La Defensoría alertó sobre más adolescentes muertos en recientes ataques militares y pidió revisar la estrategia en zonas afectadas.El debate por el impacto de los operativos militares contra estructuras del narcotráfico volvió a encenderse luego de que el presidente Gustavo Petro descartara suspender los bombardeos, pese a las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre la posible presencia de menores de edad en los campamentos atacados. El Gobierno insistió en que la actuación de la Fuerza Pública se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), mientras continúan las verificaciones sobre nuevos casos de adolescentes muertos en combate.
Discrepancias por el alcance de los operativos
El mandatario aseguró que, en el último mes y medio, al menos 12 menores han perdido la vida en medio de la ofensiva contra grupos armados del narcotráfico, pero responsabilizó directamente a estas organizaciones por involucrarlos en hostilidades. Para el jefe de Estado, las operaciones aéreas no se detendrán si persisten las acciones ofensivas de dichas estructuras: su posición es que toda intervención militar debe ajustarse al DIH, pero sin renunciar a la presión armada cuando los grupos ilegales rechacen la posibilidad de un proceso de paz.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, había solicitado públicamente que se suspendieran los bombardeos y se evaluara la situación, luego de conocer reportes preliminares que apuntarían a más víctimas menores de edad en recientes ataques. En sus declaraciones, expresó preocupación por la reiteración de este tipo de casos y pidió al presidente Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, revisar los protocolos utilizados en estas operaciones.
Nuevos reportes desde Arauca y Amazonas
Tras la negativa presidencial, la defensora Marín reveló que la entidad recibió información sobre la muerte de una adolescente en un bombardeo en Arauca la semana pasada. Además, indicó que cuatro jóvenes —una mujer y tres hombres— murieron en otro operativo registrado el 1 de octubre en zona rural de Puerto, Amazonas.
Para la funcionaria, incluso cuando los menores hubieran sido obligados a cumplir funciones continuas de combate, los principios de humanidad, necesidad militar y precaución obligan al Estado a evaluar caso por caso las medidas adoptadas para evitar su afectación.
La Defensoría recordó que las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ figuran como las principales responsables del reclutamiento forzado en las regiones más afectadas por la violencia. Sin embargo, advirtió que la continuidad de los bombardeos, sin ajustes adicionales, podría incrementar el riesgo para esta población.
El llamado de Marín permanece: insistió en que se suspendan los operativos cuando haya posibilidad de presencia de menores y pidió a los grupos armados liberar de manera inmediata a todos los adolescentes reclutados, señalando que cada muerte registrada representa una tragedia irreparable para las familias y comunidades.