El cierre de una clínica, sumado al cese en la prestación de algunos servicios en otra IPS de la ciudad ‘encendió’ las alarmas sobre una eventual crisis. Esta es la ‘radiografía’.
Una deuda de más de $400.000 millones de las entidades promotoras de salud (EPS) a clínicas y hospitales de la ciudad tendría al borde del colapso a 10 de estas instituciones.
Según las autoridades de salud de la ciudad, esta cartera morosa hizo que la Clínica La Merced, en donde se atendía la mayor cantidad de lesionados por accidentes de tránsito, tuviera que cerrar sus puertas en enero pasado.
Asimismo, las mencionadas deudas serían las causantes de que la Clínica Chicamocha clausurara su unidad de partos y 17 unidades de cuidado intensivo neonatal.
De acuerdo con la secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya Ayala, “tenemos una red hospitalaria que está colapsada, ya no aguanta más deudas. De los $465.939 millones que se le deben a las IPS, cerca de $163.000 millones corresponde a una deuda ‘impagable’…”.
La funcionaria explicó que los $163.000 millones son ‘impagables’ porque las EPS los adeudaban antes de ser intervenidas por el Gobierno Nacional.
“Por la cartera previa nadie responde. Los interventores aseguran que deben responder desde que se produjo la intervención. Sin embargo, hay atraso en esas obligaciones”, indicó Amaya Ayala.
El 54 % de la deuda la tiene Nueva EPS, el 24 % Coosalud, el 9 % Sanitas, el 6 % Famisanar y el 4 % Sura.
Servicios en riesgo en Bucaramanga
Desde la Secretaría de Salud local se advirtió que, por falta de recursos, servicios como los de ortopedia no cuentan con inventario de elementos de osteosíntesis para realizar cirugías.
Para el caso de los pacientes oncológicos y con enfermedades huérfanas, se reportó retraso en la entrega de medicamentos.
También se dijo que de los 4.961 puestos de trabajo que tienen las 10 IPS, ya se han adelantado despidos por falta de flujo de caja.
Una de quienes expresó su preocupación fue la gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Natalia Sofía Ojeda, quien afirmó que “tenemos una cartera morosa de $34.500 millones que nos adeudan todas las EPS. Más de $3.000 millones corresponden a EPS liquidadas, recursos que prácticamente se perdieron”.
Ojeda Ortiz dijo que “en mayo no nos han girado recursos pese a que son Entidades que están intervenidas por el Gobierno. Aun así, tenemos que seguir atendiendo pacientes”.
La gerente agregó que, por el tipo de pacientes que se atiende en San Camilo, no se pueden cerrar servicios.
Algo similar ocurre en el Hospital Local del Norte, en donde su gerente, Hernán Zárate, expresó que “el Gobierno nacional nos pide que nos fortalezcamos en la prestación de servicios, pero no sacamos nada porque prestamos de manera óptima los servicios, pero cuando vamos a cobrar no nos pagan”.
Zárate indicó que en el Hospital Local del Norte se atienden cerca de 170.000 pacientes y por lo menos 50.000 son afiliados de la Nueva EPS.
La petición al Gobierno Nacional
Ayer, los gerentes de las 10 IPS en riesgo firmaron una carta solicitándole a la Comisión Séptima del Senado que cite a un debate de control político al Ministro de Salud, la Supersalud y el ADRES para que definan rutas en las que se puedan pagar recursos para que clínicas y hospitales puedan operar con normalidad.
La misiva será enviada en los próximos días y se espera que se defina una fecha para el debate.