El jefe de Estado responsabilizó directamente al presidente de la Corte Suprema y a la senadora Paloma Valencia por el rechazo a su proyecto de beneficios penales para criminales que se sometan a la Paz Total.
El presidente, Gustavo Petro, respondió este viernes a la oposición de la Corte Suprema de Justicia al proyecto de ley que busca beneficios penales para jefes criminales que se sometan a la política de Paz Total del Gobierno y afirmó que la decisión fue del presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, “al lado de Paloma Valencia”.
¿Qué dijo la Corte Suprema sobre el proyecto?
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema emitió un concepto desfavorable sobre el borrador del proyecto, durante la sesión del Consejo Superior de Política Criminal. La magistrada Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala Penal, señaló que la iniciativa requiere un análisis más profundo, al tratarse de un asunto de alta sensibilidad nacional, y advirtió que no ha sido objeto de suficiente deliberación dentro del Consejo.
El alto tribunal concluyó que el texto carece de justificación técnica en aspectos como su viabilidad operativa y el impacto fiscal. Además, indicó que no existe una articulación clara con las entidades del sistema judicial, a pesar de que estas tendrían responsabilidades clave en la aplicación del modelo propuesto.
Entre los principales cuestionamientos, la Corte señaló que el proyecto mezcla justicia transicional con mecanismos de la justicia ordinaria, lo cual genera confusión sobre su alcance. También expresó reservas por incluir disposiciones que podrían beneficiar a personas judicializadas por disturbios públicos o protestas sociales, sin diferenciar adecuadamente sus casos de los delitos cometidos por organizaciones criminales.
Los puntos más polémicos del borrador de ley
El borrador del proyecto contempla beneficios como rebajas del 60 % en las penas impuestas, libertad condicional, y la posibilidad de conservar hasta el 12 % del patrimonio adquirido de forma ilegal, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, se exige la colaboración con el desmantelamiento de las estructuras criminales, la reparación a las víctimas y la entrega de bienes y armas.
Una de las propuestas que ha generado mayor controversia establece que los cabecillas que hayan cumplido al menos ocho años de pena o dos quintas partes de su condena efectiva podrían solicitar la libertad condicional, si demuestran buena conducta, voluntad de no reincidir y aportes verificables a la verdad y reparación de las víctimas.
También se incluiría la posibilidad de cumplir penas en colonias agrícolas en lugar de centros penitenciarios tradicionales, siempre que los beneficiarios cuenten con un aval expedido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encargado de certificar su compromiso con la transformación territorial.
La reacción del presidente Petro se dio a través de su cuenta en X, donde señaló: “No fue la Corte Suprema, fue el presidente de la Corte Suprema al lado de Paloma Valencia”. La declaración fue una respuesta directa a un informe de Caracol Radio que informó que la Corte Suprema se había opuesto al proyecto.
La afirmación del mandatario sugiere que la postura expresada durante la sesión del Consejo Superior de Política Criminal no representa un pronunciamiento institucional del alto tribunal, sino la posición de uno de sus representantes. Sin embargo, el concepto fue presentado formalmente por la magistrada Ávila Roldán, en nombre de la Sala de Casación Penal.
¿Qué sigue para el proyecto de Paz Total?
El Ministerio de Justicia anunció que presentará el texto definitivo del proyecto ante el Congreso el próximo 20 de julio. Mientras tanto, el Consejo Superior de Política Criminal continuará recibiendo observaciones de los distintos actores involucrados.
No es la primera vez que Petro arremete contra un alto dignatario de la justicia. A comienzos de julio, el mandatario señaló directamente al presidente Ibáñez, de liderar una supuesta maniobra para frenar la implementación de la reforma pensional recientemente aprobada por el Congreso.
En un evento público en Nariño, el jefe de Estado cuestionó: “¿Por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional en favor de dos banqueros?”, aludiendo a intereses económicos que, según él, estarían detrás de las decisiones judiciales.
¿Qué respondió la Corte a los señalamientos de Petro?
Ibáñez respondió a través de un comunicado oficial en el que desmintió cualquier intención de obstruir la reforma y explicó que el proceso judicial seguía en trámite, pendiente de informes del Congreso. También aclaró que el auto que podría ordenar la suspensión aún no había sido firmado, por lo que, jurídicamente, el expediente estaba en pausa.