El despacho jurídico de Acuasan suspendió a los funcionarios después de que estos participaran de forma activa como miembros de Sintraemsdes en el debate de control político que se adelantó en el Concejo Municipal de San Gil a la empresa de servicios públicos por las presuntas irregularidades que se vienen presentando.
En medio de los rumores de presuntas irregularidades en la contratación y luego del debate de control político que se dio en el Concejo Municipal de San Gil a la empresa de servicios públicos del municipio, Acuasan, la unidad de servicios decidió suspender de forma provisional por tres meses a dos de los empleados que participaron de forma activa en el debate como miembros del Sindicato de Nacional de Trabajadores de los servicios públicos, Sintraemsdes.
La noticia cayó como un balde de agua fría en la organización sindical que además de cuestionar la labor de la actual administración de la empresa, ya ha denunciado casos este año de presunto acoso a la organización y este, según ellos, sería uno más.
¿Por qué fue la sanción?
En el auto oficial en el que se ordena la investigación y se informa de la sanción provisional emitido el pasado 11 de junio, la empresa argumenta que los empleados aprovechando sus cargos divulgaron información sensible y que dichos recursos nunca fueron solicitados formalmente a Acuasan, lo que se calificaría como una falta grave o gravísima.
En defensa de los investigados, en este caso Ana Milena Rodríguez (contadora) y Daniel Mauricio Nobsa (Técnico de consumo medición y facturación) salió el vicepresidente nacional de Sintraemdes, Oscar Estupiñán, quien calificó la medida como arbitraria, violando de paso derechos fundamentales como el debido proceso, por el que hay una amplia jurisprudencia a nivel nacional y no habría dudas de que en los estrados judiciales y de los órganos de control del Estado terminarán dándole la razón a los trabajadores y el sindicato.
Para el representante, la sanción disciplinaria, que además deja a los trabajadores sin salario durante el tiempo de la sanción, esta es una “demostración clara de retaliación porque los funcionarios intervinieron en la sesión del concejo sangileño el pasado 31 de mayo, quieren atemorizar a la gente para que nadie diga nada mientras ellos siguen contratando y pagando favores políticos con Acuasan”.
Angela López Gámez, vocera del sindicato en San Gil, manifestó que en el debate político lo que hizo la asociación sindical fue presentar un análisis financiero de la empresa sangileña, con información oficial que la empresa suministra a los órganos del Estado.
“Eso no es información privada, Acuasan es una empresa pública y los estados financieros son públicos, lo que pasa es que quieren esconder la información”, señaló Estupiñán.
Los voceros de Sintraemsdes ven con preocupación que a los señalados no se les llamó a rendir descargos ni se les dio ningún tipo de oportunidad de defenderse antes de sancionarlos de forma provisional, simplemente les notificaron que estaban siendo investigados y, por ende, suspendidos.
Estupiñán aseguró que llevarían el caso hasta el más alto nivel de justicia y no descartan pedir la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, ante lo que viene sucediendo con la persecución sindical y el manejo que se le está dando a la empresa de los sangileños.