El reciente incremento del salario mínimo en Colombia ya enfrenta su primer pulso judicial. En las últimas horas se conoció la presentación de una acción de tutela que busca suspender el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo mensual en 1.746.882 pesos, sin incluir el auxilio legal de transporte.
La acción fue interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien actúa como apoderado de un comerciante. En el documento se advierte que la medida vulneraría el derecho fundamental al debido proceso y tendría un impacto negativo sobre los pequeños y medianos negocios, el empleo formal y los trabajadores informales.
Señalamientos por extralimitación de funciones
Uno de los principales argumentos de la tutela es que el Ejecutivo habría invadido competencias propias del Congreso, lo que, según el exmagistrado, constituye una actuación por fuera del marco constitucional. Además, el escrito sostiene que el decreto genera una doble contabilización del auxilio de transporte, obligando a los empleadores a asumir un pago adicional no previsto por la ley.
“Es claro que el Gobierno Nacional excedió sus competencias y creó una inconsistencia que deriva en una doble carga económica para los empleadores”, señala el documento presentado ante la justicia.
Críticas al criterio del “salario vital”
Otro de los puntos centrales de la tutela cuestiona la forma en la que el Gobierno adoptó la decisión, asegurando que desconoció las discusiones previas adelantadas en la mesa de concertación. En lugar de ello, según Linares, el Ejecutivo habría sustentado el aumento en un criterio extralegal denominado “salario vital”, basado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para el exmagistrado, este enfoque no tiene sustento normativo dentro del ordenamiento jurídico colombiano y representa un uso arbitrario de una competencia reglada.
Solicitan suspensión provisional del decreto
Ante estos señalamientos, la tutela solicita a la autoridad judicial que se ejerza un control de límites sobre el actuar del Gobierno y que se conceda la protección del debido proceso. De manera adicional, se pidió la suspensión provisional del decreto mientras se realiza el estudio de fondo del caso.
La decisión ahora queda en manos de la justicia, que deberá evaluar si el aumento del salario mínimo se ajustó o no a los parámetros constitucionales y legales vigentes.