Los propietarios de casas y apartamentos de la comuna Cabecera expresaron su preocupación por el próximo reajuste del impuesto predial, pues temen que los incrementos sean excesivos, tal como ocurrió a comienzos de este año.
La Procuraduría General de la Nación escuchó a la comunidad de Cabecera y planteó la realización de una próxima mesa técnica entre los residentes de ese sector, la Secretaría de Hacienda Municipal y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), entidad encargada del catastro, con el propósito de analizar los reajustes del cobro del impuesto predial unificado para el año 2026 y atender las inquietudes de los ciudadanos afectados por los incrementos aplicados en las vigencias 2024 y 2025.
La iniciativa busca abrir un espacio de diálogo que permita revisar los criterios técnicos, jurídicos y fiscales empleados para la liquidación de dicha contribución, luego de que propietarios de viviendas, apartamentos y locales de la comuna 12 -la de Cabecera- denunciaran alzas superiores al 120 % en el cobro del impuesto, las cuales califican como un impacto desproporcionado sobre la economía familiar y empresarial.
“No queremos que esto vuelva a pasar en la liquidación del estado de cuentas del predial para el año 2026”, advirtió José Alfredo Vega Fonseca, líder comunitario y presidente de la Junta Administradora Local de Cabecera.
Vega Fonseca recordó que los residentes del sector han definido una “carta de navegación” para buscar, por vías legales, la reliquidación del impuesto correspondiente a este año.
“Nosotros no nos oponemos a pagar impuestos, pero el Municipio debe ser justo y el cobro debe estar acorde con la realidad económica. No podemos permitir que las tarifas se disparen sin previo aviso y sin una justificación clara”, expresó el vocero del movimiento.
Durante el encuentro con el procurador 47 administrativo, Jesús Rodríguez, se acordó que en los próximos días se definirá la “hora cero” para el inicio de las sesiones de trabajo entre las partes. A la reunión asistieron líderes comunales, propietarios de inmuebles y voceros del Municipio.
El abogado tributarista Juan Manuel Álvarez explicó que uno de los principales problemas radica en la aplicación retroactiva del avalúo de 2019, suspendido en su momento y retomado en 2024 y 2025, lo que habría generado una distorsión en la base gravable.
Según Álvarez, “la norma permite un incremento máximo del 50 % en el predial y del 70 % en el avalúo, pero las liquidaciones superaron esos topes sin acto administrativo válido que las soportara”.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda Municipal sostiene que el cobro se aplicó conforme a la interpretación de la Oficina Jurídica y que cualquier controversia deberá resolverse en el ámbito judicial. “El Municipio aplica la base registrada en la norma, que considera la base gravable, la tarifa y la tasa ambiental”, precisó la dependencia.
La profesional delegada del Área Metropolitana indicó que las actualizaciones catastrales se efectuaron con base en la Resolución 1040, dentro del proceso de conservación catastral, y que existen diferencias de criterio frente a las interpretaciones jurídicas expuestas por los ciudadanos.
La Procuraduría instó a mantener el espíritu constructivo del espacio, recordando que su papel es garantizar la transparencia y el cumplimiento de los principios de legalidad y equidad tributaria.
Una herramienta digital para los reclamos
En paralelo, el abogado Juan Manuel Álvarez desarrolló una plataforma digital (logicaurbana.com) que permite a los contribuyentes presentar reclamaciones por cobros presuntamente irregulares del impuesto predial.
La herramienta, según explicó, beneficiaría a más de 115.000 predios de los sectores catastrales 2, 4 y 5 de Bucaramanga, ofreciendo cálculos automáticos de devolución, guías de tarifa justa y procesos en línea con respaldo jurídico y firma electrónica.
“Este no es un pleito político ni ideológico. Es una estrategia legal y masiva para devolverle a la ciudadanía lo que le pertenece”, afirmó Álvarez, quien anunció que presentará los fundamentos técnicos y legales del caso ante el Concejo, advirtiendo que la misma situación podría repetirse en la vigencia fiscal 2026.
La Procuraduría espera propiciar un escenario de concertación que permita corregir eventuales errores en la aplicación del catastro y garantizar un cobro justo y equitativo.