, exhortó a la bancada santandereana en el Congreso a adelantar un un debate de control político a las entidades del Gobierno Nacional sobre la inversión del recaudo de los peajes de Pescadero, Curití y Oiba, ubicados en la vía Bucaramanga – Bogotá.

La crítica situación de la carretera que conecta a Bucaramanga con el centro del país y, por supuesto, con Bogotá, ha llamado la atención del gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

En los últimos días, en carta dirigida a los actuales senadores y representantes a la Cámara del departamento, el mandatario expuso su preocupación por el mal estado de la vía Bucaramanga – Bogotá, en el tramo que corresponde a Santander.

Se trata de la histórica carretera que cruza una decena de municipios y que, además de ser de una sola calzada, constantemente se ve afectada por cierres debido a derrumbes o fallas en su trazado.

El gobernador y muchos santandereanos se preguntan hoy ¿por qué si en la vía Bucaramanga – Barbosa, Santander, hay tres peajes, su estado es deplorable?

“La vía Bucaramanga – Bogotá hoy tiene tramos que requieren intervención urgente, puesto que ponen en riesgo la vida de quienes transitamos y genera importantes demoras en su recorrido, situaciones que se mantienen pese a que el tramo que nos corresponde al departamento de Santander, cuenta con tres peajes que deberían garantizar el buen estado de la vía”, puntualiza el gobernador Díaz en su comunicación a los parlamentarios.

Ante esta situación, el mandatario departamental le propuso a los legisladores de la región poner en la agenda del Congreso la discusión en debate de control político sobre el histórico de las inversiones realizadas por la Agencia Nacional de Infraestrcutura, ANI, y el Instituto Nacional de Vías, Invías, con los recursos de las casetas de peaje de Pescadero, Curití y Oiba.

“Me permito solicitar a la bancada parlamentaria del departamento, plantear mancomunadamente un debate de control político en el Congreso de la República a las entidades encargadas de la infraestructura vial, concretamente al Ministerio de Transporte, la ANI y el Invías, con el fin de esclarecer cuál es el monto de los recursos invertidos históricamente en la vía Bucaramanga – Bogotá, provenientes del recaudo de los tres peajes”, agrega el mandatario regional.

Díaz cuestionó que si bien el recaudo se realiza en Santander, al parecer el destino de los recursos se estaría invirtiendo en la infraestructura de otras regiones.

Cuatro años de afectación

A comienzos de febrero la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, hizo un fuerte cuestionamiento por las obras inconclusas en la vía Bucaramanga – Bogotá. La veeduría recordó que durante el primer semestre del año 2020, las severas condiciones de invierno en el país, especialmente en Santander, ocasionaron graves daños en la vía que conecta a la capital santandereana con San Gil y Bogotá, hecho generador de múltiples afectaciones y la pérdida parcial de la banca en la vía a Pescadero, en el sector conocido como ‘Quince letras’ por lo que fue necesario declarar la calamidad pública en el sector.

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“Para la fecha de la afectación, el Instituto Nacional de Vías, Invías, contaba con el ‘Consorcio Corredor San Alberto’ como contratista encargado de la “Gestión Vial Integral de la vía”, el cual inició los trámites correspondientes para atender las intervenciones pertinentes para recuperar la banca y la calzada, los cuales requerían licencia ambiental otorgada por la autoridad ambiental, Cdmb, quien debía expedir el permiso de ocupación de cauce sobre el río Manco para realizar el trabajo; en ese sentido, es pertinente resaltar que, en su momento, la administración municipal de Piedecuesta, tramitó una calamidad pública con el propósito de lograr celeridad ante la autoridad ambiental”, señaló la SSI.

Sin embargo, cuatro años después el consorcio el Consorcio Corredor San Alberto, se negó a realizar esta obra, alegando cambios en los precios, dificultades en los permisos y otras razones que, para la SSI, fueron injustificadas y solo dejó el diseño del muro a construir en el sector para poder recuperar la banca y permitir la transitabilidad por los dos carriles.

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