La Alcaldía de San Gil deberá pagar cerca de $1.500 millones en sanciones por procesos judiciales perdidos en los últimos tres meses.
Más allá de las obras y los proyectos para el desarrollo de las comunidades, algunos exmandatarios en San Gil están siendo recordados más por dejar malas herencias, esas que le siguen golpeando el bolsillo a las comunidades.
Esta semana se conoció que la administración municipal deberá pagar con los recursos de los sangileños, esos que llegan con los impuestos, cerca de $1.100 millones en indemnizaciones, que se suman a otra de $380 millones que se conoció a inicios de 2025.
Diana Patricia Rojas Porras, secretaria Jurídica y de Contratación de la Alcaldía, contó que en el presupuesto se dejaron $600 millones para el pago de demandas y ya no hay plata. Es decir, no está claro de dónde saldrán los recursos faltantes.
Seguramente, dijo la funcionaria, se tienen que afectar los recursos de funcionamiento o de inversión, es decir, que al final los afectados por este tipo de demandas son los sangileños.
Según esto, en solo tres meses al municipio le confirmaron sanciones o indemnizaciones por $1.500 millones aproximadamente. Ahora la preocupación es que aún quedan nueve meses del año y un gran número de acciones populares, tutelas y demandas que están aún están en curso.
Para Álvaro Torres, sociólogo y politólogo sangileño, los resultados de todos estos procesos jurídicos confirman la crisis de gobernabilidad que viene teniendo el municipio, “con mandatarios que llegaron sin proyectos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo; con oficinas de planeación que han permitido todo tipo de irregularidades, hasta captación de dineros (…)”.
Torres lamentó que esas multas no las pagan los exalcaldes, “porque ellos adoptan declararse en iliquidez… las demandas vienen contra el municipio y el municipio es la comunidad, los que pagan industria y comercio, los que pagan el predial, los que pagan impuestos”.
El analista dijo que otro de los problemas es esa mentalidad de dejar que las cosas se hagan y pasen, sin pensar en las consecuencias, como ahora se están viendo.
Las demandas contra el Municipio de San Gil
La última sanción en confirmarse este 1 de abril fue del caso Asovibrisas. El Tribunal Administrativo de Santander confirmó en un fallo de segunda instancia que el municipio deberá pagar $562 millones a cerca de 50 familias que fueron estafadas por dicho proyecto de vivienda.
Por estos hechos, que se dieron entre 2011 y 2014, fueron investigados y sentenciados el alcalde de la época, Álvaro Josué Agón Martínez, y su hermano, el exalcalde Javier Agón Martínez, vinculados al proceso de estafa que habría superado los $1.800 millones en captaciones de recursos aportados por 594 familias.
El segundo caso que supera los $510 millones tiene que ver con la indemnización que se le tiene que hacer a las empresas integrantes del Consorcio Pavimentos Urbanos, responsable de pavimentar la carrera 19 en 2010 durante la administración de Ricardo Durán, un contrato con una duración de inicial de seis meses, por $2.000 millones.
Dicho contrato se extendió hasta diciembre de 2012, para un total de 2 años y 4 meses de ejecución, generando sobrecostos al contratista, causadas en gran medida por las demoras en la negociación de los predios por donde iba una parte del trazado.
La otra indemnización se conoció en enero de este año y fue por la caída de uno de los muros del polideportivo de San Martín durante la ola invernal de 2017, generando lesiones a una persona.