Así Vamos en Salud aseguró que para el tercer trimestre del año pasado las EPS finalizaron con pérdidas operacionales cercanas a los $3,1 billones, siendo el régimen contributivo responsable del 64 % de esta cantidad.
El más reciente informe del observatorio financiero, Así Vamos en Salud, informó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) inició este 2025 con un déficit de alrededor de $9,2 millones, situación que aumenta el riesgo presente en la sostenibilidad del sistema de salud del país.
Según el séptimo informe del observatorio, el cual recolectó datos del sector salud para el cierre del 2024, la situación del sistema es cada vez más grave, y la desfinanciación continúa haciendo estragos.
Así Vamos en Salud aseguró que para el tercer trimestre del año pasado las EPS finalizaron con pérdidas operacionales cercanas a los $3,1 billones, siendo el régimen contributivo responsable del 64 % de esta cantidad.
Además, el patrimonio de las EPS acumuló para las mismas fechas un déficit total de $7,1 billones, cifras que con el pasar de los días continúan agravándose.
Esta situación aumenta las alarmas sobre la grave crisis que enfrenta el sector desde hace tiempo, lo que produce una gran incertidumbre sobre los efectos que traerá este desfinanciamiento durante el 2025. Por su parte, el director del observatorio, Augusto Galán, manifestó su preocupación por las diferentes consecuencias que le esperan al sistema.
“Lo más probable es que ocurra un deterioro progresivo adicional al que ya veníamos teniendo el año pasado. Se presentaron informes de cierre de clínicas y de centros médicos de mediana complejidad particularmente en ciudades intermedias de alrededor de 1.200 en el país. Además, se presentó información de cierre de servicios de semejantes a los que hizo, por ejemplo, el Hospital San Ignacio en los servicios de Obstetricia, que se han presentado a lo largo y ancho del país en un número para finales del año pasado de alrededor de 3.000 cierres de servicios de manera definitiva y alrededor de 8.000 encierres temporarios”, puntualizó el director de Así Vamos en Salud.
Según Galán junto a estos cierres de centros médicos y servicios se generará eventualmente un incremento en las PQRS, además de un aumento en la tutelas y lo más importante, una disminución del bienestar de los usuarios, pacientes y sus familias.
Por otro lado, el exministro de salud también destacó que el principal problema que presenta el sistema actualmente es su inmenso déficit de financiamiento y si se quiere conseguir un cambio estructural que permita garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo, es necesario inyectar más dinero de forma estratégica.
“Yo lo que diría es que no hay sistema de salud que funcione adecuadamente si no está bien financiado, y el impacto de la desfinanciación de un sistema de salud es sobre la oferta de servicios de salud, la oferta comprendida con la operación de las clínicas y los hospitales y los prestadores de servicios de salud y la oferta entendida como una adecuada financiación del talento humano y del desarrollo de infraestructura”, sostuvo Galán.
Demanda de servicios de salud
Además, es importante mencionar que la demanda de servicios de salud es un factor que continúa creciendo a pasos agigantados, y situaciones fuera del control de la nación como lo fue la pandemia del Covid-19 generan la necesidad de suministrar un mayor número de recursos.
Galán aseguró que como producto de la desfinanciación del sistema entre el 2023 y el 2024 las barreras de acceso a los servicios de salud por parte de los usuarios y pacientes se han incrementado, como lo ha demostrado Acemi quien aseguró que entre enero y noviembre de 2024 se radicaron más de 1.5 millones de PQRS un incremento significativamente mayor a lo registrado en los anteriores años.
Entendiendo esta situación y relacionándola con el anuncio del incremento fijado por el Gobierno de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Augusto Galán alertó que está presentando es un decrecimiento de la UPC lo que pone es riesgo la capacidad del sistema para financiar el sector.
“Lo que estamos viendo con la Unidad de Pago por Capitación es un decrecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este año 2025, lo cual impacta el derecho fundamental a la salud. La Corte Constitucional ha sido muy clara de que el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de financiar adecuadamente el sistema de salud para una operación que permita en primer lugar ser sostenible y en segundo lugar se atienda adecuadamente los requerimientos que demandan los usuarios y los pacientes al sistema de salud”, manifestó Galán.
“Si eso no se da, pues lo que está ocurriendo es una regresividad en el disfrute del goce efectivo derecho a la salud para los ciudadanos, y seguramente la Corte tendrá que expresarse ante esas consideraciones. Pero el problema por el otro lado es que no estamos dándole solución a la problemática estructural o a los problemas de fondo que tiene el sistema de salud relacionados con los requerimientos de la oferta para satisfacer esa demanda que el sistema de salud tiene”, concluyó el director de Así Vamos en Salud.