La anhelada vía de 9,6 kilómetros, que incluyen un puente, un viaducto y varias obras de mitigación, terminaría valiendo cerca de 423.000 millones, cerca de $44.000 millones por kilómetros, teniendo en cuenta que hasta ahora ya se invirtieron $183.000 millones, con los que se dejarían a medio terminar 4,5 kilómetros, menos del 50 % de lo contratado con Concay SA.
Que San Gil termine teniendo una variante es una ilusión ahora movida más por la fe, porque tras la reunión sostenida ante los representantes del Instituto Nacional de Vías, Invías, y los datos entregados, a la comunidad solo le queda confiarle al Altísimo y su Santísima Trinidad porque algún día el proyecto sea entregado completo.
Y es que, ante la falta de certezas sobre la culminación, las caras largas de los asistentes aumentaron cuando Luis Jaime Díaz, gerente del proyecto por parte del instituto, reveló que para terminarlo se requieren entre $230.000 y $240.000 millones más, cifra que en medio de la reducción presupuestal termina siendo casi que irrisoria para una iniciativa contratada en 2018.
Según esta información, la anhelada vía de 9,6 kilómetros, que incluyen un puente, un viaducto y varias obras de mitigación, terminaría valiendo cerca de 423.000 millones, cerca de $44.000 millones por kilómetros, teniendo en cuenta que hasta ahora ya se invirtieron $183.000 millones, con los que se dejarían a medio terminar 4,5 kilómetros, menos del 50 % de lo contratado con Concay SA.
Esta es la empresa responsable de la obra y cuyo contrato vence este 31 de agosto después de sanciones, retrasos en la ejecución, sobre costos y varias quejas de una comunidad que ha denunciado no ser escuchada ni tenida en cuenta.
“No podemos ser aves de mal agüero, solo nos queda confiar en las instituciones”, dijo Mónica Guerrero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Gil, al finalizar una extensa reunión de cuatro horas que se caracterizó por la baja participación de las comunidades y autoridades de la región.
Mandatarios solo estuvo el de San Gil durante la mitad del encuentro, no hubo nadie de la Gobernación de Santander y los voceros de la población quedaron prácticamente solos.
Édgar Lesmez, presidente de la junta directiva de Fenalco sur de Santander, reiteró una vez más la necesidad de armar un frente común en donde deben estar los diputados y senadores santandereanos, que siguen fuera del radar, en su mayoría.
Denuncian falta de planeación
Cristian Avendaño, uno de los pocos que se ha manifestado por el tema y que envió a miembros de su equipo de trabajo al encuentro, aseguró que “lo de la variante no tiene ningún tipo de presentación, yo creo que eso es una falta de planeación muy alta (…) Necesitamos saber ¿Dónde se invirtió cada peso de los que ya se pagaron? ¿Cómo van a terminar el contrato a Concay, ¿Qué le va a pasar a esa empresa? ¿Quiénes hicieron la planeación de la obra para dar ese presupuesto inicial y terminar mandando un viaducto por encima de un barrio? Y que nos sustenten porque se necesitan otros $240.000 millones, porque yo no sé de dónde sacan esos cálculos”.
En el presupuesto adicional de la obra que ahora se desarrollaría por fases estarían los $80.000 millones que desde el Invías se aseguró se empezarían a invertir desde el próximo año con vigencias futuras de 2025 y 2026 para terminar los 4,5 kilómetros ya construidos y dejar el tramo conectado con la vía nacional que va de San Gil a Bucaramanga y de San Gil a Barbosa.
El resto de los recursos – $160.000 – deberían conseguirse a punta de buena voluntad, pero sobre todo de presión social y activismo político.
Al respecto, Avendaño manifestó su preocupación por esas promesas de vigencias futuras, una estrategia que el Gobierno Nacional viene aplicando en todo el territorio nacional y que básicamente son ‘un disparo al aire’.
En este punto, Avendaño recordó las dudas que existen sobre el manejo de los recursos de los peajes entre Zipaquirá y Bucaramanga, que entre 2018 y 2024 han recaudado $654.000 millones y de esos solo se han invertido $105.000 millones en el departamento, incumpliendo la norma nacional que establece la reinversión del 50 % del recaudo en el territorio.
“Ni siquiera podemos decir que con esa plata se ha financiado la variante completa, porque la primera inversión se completó con recursos de la venta de Isagèn, la Nación y una parte si de recursos propios del Invías”, puntualizó.
El representante dijo que va a solicitar la creación de una comisión accidental que se encargue en el Congreso de la República que se encargue de atender solamente los problemas de los proyectos de Santander, porque lo que, sí está claro, es que solo si la bancada parlamentaria de Santander se une se puede lograr que el Alto Gobierno mire con respeto y le de importancia al departamento.
No más Concay SA
Uno de los puntos exigidos por los participantes del encuentro a los funcionarios del Invías es que Concay SA no sea designada para la continuidad de la obra debido a los múltiples problemas presentados durante la ejecución.
Avendaño expresó que no se entiende como el Invías después de evidenciar los retrasos y los problemas en la ejecución y las sanciones impuestas a Concay, decidió continuar con el contrato.
Sobre este tema, el funcionario del Invías dijo que el 30 de agosto de suspenderá el contrato mientras se solucionan temas judiciales con algunos predios – tiempo que es incierto – y después se procederá a terminarlo de “la mejor manera”, para continuar con la nueva licitación.
En ese nuevo contrato de los $80.000 millones una de las peticiones es que se integre la conectante con la vía a Cabrera, municipio que de forma escalonada viene quedando aislado de las grandes inversiones viales del departamento.