Ahorrar y reducir los gastos ha sido una de las directrices del Gobierno Nacional con el plan de austeridad.
El cónclave del Gobierno Nacional en Paipa, Boyacá, pasó de ser una reunión para recibir cartas de renuncia de los ministros a ser un ‘jalón’ de orejas para reducir los gastos de funcionamiento en las carteras de la Casa de Nariño en medio del plan de austeridad con el que arrancó el año y que obliga a a ‘ajustarse el cinturón’ por los problemas en el flujo de caja.
Justamente el 2024 terminó con varios problemas para miles de contratistas del Gobierno quienes pasaron sus cuentas de cobro, pero no pudieron recibir sus pagos ni prestaciones salariales por los problemas en la caja de la Casa de Nariño, que ahora obliga a los ministerios a reducir los gastos tal y como lo dijo el ministro de Hacienda, Diego Guevara, en el cónclave.
“Como Gobierno hemos tenido un 2024 con estrechez fiscal, sin embargo, hemos sido rigurosos en el cumplimiento de la Regla. Para sostener ese horizonte de sostenibilidad fiscal necesitamos un esfuerzo de austeridad y parsimonia en las diferentes entidades, tratando de medir de una manera muy juiciosa los gastos en viáticos y los gastos en contratistas”, dijo el ministro de Hacienda.
Los problemas en el presupuesto no son nuevos y vienen de 2024, cuando tuvo que darse un recorte para cumplir la regla fiscal, lo que implicó menos recursos para el desarrollo de varios proyectos importantes para el Gobierno, aunque el problema en el flujo de caja continúa.
El director de Presupuesto Nacional, Jairo Bautista, dio detalles de cómo recortará gastos, y cómo se ahorrará un dinero, que podría representarle hasta $5 billones.La tarea busca reorganizar la planta de personal, revisar los contratos por prestación de servicios, además de ponerle la lupa a los gastos administrativos.
Los ‘superpoderes’ de Laura Sarabia
En los pasillos de la Casa de Nariño ya está circulando el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que establece el plan de austeridad del gasto para 2025, que aplicará para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, el gran perjudicado por los problemas de caja.
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Laura Sarabia, con este decreto pasará a tener unos ‘superpoderes’ debido a que será la encargada de autorizar o no los gastos que tendrán las entidades adscritas al Gobierno Nacional. Es decir, será el único filtro que permitirá gastos en los ministerios y demás entidades de la Casa de Nariño.
El documento, que aún no ha sido firmado, establece que las modificaciones en la planta de personal, estructura administrativa y gastos de personal solo se podrán hacer si el gasto es a costo cero o genere ahorros en las entidades. Esto siempre y cuando tenga el ‘visto bueno’ Dapre, bajo el mando de Laura Sarabia, la ‘mano derecha’ del presidente Gustavo Petro.
Adicionalmente, será Sarabia quien se convierta en la persona que autoriza el suministro de tiquetes y viáticos para los funcionarios de la Casa de Nariño siempre y cuando estén debidamente justificados. Eso sí, aclara el borrador de decreto, si son aprobados por el Dapre se deberán hacer en clase económica y en tarifa que no supere los costos permitidos.
Publicidad estatal, regulada por Sarabia
Bien es conocido que el Gobierno Nacional y cada uno de los ministerios tienen la potestad de contratar publicidad para impulsar la imagen de cada una de las dependencias. Sin embargo, en el plan de austeridad del Gobierno Nacional también se regularán estos casos que solo Laura Sarabia, directora del Dapre, podrá autorizar.
“Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada que promocione la gestión del Gobierno Nacional, tales como agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, adquirir revistas o similares, imprimir informes, folletos o textos institucionales (…) Todo gasto de publicidad de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, incluidos los que se realicen en desarrollo de contratos de operación logística, así como los efectuados con recursos provenientes de la Banca Multilateral, tendrá que ser informado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y contar con su visto bueno antes de iniciar los procesos de contratación.