Fiscales generales de 20 estados de EE.UU. instan al Congreso a prohibir que agentes del ICE realicen redadas vestidos de civil y usando máscaras, una práctica que, según advierten, siembra miedo y pone en riesgo la seguridad pública.
Una coalición de fiscales generales de 20 estados de EE.UU. pidió al Congreso aprobar una ley que prohíba a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar detenciones en las calles usando máscaras y vestidos de civil, una práctica que califican como peligrosa y alarmante.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lidera la iniciativa, calificó la situación como “profundamente preocupante”. En un comunicado oficial, advirtió:
“Es inadmisible que, en Estados Unidos, agentes enmascarados puedan detener personas en vehículos sin identificación y sin identificarse como autoridades”.
Solicitan identificación visible de los agentes
En una carta enviada al Congreso, la coalición de fiscales —que incluye a los representantes de California, Massachusetts, Colorado, Nueva Jersey, Hawái y otros estados— solicita que los agentes federales estén obligados a identificarse claramente, tanto ellos como los vehículos utilizados en sus operativos.
Aseguran que estas acciones están socavando la confianza pública, dificultando la denuncia de abusos y generando confusión entre ciudadanos, que podrían incluso interpretar una detención como un secuestro.
“Estas acciones infunden miedo en comunidades enteras y obstruyen la rendición de cuentas”, advierte el documento.
Preocupación por escalada de redadas
Los fiscales también expresan inquietud por el aumento de redadas en calles, domicilios, juzgados y lugares de trabajo, muchas veces contra representantes del Partido Demócrata o defensores de los derechos de migrantes.
En varios de estos casos, los agentes del ICE actuaron sin identificación visible y en vehículos no oficiales.
Un ICE más poderoso bajo la administración Trump
En medio del plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump, el ICE ha recibido el mayor presupuesto de su historia, llegando a los 75.000 millones de dólares, un monto que, según expertos, supera el de muchos ejércitos del mundo.
Los fiscales temen que, sin controles más estrictos, el uso del ICE como fuerza ejecutora pueda derivar en más abusos de poder, afectando especialmente a comunidades migrantes y vulnerables.
Según datos de ICE, entre el 26 de enero y el 3 de mayo de 2025 se reportaron 76.212 arrestos de migrantes, junto con 72.179 expulsiones del país. En los primeros 50 días de la administración Trump (20 de enero–10 de marzo), hubo 32.809 arrestos, casi igualando toda la cifra anual de 2024 bajo Biden (33.242).
Mientras que a finales de junio, casi 58.000 personas permanecían en custodia de ICE, de las cuales más del 70 % no tenían antecedentes penales.