¿Por qué todos se sienten con el derecho de bloquear las vías en Bucaramanga? Hablan los expertos.
En Bucaramanga y el área metropolitana, los bloqueos viales se han vuelto ‘el pan de cada día’. De hecho, entre el pasado miércoles y ayer, la ciudad fue escenario de dos bloqueos en el marco del paro nacional y de una protesta liderada por mototaxistas, quienes también recurrieron al cierre de puntos estratégicos de la meseta.
Esta situación no solo paralizó el tránsito vehicular, sino que volvió a poner sobre el tapete una pregunta incómoda para muchas autoridades: ¿por qué cualquier persona o grupo organizado en Bucaramanga se siente con el derecho de interrumpir la movilidad a su antojo?
Una primera respuesta puede hallarse en la percepción generalizada de que “es la única forma de ser escuchado”. En una ciudad donde las instituciones parecen responder más a la presión que al diálogo previo, cerrar una calle se convierte en un atajo para captar la atención de las autoridades. Esta lógica, aunque problemática, ha sido nutrida por respuestas tardías o nulas a solicitudes formales. Así, los taponamientos se convierten en un ‘último y desesperado’ recurso.
Según Yani León, experta en temas urbanos, “al parecer, también hay un vacío de autoridad. El control de las vías públicas, que debería ser firme pero respetuoso del derecho a la protesta, muchas veces se diluye entre la tolerancia excesiva y la falta de protocolos claros para actuar sin criminalizar la movilización”.
“Lo anterior ha generado un efecto dominó: si un grupo logró atención mediante un bloqueo sin consecuencias legales o institucionales, otros siguen el ejemplo. Lo preocupante es que esta práctica normaliza el caos y desgasta la legitimidad misma de las causas sociales”, añadió.
Para Julio César Acelas, otro experto en temas locales, “el área metropolitana es una de las cuatro zonas del país con mayor matrícula de motocicletas y de una altísima presencia de migrantes que obtienen su sustento trabajando con motos, lo que se ha convertido en un negocio sustentado en numerosas empresas ilegales que las alquilan sin ningún control”.
Y agregó: “También suma el hecho de la ausencia de vías troncales. El área metropolitana depende, para su comunicación y flujo vehicular, de una sola troncal —la carrera 27, la autopista a Floridablanca, la carrera 15 y la vía a Girón—, lo que la hace altamente vulnerable: se cierra el punto nodal de la Puerta del Sol y se colapsa toda el área metropolitana inmediatamente”.
En sus palabras, “el gobierno de Petro desmanteló el UNDEMO, antiguo Esmad, como fuerza antidisturbios, y prohibió, salvo en casos extremos, el uso de la fuerza y la disuasión, en parte también por la violencia en el estallido social, pero básicamente por aspectos políticos e ideológicos. No hay reacción ni prevención frente al vandalismo, al cierre de vías ni a la alteración del orden público urbano. Se legitimó toda clase de protesta, pacífica o vandálica, por lo que hay ‘patente de corso’ para hacer del espacio público lo que se quiera, y las autoridades locales tienen mucha restricción e impotencia para actuar”.
“Finalmente, el problema también es cultural: en Bucaramanga, como en muchas ciudades del país, persiste una noción de lo público como terreno de nadie o de todos, donde se vale ocupar, cerrar o transformar sin mayor reflexión sobre el impacto colectivo. Las vías no solo conectan destinos; también sostienen economías, vidas y derechos”, añadió.
El reto, tras tres días de parálisis como los que hemos vivido, no es solo de orden público, sino de educación ciudadana y de fortalecimiento institucional, para que la protesta no se traduzca automáticamente en taponamientos y para que el reclamo legítimo no derive en una afectación masiva e indiscriminada, donde el pueblo es el que termina pagando las consecuencias.