En medio de las quejas provenientes de comunidad, veedores y la administración municipal, Findeter tuvo que ampliar la suspensión de la licitación para contratar las obras del colegio Tecnológico por $37.223 millones.
A primeras horas del pasado viernes, 16 de febrero, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, levantó la suspensión temporal y reanudó el proceso licitatorio ‘PAF-ATBUCARAMANGA-O-125-2023’, que hace referencia a la construcción y mejoramiento del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, Tecnológico de Bucaramanga, sin dar soluciones de fondo a las objeciones de la comunidad de estudiantes y padres de familia. No obstante, al final del día tuvo que suspender nuevamente la controvertida convocatoria pública.
Y es que tras los cinco días hábiles de suspensión, admitidos tras la solicitud elevada por la administración municipal de Bucaramanga para frenar el controvertido proceso hasta tanto no se solucionara las exigencias de la comunidad, en la mañana del pasado viernes Findeter publicó el acta a través de la cual reactivaba la licitación. Este proceso se encuentra en fase de evaluación y adjudicación, situación que suscitó nuevas molestias de las veedurías ciudadanas.
“Alerta. Hoy 16 de febrero se reinició el proceso PAF-ATBUCARAMANGA-O-125-2023 convocado por Findeter para la construcción y mejoramiento de Dámaso Zapata de Bucaramanga por “Reitero la solicitud presentada en la reunión del 5 de febrero de 2024 con la doctora Patricia Martínez, vicepresidente técnica de Findeter, relacionada con la suspensión de las convocatorias de la referencia por el término razonable de cinco días hábiles, en aras de garantizar que Findeter tenga tiempo suficiente para estudiar y responder de fondo las solicitudes presentadas por parte de la comunidad educativa, antes de la adjudicación de las referidas convocatorias”, se lee en la carta firmada por Beltrán.
Para el mandatario local, es necesario no continuar con el proceso licitatorio hasta tanto no darle solución de fondo a la comunidad educativa, que se niegan a darle la licencia social a las obras.
“Esta solicitud se eleva teniendo en consideración que a la fecha no se ha conocido respuesta de fondo de dicha solicitud”, puntualiza el oficio de Jaime Andrés Beltrán.
Prórroga de la suspensión
Ante este escenario, al finalizar la jornada del viernes, Findeter se retractó de la reactivación del proceso PAF-ATBUCARAMANGA-O-125-2023.
“Por lo anterior, la contratante procede a ampliar la suspensión temporal de la Convocatoria PAFATBUCARAMANGA-O-125-2023, por un término de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la presente acta. Para constancia, se expide a los 16 días de febrero de 2024”, dicta en la más reciente acta publicada por Findeter.
De esta forma, la convocatoria pública continúa suspendida hasta el próximo jueves, 22 de febrero.
Las peticiones
Para las veedurías del colegio Dámaso Zapata el mencionado proceso licitatorio, que lidera Findeter, incumple con los mínimos principios de contratación pública como la publicidad, (no se hicieron públicos los estudios y diseños); la falta de planeación y concertación con la comunidad, entre otras.
“Los estudiantes que son una población especialmente protegida por la ley, de alrededor de 5.000, necesitan que se garanticen todos sus derechos, y para ello que se incluyan en las nuevas obras que se hagan en el colegio el auditorio y los campos deportivos demolidos. Además de las aulas especiales para los talleres técnicos industriales demolidos e inhabilitados, por las obras anteriores, por lo tanto, menos urbanismo táctico y más espacios para la educación”, informaron las veedurías a través de un comunicado.
Las obras de demolición en el colegio Tecnológico fueron llevadas a cabo en la administración de Juan Carlos Cárdenas, quien además dejó firmado el contrato Interadministrativo 166 de 2023 a través del cual le paga a Findeter más de $3.500 millones para que sea esa entidad la que adelante los procesos contractuales de las obras de mejoramiento en tres colegios públicos de la ciudad por cerca de $80 mil millones, recursos comprometidos con dos créditos con entidades bancarias.
