Según la Contraloría se registraron irregularidades en trámites de vehículos que permanecían inmovilizados y que fueron traspasados a personas indeterminadas en Barrancabermeja.
En el 2016 las denuncias de algunos ciudadanos sobre presuntas irregularidades en los traspasos de vehículos inmovilizados por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB) motivaron que el director de la entidad en dicha época solicitara una auditoría por parte de los entes competentes.
Tras realizarse un estudio por parte del ente de control, se pudo determinar que desde el año 2010 hasta el 2016, en dicho parqueadero en donde se trasladaban los carros y motos inmovilizadas por la ITTB, había un total de 3.228 vehículos. Al realizar la trazabilidad también se pudo evidenciar la existencia de más de cien trámites de traspasos a personas indeterminadas, la mayoría de ellos mientras los vehículos permanecían inmovilizados.
“Durante el desarrollo de la auditoría se cruzaron las dos bases de datos confrontando los registros del parqueadero YariguÍes con la base de datos de los traspasos, para poder determinar cuáles vehículos inmovilizados se encuentran con traspaso a personas indeterminadas. Se evidenció que, de los vehículos inmovilizados, 180 tienen trámites de traspaso a persona indeterminada y 118 fueron ejecutados estando los vehículos inmovilizados. Lo anterior se configura como una observación administrativa”, se lee en el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría.
Las presuntas irregularidades en los traspasos se dieron en el entendido que, según lo argumento del ente de control, uno de los requisitos para efectuar traspasos de vehículos a personas indeterminadas es estar a paz y salvo por concepto de multas, comparendos y obligaciones tributarias. El trámite se habría hecho pese a que los 118 vehículos que tenían trámites de traspaso estando inmovilizados, sumaban deudas por comparendos por más de $150 millones.
Por esta situación la Contraloría detectó 16 hallazgos administrativos, de los cuales 13 tienen incidencia disciplinaria, dos penales y once fiscales por un valor que supera los $155 millones.
Por estas presuntas fallas, el ente de control le endilgó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a Alberto Rafael Cotes, en calidad de Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja para la época de los hechos. Por su parte, el fallo establece con respecto a Martha Liliana Pico, en calidad de profesional universitaria de la coordinación de matrículas de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, que “desentendió algunos propósitos esenciales de sus funciones como lo es orientar y revisar el desarrollo de la elaboración de trámites de expedición de matrículas, traspaso, radicación de cuentas, por lo cual se le endilgó una conducta grave culposa”.
El fallo de responsabilidad fiscal ordena el pago de más de $300 millones, por el detrimento causado. “La señora Martha Liliana Pico Arenas debe efectuar el pago de $128.561.543 que, indexados a la fecha, equivalen a $298.860.751. A este valor deberá adicionársele el valor anterior párrafo, es decir, $16.913.367, para un total de $315.774.119”, se le en el documento
Teniendo en cuenta que la responsabilidad fiscal del señor Cotes Acosta se generó únicamente durante el año 2016, debe efectuar el pago de $16.913.367. Adicional a esto, a ambos funcionarios, según se lee en el fallo, se les dicta una inhabilidad fiscal por cinco años.
¿Estaba sancionada, pero seguía laborando?
Otras de las presuntas irregularidades que se habría presentado en este caso, es que, pese a que dicho fallo de la Contraloría había sido emitido en febrero del año pasado, la funcionaria habría seguido vinculada a la entidad.
La decisión del ente de control se habría conocido hace tan solo pocos días debido a que el actual director de la IITB, César Guzmán, ordenó la verificación de antecedentes de todos los empleados de carrera y provisionales de esta dependencia y gracias a ello, el equipo jurídico logró establecer que esta sanción administrativa habría sido proferida el año anterior.
Sin embargo, se pudo conocer de forma extraoficial que, presuntamente, los documentos enviados por correo certificado por la Contraloría, al parecer habrían sido manipulados por otro funcionario de la dependencia, para evitar que el área de control interno conociera el caso y lograr así, que dicha sanción pasara desapercibida.