Tras declararse en oposición, el partido Cambio Radical solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República celeridad frente a las investigaciones y denuncias en contra del alcalde Juan Carlos Cárdenas.
A través de un comunicado a la opinión pública, el partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras señaló que existen por lo menos cinco investigaciones contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en los entes de control y por lo menos una decena de denuncias públicas sobre presuntas irregularidades contractuales en el actual gobierno municipal.
Según el comunicado, en los organismos de control cursan procesos y denuncias en contra de la administración del mandatario local por temas relacionados con presuntos carteles de contratistas; amplia presencia de contratistas con antecedentes de capturas, sanciones, multas e incumplimientos; y uso indebido de la modalidad de contratación directa bajo el pretexto de urgencia por calamidad.
Por presunto incumplimiento a sus deberes como servidores públicos en Ley 1625 artículo 28 párrafo 1. Se encuentra en etapa probatoria indagación y la última actuación fue el 31 de enero de 2022. E-2020-342893.
Desatención de las ordenes expedidas en el decreto nacional que establecía prohibiciones para evitar aglomeraciones. Igualmente, por desatender las recomendaciones del Consejo de Seguridad del departamento y permitir el uso indebido de bienes de Estado. Se encuentra en etapa probatoria investigación disciplinaria. La última actuación fue el 2 de noviembre de 2021. E-2020-468318.
Presunta faltas disciplinarias. Se encuentra en evaluación e indagación preliminar. Ultima actuación 8 de febrero de 2022. E-2020-471484.
Presunto comportamientos negligentes, morosos y omisivos, por uso del botadero Carrasco. Se encuentra en etapa de pruebas de descargos. Ultima actuación 22 de noviembre de 2022. E-2021-475926.
Del mismo modo, la colectividad de Vargas Lleras, que hasta la semana pasada pertenecía a la coalición de gobierno de Juan Carlos Cárdenas, recapituló un listado de denuncias públicas sobre contratos con incumplimientos o suspensión de ejecución, y con contratistas con antecedentes y sanciones por incumplimientos, por parte de la administración Cárdenas.
Contrato LP-001-2021
Ejecutor: Ariete Ingeniería & Construcción SAS (Representante Legal: Carlos Augusto Díaz Herrera)
El reporte de Cambio Radical señala que en la Procuraduría General de la Nación cursan cinco procesos:
Valor: $1.374 millones
La obra fue suspendida en octubre/2022 debido a los reiterados incumplimientos del contratista.
Ariete Ingeniería & Construcción SAS hace parte del cartel de contratistas denominado “procesos de contratación estatal para mantenimiento y adecuación de instalaciones”, el cual fue multado por la SIC, por acuerdo ilegal para participación coordinada en procesos de selección contractual estatal entre 2015-2018.
Este contrato de obra fue cedido en octubre/2022 al Consorcio Urbanas IC 2022, conformado por Infraestructura y Vías SAS (95%) y Civil ABS Construcciones SAS (5%). Llama la atención que Infraestructura y Vías SAS fue socio de Ariete Ingeniería & Construcción en varios consorcios tales como: Consorcio Bogotá, Consorcio Vías Platino (Aeronáutica Civil) y Consorcio Vías VIP.
Obra con reiteradas denuncias por incumplimientos y retrasos.
Ejecutor: Consorcio Parques de Bucaramanga 2021 (Socios: Grupo
empresarial Proyectar Ingeniería SAS y Jorge Ángel Noguera Castro)
Valor: $1.954 millones
A finales de 2021, Jorge Ángel Noguera Castro fue capturado por la Fiscalía acusado de pertenecer a una organización criminal dedicada al direccionamiento de contratos. Esta organización desfalcó el presupuesto público del municipio de Galeras, durante el periodo 2016-2019.
Contrato SI-LP-014-2021
Obra con denuncias de reiterados incumplimientos y retrasos.
Ejecutor 1: Titán Ingeniería Inteligente SAS (Representante Legal: Claudia Juliana Lucena Lizarazo)
Valor: $7.620 millones; firmado: 09/02/2022
Las jugadas financieras entre los miembros de este cartel de contratación han sido ampliamente denunciadas. Este cartel tiene una considerable adjudicación y participación en adjudicación de contratos en la Alcaldía de Bucaramanga.
Contratista con considerables antecedentes de cartelización que incluso llevó a la cárcel al exalcalde de Bucaramanga Luis F. Bohórquez. Según la Fiscalía, este cartel es conocido como el “reloj suizo” de la corrupción de Bucaramanga.
Claudia Juliana Lucena Lizarazo es parte del cartel de contratistas liderado por la familia del exalcalde de Bucaramanga Luis F. Bohórquez y miembros de la iglesia cristiana Manantial de Amor. Desde 2011 han generado más de seis empresas con el propósito de fortalecer su capacidad de contratación estatal.
Ejecutor 2: Consorcio Deportivo BMG – 22 (Socios: Proyectar Ingeniería SAS y Desarrollamos Ingeniería SAS; Representante Legal: Diego Luis Ocampo).
Valor: $7.925 millones; firmado: 09/02/2022.
La ejecución del contrato fue lamentable debido a sus adiciones presupuestales, retrasos y permanentes incumplimientos Proyectar Ingeniería SAS y Desarrollamos Ingeniería SAS fueron sancionadas y multadas por la SIC en 2019 (Resolución SIC 2076/2019), por colusión en procesos de contratación de Mincultura en 2013. Diego Luis Ocampo Giraldo también fue multado por este evento. En la investigación, se demostró que estas dos empresas contratistas hacen parte de un cartel que opera principalmente en el Valle del Cauca.
Contrato SI-SI-LP-010-2022
Ejecutor: Consorcio Unido (Socios: Rubén Darío Agudelo Machado, Aarcon SAS y Loar Ingenieros SAS)
Valor: $9.503 millones; firmado: 20/12/2022
Luis Alejandro Lozano Arbeláez es el representante legal de Loar Ingenieros SAS. Sin embargo, Lozano fue representante legal de LA Constructores SAS, la cual hizo parte del Consorcio Estadio 2014, encargada de la remodelación del Estadio “Guillermo Plazas Alcid” de Neiva. Debido a las fallas considerables de diseño, incumplimiento de normas de seguridad y riesgos laborales en la ejecución de esta obra, el 16/08/2016 colapsó una tribuna matando a cuatro trabajadores y 10 resultaron heridos. Este señor Lozano fue sancionado y multado por el Ministerio de Trabajo y por la Contraloría por negligencia y malversación. La obra fue abandonada y se perdieron $13.000 millones.
Contrato SI-SI-LP-019-2022
Ejecutor: Consorcio Ambiental urbano (Socios: Con & Con SAS y Obras C&C SAS SAS; Representante Legal: Juan Pablo Ricci Ruiz)
Valor: $9.072 millones; firmado: 09/02/2022
Juan Pablo Ricci Ruiz es dueño de CON & CON SAS. Ricci ha sido sancionado por incumplimiento total en ejecución de obras civiles. Incluso, aparece con advertencia de alta probabilidad de corrupción en el Portal Anticorrupción de Colombia (Paco). La resolución No. 001025 de 2018 del IDU emitió la decisión en el procedimiento administrativo sancionatorio surtido al contrato IDU 1246, en la cual declara el incumplimiento total. Así mismo, la Resolución No. 004690 de 2017 declaró y ratifica el incumplimiento total e hizo efectiva clausula penal.
Del mismo modo, Cambio Radical denunció el uso intensivo de mecanismos de contratación directa para saltarse el proceso de licitación pública con la excusa de mitigar emergencias por invierno. La contratación en esta modalidad es de $81 mil millones.
Contrato CO1.PCCNTR.4867270 / SI-SI-CREC-008 2023
Ejecutor: Consorcio La Flora 2023 (Socios: Comunica Tecnología SAS y Jaime Cardona Soto SAS; Representante Legal: Juan Pablo Ricci Ruiz)
Valor: $40.514 millones; firmado: 19/04/2023
El 30 de abril 2023: PGN anuncia apertura de indagación contra funcionarios por anomalías en la adjudicación de este contrato. Se hipotetiza adjudicación
a dedo y fraudulenta. Argumentos:
Uso indebido de un mecanismo de contratación directa por urgencia.
Se investiga si en la documentación entregada se utilizaron estudios técnicos desactualizados y su aprobación de uso.
Se identificó que este contrato hace parte de un conjunto, cuya finalidad es saltarse el proceso de licitación pública, y cuyo monto ya supera los
$104.000 millones.
Entre la declaratoria de calamidad pública y la firma de contrato, pasaron 5 meses
Comunica Tecnologías SAS: es el socio líder del consorcio. Es una microempresa de servicios locales de telecomunicaciones. No tiene la idoneidad y experiencia requerida para ejecutar un contrato de $40.000 millones. Este ha sido su único contrato con el Estado.
Jaime Carmona Soto: la Contraloría General de la República abrió un Proceso de responsabilidad fiscal (No. 801112-2020-37222), por su participación en el Consorcio Vial Putumayo (Contrato 1203/2015 Gobernación del Putumayo), el cual debía ejecutar: “Mejoramiento y pavimentación en concreto de vías urbanas en los municipios de Mocoa, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuez y Puerto Asís departamento de Putumayo”; La pésima calidad de la obra ejecutada determinó daño patrimonial al estado por $2.240 millones.
Contrato CO1.PCCNTR.4976149 / SI-SI-CREC-010-2023
Ejecutor: Consorcio GESA (Socios: ASA Construcciones SAS y Ing, perforaciones y construcciones SAS; Representante Legal: Hugo Junior Ortega Torres)
Valor: $64.809 millones; firmado: 19/03/2023
El 5 de mayo de 2023, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, envió una carta al alcalde advirtiendo que una parte de esta obra a contratar ya se encuentra siendo ejecutada, por lo tanto, no es necesario generar un nuevo contrato al respecto. El mismo comunicado aclara, que desde dic/2022 se solicitó que se modificara el alcance de las obras a contratar, a lo cual la Alcaldía hizo caso omiso.
La CDMB también advirtió que ejecutó una modificación del formulario de presupuesto de obra, sin haber tenido en cuenta la actualización de estudios
y obras ya ejecutadas. La Cdmb destaca el mal manejo técnico que se le ha dado a la estructuración técnica de los estudios y diseños de obra.
El 5 de mayo fue despedido el subsecretario de Infraestructura, quien previamente se negó a avalar el soporte documental debido a una presunta
falsedad dentro de los estudios técnicos.
Hugo Junior Torres Ortega hace parte del cartel de contratistas relacionado con el clan Tavera y cercanos al Senador Liberal Miguel Ángel Pinto. Este contratista estuvo relacionado con el escándalo de cartelización de contratistas relacionados con la Iglesia Manantial de Amor, por el cual el
exalcalde Luis F. Bohórquez fue enviado a la cárcel en 2017.