La ONU alertó que la “paz total” del gobierno Petro no ha arrojado resultados tangibles y advirtió sobre el preocupante deterioro de la seguridad en regiones como el Catatumbo.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó su más reciente informe trimestral, en el que expresa una seria preocupación por la falta de avances tangibles en los diálogos de paz impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el documento, los esfuerzos por alcanzar una “paz total” con diversos grupos armados aún no han generado resultados sostenibles ni beneficios concretos para las comunidades más afectadas por el conflicto.
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que si bien reconoce la voluntad política del gobierno colombiano, es necesario realizar ajustes urgentes que prioricen procesos de diálogo político eficaces, acompañados de una mayor presencia del Estado en los territorios golpeados por la violencia. “La situación de seguridad en varias regiones es preocupante y requiere atención urgente”, advirtió Guterres.
El informe resalta como ejemplo alarmante la crítica situación humanitaria en El Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han dejado un saldo de más de 85 personas muertas, alrededor de 56.000 desplazadas y otras 19.000 confinadas. Estas cifras reflejan el recrudecimiento del conflicto armado y sus consecuencias devastadoras, especialmente sobre comunidades rurales, líderes sociales, excombatientes, mujeres, niños, indígenas y afrocolombianos.
Frente a esta emergencia, el presidente Petro decretó el estado de conmoción interior y emergencia económica en la región, con el objetivo de restablecer el orden y atender las necesidades urgentes de la población civil.
Los avances de la Paz Total
A pesar del panorama general de estancamiento y violencia, la ONU destacó algunos avances. Más del 85% de los excombatientes de las antiguas FARC-EP siguen comprometidos con su proceso de reincorporación, lo que representa un componente positivo en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Asimismo, el informe menciona un caso exitoso dentro de la política de “paz total”: el acuerdo de desarme con el grupo Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que operó durante más de 35 años en Nariño. Esta agrupación entregó 585 artefactos explosivos, y como parte del proceso, el Gobierno destinó más de 45 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura y los servicios públicos en diez municipios, incluyendo iniciativas de salud, transporte y sustitución de cultivos ilícitos.
Sin embargo, el balance general es poco alentador. La ONU advierte que los desafíos estructurales persisten, entre ellos la débil presencia institucional en territorios clave y la proliferación de economías ilegales como los cultivos ilícitos. En consecuencia, instó al Gobierno colombiano a optimizar sus políticas de seguridad, acelerar la implementación del Acuerdo de Paz y reforzar los mecanismos de protección para las comunidades vulnerables.
El llamado de la ONU es claro: sin ajustes inmediatos y acciones contundentes, el proyecto de “paz total” podría seguir enfrentando serios obstáculos para convertirse en una realidad duradera en Colombia.