El mandatario volvió a mencionar el ‘software’ del proceso electoral.
Siguen los cuestionamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el proceso electoral que vivirá el país el próximo 8 de marzo, cuando se elegirán en las urnas los nuevos integrantes del Congreso y se realizarán las consultas presidenciales.
Este miércoles 4 de marzo, por medio de su cuenta personal en X, el jefe de Estado volvió a arremeter contra la Registraduría al mencionar nuevamente el software.
“Deslegitima el que desacata un fallo judicial. Los registradores, desde el año 2018, desacatan el fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado que ordena tener un software del Estado y desde el Estado para que sea auditable técnicamente por personas independientes a la Contraloría”, recalcó el mandatario colombiano.
Y avanzó en el mensaje: “Le han entregado a la empresa privada Thomas Greg and Sons 4,4 billones de pesos de la Nación, que maneja el escrutinio de elecciones desde el año 2007, y el Estado no tiene la propiedad de una sola línea algorítmica del código fuente. Las elecciones en EE. UU. le cuestan al Estado menos que en Colombia porque su software es público y de los condados”.
“Lo que se ha construido desde el año 2007 es una repartija del recurso que el Gobierno da para hacer las elecciones y sin garantías para la transparencia y la democracia. Tenemos una Registraduría que terceriza en manos privadas lo más sagrado de la democracia: el cuidado del voto del ciudadano”, recalcó el presidente Petro.
También afirmó: “El cuidado del voto ciudadano queda en manos de la ciudadanía a través de sus testigos electorales y los abogados ante las comisiones escrutadoras. Es el pueblo el que debe cuidar el voto. Ni venderlo ni perderlo”.
La postura de Petro fue en respuesta a una declaración del registrador Hernán Penagos: “Los software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual son los mismos que han elegido a los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual. Evalúen ustedes. El preconteo, del que tanto se ha hablado y que seguramente la ciudadanía no conoce muy bien, no es otra cosa que datos preliminares de la mesa de votación. No son resultados oficiales, por la sencilla razón de que los resultados oficiales los dan los jueces de Colombia, 9.300 de ellos que conforman la comisión escrutadora. El preconteo y el reconteo son herramientas de información que aseguran tranquilidad democrática a la ciudadanía, que permiten agilidad para conocer cuáles son los resultados de cada mesa, y quiero decirlo de una vez: existen en todas las naciones democráticas del mundo”.
“Si el preconteo no existiera, la Registraduría estaría divulgando el primer boletín a las cuatro o cinco horas. Es decir, cuando ya los jueces estuvieran en el proceso de escrutinio. Díganme si es válido, si es posible que en una nación como Colombia esperemos a que el primer boletín de transmisión llegue a las cuatro o cinco horas y luego en los días siguientes, porque los escrutinios duran días, semanas y hasta meses, como ocurre, por ejemplo, con el escrutinio de Senado”, indicó el funcionario.
Y agregó: “Los últimos escrutinios de las últimas seis o siete elecciones de Senado han tardado meses. ¿Por qué? Porque hay reclamaciones, como lo decía el señor contralor, porque hay solicitudes de conteo de votos, porque hay herramientas para los testigos, para los partidos, para los candidatos y para los apoderados de los candidatos para hacer impugnaciones que son naturales en cualquier mesa de votación de Colombia”.
“Impugnaciones que tienen que ver con reclamaciones que establece el Código Electoral. Yo les relato algunas: porque haya tachaduras, errores aritméticos, diferencias entre unos y otros, de pronto mayor número de votantes que de las personas que estaban aptas para votar, inhabilidades de los jurados que pueden ser familiares o no de candidatos. Esas reclamaciones han existido por décadas en Colombia; desde los años 80 existen en el Código Electoral y, por el contrario, son herramientas que se les entregan a las organizaciones políticas para que puedan solicitarles a los jueces de Colombia la revisión de esos documentos en segundo lugar”, recalcó Penagos.