Investigación señala que Carlos Ramón González habría contado con apoyo del Gobierno. Nuevos documentos conocidos en exclusiva por Noticias RCN revelan detalles que podrían cambiar el rumbo de uno de los casos de corrupción más sonados del actual Gobierno. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, prófugo de la justicia desde finales de 2024, estaría residenciado legalmente en Nicaragua, y todo apunta a que el propio Gobierno colombiano habría intervenido para que pudiera permanecer allí.
De acuerdo con la información, González, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, enfrenta una orden de captura por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Pese a ello, se encuentra desde noviembre del año pasado en territorio nicaragüense, con una residencia cuya renovación fue tramitada con respaldo de la Embajada de Colombia.
Carta clave emitida el día de su imputación
La investigación de Noticias RCN revela que existen al menos dos documentos oficiales que probarían la intervención de funcionarios colombianos para regularizar la permanencia de González en Nicaragua.
El primero es una carta enviada por la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país centroamericano, fechada el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exfuncionario. En el documento se solicita “apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio” de González y renovar su residencia, próxima a vencerse el 14 de junio del presente año.
La comunicación también confirma que González no ha salido de Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, fecha en la que, según las investigaciones, habría salido de Colombia en medio del avance de las pesquisas judiciales en su contra.
Trámite aceptado por autoridades nicaragüenses
El segundo documento corresponde a la respuesta del Ministerio del Interior de Nicaragua, en la que se indica que González debía presentarse ante la ventanilla de Migración en Managua para completar el trámite y pagar 56 dólares.
Fuentes consultadas por Noticias RCN aseguran que el exdirector del Dapre cumplió con ese requisito, asegurando así su permanencia legal en el país gobernado por Daniel Ortega.
Duras reacciones políticas
Las revelaciones han generado fuertes cuestionamientos en diferentes sectores. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, calificó la situación como “una burla a la justicia colombiana con la complicidad de un régimen dictatorial como el de Daniel Ortega”.
Por su parte, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que esta acción constituye “obstrucción a la justicia”, lo que haría responsables a todos los funcionarios que intervinieron, incluso al propio presidente Petro.
El exembajador Juan Carlos Pinzón fue más allá y afirmó que lo ocurrido “refleja un intento de encubrimiento y protección a una persona judicializada”.
Con estos hallazgos, el caso de Carlos Ramón González entra en una nueva fase, con interrogantes sobre la actuación de la Cancillería, el Dapre y el Gobierno Nacional en medio de un escándalo que sigue creciendo.