Conozca detalles del proyecto de la Gobernación de Santander que busca recaudar recursos a través del pago del recibo de energía y financiar proyectos clave para garantizar la seguridad multidimensional en el departamento.
Seis diputados de la Comisión Primera de la Asamblea de Santander le dijeron sí al proyecto de Ordenanza que aprueba la Tasa Especial para el Fortalecimiento de la Seguridad Multidimensional y la Convivencia Ciudadana. La próxima semana, en plenaria, los diputados definirán la suerte definitiva del proyecto.
Al respecto, el diputado ponente de la iniciativa, Eduin Vargas, manifestó que “hay una amenaza real a la seguridad de Santander con lo que está pasando en territorios vecinos como El Catatumbo, Sur de Bolívar, Sur del Cesar. No podemos quedarnos de brazos cruzados sin tomar medidas”.
Vargas explicó que “desde la Asamblea nos sumamos para generar una herramienta tributaria para buscar alternativas de recursos y garantizar que la Fuerza Pública tenga las herramientas necesarias para operar. Además, se garantizarán recursos para inversión en infraestructura para los sectores más deprimidos”.
El corporado dijo que los votos positivos a la iniciativa fueron de los diputados Eduin Vargas, Ramón Ramírez, Hugo Cardozo, Leonardo Ardila, Mario Morales y Ligia Álvarez. El voto negativo fue de Giovanni Leal.
¿En qué consiste la Tasa de Seguridad?
Según la secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, lo primero que los ciudadanos deben saber es que “esto no es un impuesto, es una tasa. Esta tasa viene establecida desde la Ley 1421 de 2010 y posteriormente se reglamentaron algunos aspectos en la Ley 2272 de 2022″.
Durán Villar dijo que “adoptamos la tasa porque identificamos problemáticas de seguridad y sociales en las que el gobierno departamental no cuenta con los recursos necesarios para atenderlas”. Inseguridad, amenazas de grupos armados y carencia de recursos para inversiones en puentes, placas huellas y escenarios deportivos, entre otros, se atenderían con los recursos.
La funcionaria explicó que, de aprobarse el proyecto de Ordenanza, los usuarios del servicio de energía en Santander de los estratos 4, 5, 6, comercial, industrial y oficial aportarían, a través del recibo de este servicio, 0.1331 pesos por cada kilovatio consumido cada mes.
Así las cosas, cada suscriptor de energía de los estratos mencionados deberá pagar cerca de 66,28 pesos por cada kilovatio consumido.
La secretaria de Hacienda explicó que, por ejemplo, una persona que paga en su factura mensual de energía $199.120, incluido el aporte voluntario, consumió en un mes 181 kilovatios. Este número de kilovatios se multiplica por 66,28, lo que da como resultado $11.996,28, valor que tendría que asumir mensualmente por dicha tasa.
Los usuarios de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos de esta tasa, pero la Gobernación de Santander aclaró que serán los mayores beneficiados con las inversiones. No obstante, si un establecimiento comercial, industrial u oficial se encuentra ubicado en un barrio de estrato 1, 2 o 3, sí deberá aportar.
De acuerdo con la Gobernación de Santander, el recaudo arrancaría desde el 1 de septiembre de 2025 y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028, fecha en la que se eliminaría dicha tasa. Son 40 meses de recaudo y, como las facturas se cobran por mes vencido, el primer cobro sería en octubre de este año.
Según datos oficiales, Santander tiene 907.301 suscriptores, y quienes estarían gravados con esta tasa serían 220.725 de ellos.
Obras clave que se financiarán
El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santander, Douglas Javier Arenas González, advirtió que, tras el recorte de recursos nacionales para el funcionamiento de las Fuerzas Militares, el departamento debe buscar soluciones propias para garantizar la operatividad de la seguridad.
Arenas González explicó que la estrategia no solo busca respaldar a las Fuerzas Militares, sino también mejorar las condiciones viales, de conectividad y sociales en zonas vulnerables, reduciendo el riesgo de presencia de grupos armados ilegales y facilitando el despliegue de Policía, Ejército y Armada en estos territorios.
Creación del CIMVRI para fortalecer la seguridad
Uno de los proyectos clave es el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI), que permitirá al Ejército reaccionar de manera rápida ante situaciones de riesgo en Santander. El CIMVRI contará con:
✅Motocicletas, camionetas, aeronaves no tripuladas (drones), un vehículo especializado con tecnología de monitoreo.
Este equipamiento permitirá que, por ejemplo, un pelotón del Ejército reciba 18 motocicletas, una camioneta, un furgón con pantallas de video y comunicación satelital, además de ocho drones. Esto facilitará el control territorial en un radio de 20 a 25 kilómetros, explicó el funcionario.
El CIMVRI tendrá comunicación directa con una sala especializada ubicada en el Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, permitiendo la atención inmediata de denuncias ciudadanas.
La meta es establecer 10 CIMVRI en Santander, uno por cada provincia. El costo estimado por cada unidad es de $5.000 millones.
Centros de Gestión de Emergencia y Seguridad (CEGES) para Bucaramanga y Barrancabermeja
Para el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja, el enfoque estará en la construcción de Centros de Gestión de Emergencia y Seguridad (CEGES), grandes centros integrados de monitoreo que enlazarán todas las cámaras de seguridad de la región.
Características del CEGES:
-Interconexión de cámaras con tecnología avanzada.
-Sistemas de reconocimiento facial y de placas.
-Uso de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos.
Según el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, el CEGES contará con un área estratégica para que alcaldes y autoridades departamentales puedan reunirse a tomar decisiones en situaciones de emergencia. También tendrá una zona operativa para que los municipios que lo deseen aumenten su red de cámaras de seguridad.
El costo estimado por cada CEGES es de $60.000 millones. Aunque la Gobernación y los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija han aportado recursos, aún hace falta financiación para su ejecución.
Pese a las gestiones adelantadas ante el Gobierno Nacional, los recursos aún no han sido aprobados, lo que ha generado preocupación en las autoridades locales.